El día 26 de mayo estamos
llamados a las urnas para renovar, o no, nuestros votos dados en las anteriores
elecciones municipales del 2015. En aquellas elecciones solo se hablaba de
transparencia en las administraciones, los partidos políticos se afanaban en
conseguir un 10 en el índice de transparencia de la prestigiosa organización
Transparencia Internacional. Parecía que el mensaje había calado, pues bien,
nada más lejos de la realidad.
Transparencia internacional dejo
de hacer los estudios, porque vio que su índice era utilizado por los partidos
políticos como herramienta de márquetin, para después no hacer nada de nada de
lo comprometido en el índice, es decir, engañarnos a todos, poco han cambiado,
o más bien nada. Todos los partidos políticos incumplen sistemáticamente la ley
de transparencia y la ley de partidos políticos, ¡¡todos ¡¡ y aquí no pasa
nada, ahora bien, incumplamos nosotros alguna ley y verán lo que nos pasa.
¿En qué estado nos encontramos
hoy, al respecto de la lucha contra la corrupción en la administración local?
pues igual que hace 4 años, exactamente igual nada ha cambiado, la brecha de
riesgo sigue siendo la contratación pública y dentro de la misma, la
contratación en los ayuntamientos. Parecía que la nueva ley de contratación pública
electrónica cerraría la brecha, pues tampoco, en definitiva, un desastre, un
quiero y no puedo, o más bien, un puedo y no quiero, cambiar nada.
En la actualidad, es difícil
localizar una comunidad autónoma donde no haya consistorios afectados por contratos
públicos sin control y que acaban beneficiando a los propios concejales y
personas allegadas. Si a esto se le suma la libertad de los alcaldes a la hora
de fijar su propio sueldo, da la impresión de que los ayuntamientos son
terrenos abonados para este tipo de prácticas. Existen varias técnicas de
burlar la ley para conceder contratos municipales de forma discrecional, y, por
tanto, sin control y en una zona que puede constituir corrupción.
Por ejemplo, los contratos
públicos por pagos inferiores a una cantidad específica (15.000€), marcada por
ley, a veces se repiten en varias partidas y con el mismo beneficiario, de
manera que la suma total excede la cantidad permitida, pero dentro de cada
plazo y cada factura, se cumple con lo establecido.
Los contratos más habituales
usados para burlar la legislación son: agua, recogida de basura,
alcantarillado, transporte público, servicios profesionales, uniformes de la
policía local, regulación semáforos, etc...
Pero, sobre todo en la creación
de las empresas públicas, ideadas por los consistorios con fines productivos y
de bien social, pero al final, más bien, sus fines son otros, como la
colocación de amiguetes y personal del partido político y saltarse los “pocos
controles” que existen en la administración, ya que estas empresas no están
sujetas a ellos, como los casos IMELSA, DIVALTERRA, EMARSA …etc.
No veo a ningún partido político
aportando soluciones concretas, para parar esta sangría, que no cesa, más allá
de fotografiarse con una silla transparente, por cierto, patética imagen de un
partido que tiene a todos sus concejales imputados/Investigados por alguna
causa delictiva y relacionada con la corrupción pública, esperábamos algo más,
mucho más, y si, hablo del partido popular en la ciudad de valencia.
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