Carlos Gil. Sería ideal un mundo sin armas, pero no es posible. Hacía ya mucho tiempo que la fabricación y venta de armas a terceros países no
ocupaba los principales titulares de los informativos, pero con el
Gobierno de Pedro Sánchez y sus adscritos, hasta eso ha cambiado.
El asesinato de Jamal Khashoggi en la embajada de Arabia Saudí,en
Turquía, ha levantado verdaderas ampollas en los mentideros políticos,
entorno a decidir si España debe seguir vendiendo armas a un país
capaz de cometer semejante atrocidad.
Nunca podría considerar el asesinato de un periodista como un asunto
menor pero tantos periodistas mueren en el mundo que todo este revuelo
me parece teledirigido por quienes quieren aprovechar la ocasión para
defender su causa, por poco que tenga que ver.
Al menos, el presidente ha antepuesto el mantenimiento de los puestos de
trabajo que quedarían en el aire si se rompe el contrato con Arabia
Saudí a los impulsos viscerales de su vicepresidente en la sombra. Que
nadie dude que, si España dejara de vender armas a Arabia, otros lo
harían y este tipo de situaciones seguirían produciéndose.
Pero me ha llamado poderosamente la atención la reacción que se ha
generado, de manera inmediata, en este caso frente a la repetida excusa
de no legislar en caliente que tantas veces hemos oído en otros casos
que nos han tocado más cerca. Cuando aún no se sabe dónde se podrán
encontrar, si llegan a encontrarse, los restos de este pobre hombre, el
Congreso dedica una sesión casi monográfica a este asunto. ¿Porqué
no se hace lo mismo con la violencia de género, con los asesinatos de
menores o con tantos y tantos casos que han escandalizado a la opinión
pública y por los que la clase política pasó de soslayo sin
atreverse, salvo en contadas ocasiones, a endurecer el Código penal?
¿Acaso cuando nos toca de cerca somos más reacios a actuar? ¿No
debería ser al revés?
Han muerto muchos periodistas a manos del DAES y otros muchos han pasado
meses secuestrados. Pero no hace falta irse a los países árabes. En
Venezuela encontramos también casos similares, todos relacionados con
la necesidad de silenciar las noticias que resultan incómodas a quienes
quieren mantener el poder a toda costa. Pero el Congreso, con
independencia de las valoraciones y las condenas que puedan corresponder
a estos casos, debe legislar con la vista puesta en España y en la
violencia que nos toca de más cerca. Si ahora ya no hay problemas en
tomar las decisiones, ahora es el momento de quitarse las caretas y dar
respuesta a tantos casos que se pospusieron hasta el olvido. De lo
contrario, esta reacción no será más que otra mentira maquillada a
todos los españoles.
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