Una persona camina junto a la Ciudad de la Justicia de Valencia. EFE/Archivo Los jueces de la Comunitat Valenciana concluyeron en el segundo trimestre de 2018 la instrucción de tres procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 10 personas, una de ellas jurídica.
Además, entre el 1 de abril y el 30 de junio, los juzgados y tribunales valencianos dictaron dos sentencias en procedimientos de corrupción, una de ellas condenatoria con conformidad y otra absolutoria.
Son datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que incluyen por primera vez el número de personas jurídicas contra las que se dictó auto de apertura de juicio oral en ese periodo: fueron seis, cinco en Andalucía y una en la Comunidad Valenciana.
A nivel nacional, los jueces procesaron a 40 personas por corrupción durante el segundo trimestre del año, más de la mitad que en los primeros tres meses de 2018 (85), un descenso que también se observa en las sentencias condenatorias dado que representan un 60,9 % de abril a junio, 14 puntos menos que en el primer trimestre.
Los datos del CGPJ reflejan una bajada correspondiente al segundo trimestre tanto en las condenas por corrupción en primera instancia como en el número de procedimientos concluidos y de personas procesadas por estos delitos o contra las que se dictó apertura de juicio oral.
En el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2018, los jueces finalizaron la instrucción de 11 procedimientos por corrupción (en el primer trimestre fueron 17) y procesaron a 40 personas frente a las 85 de los tres primeros meses del año.
De las 23 sentencias que se dictaron de abril a junio, 14 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa casi un 61 % frente al 75 % del primer trimestre.
Además, según el órgano de gobierno de los jueces, a 1 de octubre de este año había 92 personas en prisión con condena firme por delitos de corrupción y nueve preventivos.
Los procedimientos judiciales cuyos datos ha divulgado el CGPJ tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de su cargo, y abarca tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.
Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
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