Salvador Vidal y José Antonio Sancho cuando éste aún era secretario municipal de Canet. FOTO P. V. El gobierno municipal de Canet d’En Berenguer ha encontrado una ‘‘resistencia interna de ciertos políticos y funcionarios a la hora de colaborar con la justicia’’, en las múltiples peticiones provocadas tras la salida por la puerta de atrás de José Antonio Sancho, condenado a dos años de cárcel por sobornar a la ex alcaldesa de La Pobla de Farnals y pendiente de numerosas causas derivadas de la pieza principal, la ‘trama de las asesorías’. Dada la ‘‘lentitud, poca colaboración, diligencia y rapidez que exige la justicia’’, se vería con buenos ojos que la Agencia Valenciana Antifraude interviniera en el Ayuntamiento para poner orden.
Fuentes del gobierno local han señalado a El Periódico de Aquí que ‘‘el hecho de que haya gente muy nerviosa por todo lo relacionado con los casos que se están investigando y tratando en los tribunales y que no haya inhabilitados, es un problema para el normal funcionamiento interno del Consistorio. Siguen trabajando aquí poniendo zancadillas para ralentizar el trabajo’’.
Entre los funcionarios que están investigados en algunas de las causas abiertas vinculadas con Sancho se encuentra su hija Carmina Sancho -en Contratación-; Salvador Vidal, técnico de Escuelas que hasta hace poco ha estado en Contratación y ahora está en Educación, aunque sigue manteniendo su puesto de trabajo donde siempre; Cintia Almazán; y Magdalena Lapiedra, ex interventora y tesorera y otra de las personas más próximas a Sancho en la época de mayor oscuridad en el Consistorio canetero.
‘‘Entre los concejales de la oposición que tratan de sacar provecho para desgastar al gobierno local del PP, se encuentran ediles que han tenido también una relación muy estrecha con Sancho, como Ximo Pons, de Compromís; María Amor Uviedo (EU); Carlos Sáez, ex PP y actualmente portavoz de IPC’’; y las mismas fuentes también recuerdan ‘‘el caso de Joaquín Rambla, ex socialista que trabajó mucho para este Ayuntamiento cuando tenía buena relación con Sancho y, sin embargo, pasaron a ser enemigos íntimos cuando Rambla quiso jugar a ser constructor/promotor’’. ‘‘Es curioso que ahora pongan el grito en el cielo con la Academia Valenciana de Juristas, que ha estado más de 20 años ofreciendo los servicios jurídicos para este Ayuntamiento sin ningún tipo de concurso público. Entonces no denunciaron ni sospecharon nada’’, añaden las mismas fuentes del gobierno local, que recuerdan también el caso de la empresa que recaudaba impuestos.
En este contexto, Benito ha salido al paso del auto del juzgado número 4 de Sagunt, en cuyas diligencias previas la jueza califica de ‘‘grosera prevaricación’’ la adjudicación a la Academia Valenciana de Juristas por importe de 57.600 euros los servicios jurídicos en mayo de 2013. En este caso, el ‘paripé’ planeado por Sancho consistía en que Contratación -con su hija y Salvador Vidal- desarrollara el proceso negociado y sin publicidad invitando a Amparo González, Ignacio Sancho Moscardó y a la Academia Valenciana de Juristas. En ese momento, El Periódico de Aquí denunció que se trataba de un proceso amañado, puesto que González es mujer de Sancho e Ignacio Sancho uno de sus trabajadores en la AVJ y otros chiringuitos controlados por el ex secretario, como el ‘Consorcio Pangea’. El alcalde se defiende alegando que ‘‘ahora que conocemos los nombres y las conexiones es muy fácil, pero entonces ni conocía quién era Sancho Moscardó ni González’’. ‘‘En cualquier caso, los que ahora quieren utilizar esto políticamente, ¿qué dijeron entonces? ¿sabían y no dijeron nada? A excepción de El Periódico de Aquí, nadie dijo nada’’.
‘‘La Academia llevaba 20 años.Nosotros hicimos concurso y en 2015, una vez se descubrió todo, los tiramos. Como consecuencia hemos sufrido denuncias, querellas y recibido recados. Este es el precio que pagamos por poner orden en el Consistorio’’, concluye Benito.
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