El
grupo parlamentario Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea ha
presentado en la Junta de Portavoces del Congreso, para su debate en
pleno, la propuesta de Comisión de Investigación que registró hace
meses junto a Compromís. Ante el voto favorable del grupo
socialista, Àngela Ballester, diputada por València, afirma:
«celebramos que nuestra iniciativa siga adelante, hay mucho que
esclarecer y aplaudimos que el PSOE haya votado a favor de que se
pueda debatir en Pleno a pesar de tener cargos implicados».
«Esperamos
contar con el apoyo de todos los grupos en el Congreso para que la
semana que viene esta comisión sea una realidad, es una oportunidad
para saber, depurar responsabilidades y sobre todo evitar que se
repita», ha añadido la diputada valenciana, «más de 1.300
millones de euros de gasto (muchos más según alguna organización
de consumidores) que asumimos todos y todas con nuestros impuestos
merecen una investigación y que se depuren responsabilidades».
Para
Ballester el proyecto Castor fue «un error y una estafa». En este
sentido ha manifestado que «no solo era un proyecto innecesario y
dañino para nuestras costas, también para los bolsillos de todos y
todas los que ahora tenemos que pagar los platos rotos de aquella
operación irregular. Fue una prueba más de un modelo energético
pensado para satisfacer los intereses de grandes corporaciones a
costa de los intereses de la ciudadanía».
Unidos
Podemos y Compromís solicitaron hace meses la creación de una
Comisión de Investigación para que se estudien las irregularidades
del proyecto Castor tras hacerse público un documento del Ministerio
de Energía que demuestra que el concurso público fue redactado
expresamente para adjudicar la concesión a ACS, la empresa de
Florentino Pérez.
El
objetivo de la Comisión planteada por la formación morada y la
coalición valencianista es «esclarecer las responsabilidades
políticas derivadas de las irregularidades del proceso de
adjudicación, financiación, construcción e indemnización del
almacén de gas Castor».
Enric
Pla, alcalde de Vinarós, uno de los municipios más afectados por
los movimientos sísmicos provocados por la plataforma, ha recordado
que «todo el proceso estuvo salpicado de irregularidades (ausencia
de informes económicos, carencia o rebaja de informes técnicos,
exenciones de controles y de exigencias y establecimiento de
indenmizaciones) y ha quedado en evidencia que se trabajó mucho más
en la indemnización "exprés" a los promotores que en los
factores técnicos, ambientales, energéticos, humanos y económicos».
«El
Castor es uno de los fracasos más importantes de la historia de las
infraestructuras energéticas. Un proyecto innecesario e inviable que
el Gobierno consideró estratégico. El tiempo ha demostrado que
respondió a una planificación errática basada en un crecimiento
ilimitado de la demanda que no se correspondía con la realidad», ha
añadido, «ahora toca insistir en la importancia de que los y las
congresistas abran la posibilidad de que los españoles y españolas
puedan saber el porqué de determinadas decisiones y asuman su
responsabilidad aquellos que propiciaron un proyecto que ha causado
tal prejuicio a las arcas públicas y a los consumidores y tal
desastre medioambiental.»
El
alcalde ha solicitado además el inmediato y total desmantelamiento
de la planta «para evitar riesgos medioambientales y nuevos
seísmos», el restablecimiento del paisaje y el entorno ambiental y
el resarcimiento a los propietarios de las servidumbres afectadas por
el gaseoducto.
La
construcción de la plataforma marítima "Castor", que
debía aportar a la comarca del Baix Maestrat castellonense medio
centenar de empleos, consumo de servicios y desarrollo de empresas
auxiliares culminó con unas pruebas de inyección de gas que
provocaron centenares de terremotos, algunos de ellos de entre 3 y
4,2 grados en la escala de Richter, que extendieron el miedo en toda
la zona.
Oficialmente,
la plataforma Castor ha costado a los ciudadanos y ciudadanas
españoles más de 1.350 millones de euros, a los que se pueden sumar
otros 295 por derechos reportados por la concesionaria y un
mantenimiento anual de 15 millones. Según las organizaciones de
consumidores, el costo final podría superar los 4000 millones que
según Enric Pla constituyen «un claro ejemplo de la práctica
demasiado habitual de rescatar con el dinero de todos y todas una
inversión privada que ha terminado en fiasco». Hay que recordar
además que los usuarios y usuarias de gas están pagando un recargo
en su factura para afrontar estos gastos.
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