Blanquer: "El veto de PP y C's a que la Comunitat disponga de 236 millones más no castiga al gobierno Sánchez sino a todos los valencianos"

“EL voto en contra en el Senado a la aprobación de la flexibilización del déficit recogida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que ayer mantuvieron el PP y Ciudadanos no es un castigo al gobierno de Pedro Sánchez sino a todos los valencianos y valencianas”. 

Así de contundente se ha mostrado la diputada en el Congreso, Patricia Blanquer quien ha lamentado que la derecha vuelva a anteponer sus prioridades partidistas a las necesidades de la ciudadanía. “Si fueran responsables y atendieran las necesidades de los valencianos y valencianas no hubieran votado en contra de una medida que da mayor disponibilidad presupuestaria a las comunidades autónomas”, ha señalado.

En este sentido, ha recordado que al negarse a aprobar la senda de déficit marcada por el gobierno de Pedro Sánchez, tanto el PP como Ciudadanos, “están impidiendo alcanzar un mayor margen fiscal de 6.000 millones de euros de los cuales 2.500 millones son para que las comunidades autónomas puedan contar con mayor disponibilidad presupuestaria”. Blanquer ha reiterado que se trata de una postura que afecta directamente a todos los valencianos y valencianas ya que “se está impidiendo que la Comunitat disponga de 236 millones de euros más para poder invertir en Sanidad, Educación o Servicios Sociales”.

En esta línea, la diputada nacional ha instado a los dirigentes del PP y Ciudadanos en la Comunitat a que expliquen a la ciudadanía “por qué se han opuesto a esta medida que suponía un respiro a las arcas valencianas que ya sufren el duro castigo de la infrafinanciación”. Para la dirigente socialista “es evidente que la única razón por la que el PP y Ciudadanos no ha votado esta nueva de senda de déficit marcada por el gobierno de Pedro Sánchez es boicotear los PGE 2019”.

Finalmente, Blanquer ha recordado que “la Comisión Europea ya ha autorizado esta actualización de déficit y por tanto los objetivos previstos son razonables y suponen cumplir con los compromisos ya adquiridos con Europa al mismo tiempo que permiten disponer de un mayor margen fiscal para poner en el centro de las prioridades a los ciudadanos”.