Los acusados conversan en el juicio. EPDA Los intentos del
exsecretario de Canet d’En Berenguer José Antonio Sancho Sempere por eludir la
entrada en la cárcel se agotan. Su petición de indulto por la condena a dos
años de prisión por la conocida como ‘trama de las asesorías’ no ha recibido
respuesta gubernamental. La justicia interpreta este silencio como denegación
del indulto, por lo que la Audiencia de València ha dictado un auto en el que
decreta el ingreso en prisión de Sancho Sempere por un delito de cohecho. Pese
a que este auto ha sido recurrido por la defensa del exsecretario, todo apunta
a que la nueva artimaña legal tiene un recorrido corto.
En similar situación se
encuentra la exalcaldesa de La Pobla de Farnals Natividad García, pendiente de
la petición de indulto tras haber sido condenada por cobrar un dinero para
beneficiar desde su cargo a una de las mercantiles de Sancho. Natividad García, la que fuera alcaldesa tránsfuga de La
Pobla de Farnals, fue condenada en enero de 2016 junto al ex secretario de
Canet d'En Berenguer, José Antonio Sancho. Sus chanchullos han acabado por
ensuciar el nombre de la localidad de l'Horta Nord, al arrastrar el escándalo
desde la legislatura 2007-2011, cuando se produjo una moción de censura que
ahora la justicia ha confirmado que se hizo para lucrarse de fondos públicos.
La
Audiencia Provincial de Valencia condenó tanto a Sancho como a García a dos
años de prisión cada uno por sendos delitos de cohecho. Quedaron absueltos, sin
embargo, por los delitos de malversación de caudales y prevaricación.
Igualmente, la Academia Valenciana de Juristas quedó absuelta del delito de
cohecho que pedía el fiscal y Rafael Parra Mateu también resultó absuelto, en
este caso como autor de malversación de caudales públicos y falsedad de
documentos mercantiles, aunque éste se enfrenta, igual que Sancho, a otro
macrojuicio por la 'trama de las asesorías', con una veintena de imputados y
más de una decena de administraciones públicas en el ojo del huracán. Ambos recurrieron
al Tribunal Supremio, que confirmó la sentencia y el ingreso inmediato en
prisión. Sin embargo, los condenados pidieron el indulto al Gobierno de Mariano
Rajoy, lo que les ha permitido estar más de dos años sin entrar en prisión.
Ahora, la situación cambia radicalmente.
En el auto, que
adelantó en exclusiva Elperiodicodeaqui.com, se recogía: ''debemos condenar y
condenamos a José Antonio Sancho Sempere y Natividad García Castellar, como
responsables criminalmente en concepto de autores de sendos delitos de cohecho,
sin la concurrencia de circunstancias modificativas, a las penas de 2 años de
prisión, multa de 13 meses a razón de 20 euros diarios e inhabilitación
especial del derecho de sufragio pasivo durante la condena para José Antonio
Sancho Sempere; y a las penas de 2 años de prisión, multa de 13 meses a razón
de 20 euros diarios e inhabilitación especial de empleo y cargo público y
derecho de sufragio pasivo durante 4 años para Natividad García; imponiendo a
ambos el pago de costas procesales proporcionalmente devengadas''.
La sentencia
explica el 'modus operandi' pactado por Natividad García y Sancho para lucrarse
mutuamente. Así, en el apartado de hechos probados, se recoge que ''el núcleo
del injusto del delito de cohecho, en el caso enjuiciado, se encuentra en la
solicitud o recepción de dinero para favorecer el mantenimiento de contratación
a partir de mayo de 2009'', referencia a la Academia Valenciana de Juristas
-dominada por Sancho-, favorecida por Natividad García con encargo de trabajos
jurídicos y un contrato a través de un concurso público amañado. A cambio, que
se haya podido demostrar, cuanto menos García recibió 4.500 euros de Sancho por
transferencia el 22 de mayo de 2009 y la cantidad de 2.900 a través de Millena
III Milenio el 15 de julio de 2011.
En ese momento,
Sancho no figuraba al frente de la mercantil, sino que había puesto a un hombre
de paja, el empresario de Canet d'En Berenguer, Juan José Sánchez, cuyo padre
había recibido concesiones municipales del Ayuntamiento de Canet, donde Sancho
era secretario, con condiciones muy ventajosas, con precios muy inferiores a
los de mercado, con un hotel-restaurante en primera línea de playa por un canon
anual de sólo 6.000 euros. La tránsfuga recibió el 15 de julio de 2011 otros
1.200 euros de Sancho en su cuenta particular. Según el fiscal, estas
cantidades están relacionadas con la factura 15/2011 de 1 de abril por importe
de 21.122 euros y considera que ''fueron dadas como gratificación de la
contratación alcanzada por las empresas de éste y las remuneraciones
obtenidas''.
Natividad García y
José Antonio Sancho pactaron ante la que se les avecinaba que dirían al juez
que se debían a un préstamo de Sancho a la entonces alcaldesa, pero este
extremo fue rebatido completamente. La necesidad del préstamo que pretendían
trasladar al juez era falsa, pues ''no padecía la ausada ninguna situación
precaria, ya que consta que se compró un piso al llegar a la alcadía y un
coche''. Además, el proceso monitorio iniciado por Sancho contra García
instando a la devolución ''del presunto préstamo se inicia con posterioridad a
ser denunciada Natividad García''. En definitiva, que no cuela el truco. De
hecho, el juez señala que ''las pruebas practicadas han acreditado que todas
esas prestaciones a favor de Natividad García responden a la intención de
recompensar a la misma por facilitar el manteimiento del asesoramiento al
Ayuntamiento de La Pobla de Farnals por parte de la Academia Valenciana que
gestionaba y controlaba Sancho Sempere, mediante gratificaciones dinerarias o
favoreciendo a la caldesa en su contratración remunerada por tras empresas bajo
su control, como Millena III Milenia''.
Además, ''la
explicación de que las dos sumas transferidas a la cuenta bancaria de la
acusada respondieran a un préstamo'' es desmentido por el hecho de que ''ambas
se realizan en años distintos'' y la realizada el 15 de julio de 2011 ''ni
siquiera se menciona en el justificante bancario, limitándoase a 'mi entrega,
justo dspués de la firma del contrato de prestación de servicios de asistencia
jurídica de 6 de mayo de 200 con la Academia de Juristas, unos días antes de
abandonar la alcaldía''.
Testigo doble: Isabel Jiménez
Para convencer en ese momento a su señoría, Sancho llevó a varios testigos que dijeron haber recibido préstamos de Sancho, entre ellas varias personas de Canet y Sagunt. Una de ellas fue Isabel Jiménez, que el pasado 7 de mayo de 2018 fue a declarar de nuevo como testigo de Sancho, en este caso en el 'Caso Pangea', como ''trabajadora a tiempo parcial'' del chiringuito montado por Sancho para conseguir subvenciones destinadas a inmigrantes. En el caso del juicio anterior, Jiménez declaró que ella había recibido un préstamo de Sancho, que era algo habitual que el ex secretario de Canet fuera prestando dinero a amigos y conocidos, para hacer ver al juez que la ex alcaldesa de La Pobla de Farnals recibió un dinero en su cuenta bancaria, transferido por Sancho, por un motivo similar.
Aunque la condena
es relativamente pequeña, la gravedad de lo ocurrido es enorme. El juez
concluye básicamente que detrás de la moción de censura que se produjo en La
Pobla de Farnals había un interés por lucrarse de los fondos públicos. Así,
''con la finalidad de garantizarse el acusado que el Ayuntamiento mantendría
este tipo de contratación con sus empresas, pactó con Natividad García que la
compensaría periódicamente o bien favorecería su contratación en aquéllas con
carácter remunerado''. Lo recoge la sentencia que se hizo pública este lunes
por la Audiencia Provincial en el apartado de 'hechos probados'.
Las gratificaciones de Sancho a
Natividad García -que intentó sin éxito en el juicio demostrar que fueron por
un préstamo personal- comenzaron con una transferencia de Sancho a la cuenta
personal de la alcaldesa por importe de 4.500 euros el 22 de mayo de 2009 bajo
el concepto de 'préstamo'. Más tarde, el 2 de febrero de 2011 ''una empresa del
acusado, Millena III Milenio, pagó a García la cantidad de 2.900 euros mediante
cheque y el día 15 de julio de 2011, Sancho volvió a realizar una transferencia
a la cuenta particular de la acusada por importe de 1.200 euros bajo el
concepto de Mi entrega''.
A cambio de todo esto, Natividad
García aceptó que Sancho llevara al Consistorio a la Academia Valenciana de
Juristas, otro de sus chiringuitos, para llevar los asuntos jurídicos
municipales.
En los hechos probados el juez
recuerda el proceso de la moción de censura y las decisiones de Natividad
García para beneficiar a las empresas de Sancho: ''con fecha 18 de octubre de
2008 García tomó posesión como alcaldesa y (...) concenrtó con José Antonio
Sancho (...) secretario municipal de Canet, y a quien poco antes le había sido
presentado por persona de confianza, que se encargara de todo ello a través de
contratos menores formalizados en las facturas que fuera librando, bien
personalmente o a través de de profesionales pertenencientes a las entidades
Academia Valenciana de Juristas, Millena III Milenio, Asesores Profesionales y
José Antonio Sancho Abogado SL''. La alcaldesa, en noviembre de 2008, ''por
decreto'', acordó que todos los asuntos judiciales y extrajudiciales pendientes
de resolución se llevarán a cabo por ''la Academia Valenciana de Juristas''.
Además, Sancho fue nombrado además ''durante el periodo comprendido entre el 1
de marzo y el 7 de mayo de 2009, interventor acumulado''.
El acuerdo incluía
que Natividad García le dejara un contrato firmado entre Ayuntamiento y
Academia pocos días antes de abandonar la alcaldía, que acabó rescindiendo Joé Manuel
Peralta cuando ganó por mayoría absoluta las elecciones municipales en 2011.
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