Los jueces
destinados en los Juzgados de Instrucción de Valencia reunidos en Junta en el
día de hoy, 11 de enero de 2019, aun siendo conscientes del papel fundamental
de los medios de comunicación y de sus profesionales para la formación de una
opinión pública debidamente informada, esencial en una sociedad democrática,
nos vemos obligados a trasladar a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat Valenciana, a los efectos que procedan, nuestra
profunda preocupación por el inadmisible acoso a que está siendo sometida la
magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia como
consecuencia de las medidas cautelares personales legalmente adoptadas en el
ejercicio de sus funciones en una causa penal a propuesta de la Fiscalía
Anticorrupción y que han sido avaladas por la Audiencia Provincial de Valencia,
medidas que afectan a una persona de indudable relevancia pública que padece
una grave enfermedad por la que está recibiendo todos los cuidados necesarios
en un centro hospitalario altamente cualificado.
Al margen de los
pormenores y vicisitudes del procedimiento en cuestión, que esta Junta
obviamente desconoce, dicho acoso sin precedentes ha conllevado, además de la
publicación de aspectos de la vida privada de la magistrada que pertenecen a su
más estricta intimidad, amenazas más o menos veladas, descalificaciones e
insultos de todo tipo, actuaciones todas ellas inadmisibles que, además de
exceder los límites de la crítica razonable de las resoluciones judiciales,
menosprecian la independencia judicial y sobre todo, desconocen el principio de
igualdad ante la ley.
Ante tales hechos,
que traspasan líneas rojas nunca antes superadas, los jueces de instrucción de
la ciudad de Valencia sólo pedimos, en éste y en cualquier otro procedimiento, el
debido respeto a la función jurisdiccional, lo que implica que se nos permita
realizar nuestro trabajo libre y responsablemente. Sin perjuicio de ello sería
conveniente que se suscitara una profunda reflexión sobre la necesidad de que estas
cuestiones en lo sucesivo se analicen, debatan y resuelvan con todos los
elementos de juicio en el foro adecuado que es el de los tribunales de justicia
y por el cauce legal y constitucionalmente previsto. No otra cosa exige el
respeto a la división de poderes y al Estado de Derecho -a la democracia misma-
algo que por obvio no debería ser recordado.
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