El
Ayuntamiento adoptará medidas para garantizar la transparencia y el
buen funcionamiento de los grupos municipales. Además, modificará
el reglamento orgánico que regulará “de manera “óptima” las
comisiones de investigación municipales. Así lo ha acordado el
Pleno, con el apoyo de todos los concejales municipales, al debatir
las conclusiones de la Comisión de Investigación del caso conocido
como “Operación Taula”. Algunas, como la decisión de exigir a
los concejales populares la entrega de su acta, no se han acordado
por mayoría. El Partido Popular tampoco ha votado a favor la
propuesta de València en Comú, avalada por todos los grupos del
equipo de Gobierno, para continuar la investigación de las presuntas
irregularidades en la concesión de La Rambleta.
El
presidente de esta comisión de investigación, el concejal del Grupo
Compromís Carlos Galiana, ha recordado que esta “se constituyó
por acuerdo plenario para determinar las posibles responsabilidades
políticas derivadas de los presuntos hechos de carácter il•lícito
investigados en los tribunales por un supuesto blanqueo de capitales
ocurrido en el Grupo Municipal Popular”. Y ha asegurado que los
concejales del PP “han desaprovechado una oportunidad para aclarar
las cosas a la ciudadanía”.
“A
pesar de que el PP apoyó la creación de esta comisión, la ha
boicoteado desde el primer momento”, ha lamentado el concejal. Si
bien, ha asegurado, “con las comparecencias reflejadas en el acta,
podemos afirmar que el funcionamiento del antiguo Grupo Municipal
Popular era francamente mejorable y escapaba del control de sus
miembros, que realizaron una aportación de 1.000 euros para
financiar la campaña electoral de 2015 a través del mencionado
grupo, que, además, asumía tareas impropias que pertenecen a las
delegaciones municipales”.
Por
todo esto, ha continuado el regidor Carlos Galiana, “exigimos a los
concejales del Grupo Municipal Popular que dejan su acta de
concejales, tal como pidió a su día la Presidenta del Partido
Popular en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig. O, al menos, que
abandonan el grupo dejando a otros concejales no investigados”.
Esta propuesta ha recibido el voto favorable de los grupos del equipo
de gobierno (Compromís, Socialistas y València en Comú), el voto
en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, “porque –tal
como ha explicado el concejal Narciso Estellés “a pesar de que ya
votamos a favor de este acuerdo se encuentra dentro de un informe de
cierre de la comisión que no compartimos”.
En
cuanto al cierre de la comisión, al que también se opuso en un
principio València en Comú, hoy se ha acordado con la unanimidad
del equipo de gobierno que ha apoyado a una propuesta defendida por
el portavoz del mencionado grupo, el concejal Jordi Peris. En su
intervención ha manifestado que en las 12 sesiones de esta comisión
ha sentido “hasta qué punto el partido político que ha gobernado
durante años desprecia a la ciudadanía”, y ha pedido decencia y
responsabilidad a los concejales investigados”. Por eso, ha
explicado, “suscribimos el contenido del informe que pide el acta
de estos ediles, pero quedan cosas para investigar como la sospechosa
adjudicación del contrato de construcción y gestión del centro
cultural La Rambleta, que continúa vigente con un gasto de 2,3
millones de euros y una vigencia de 6 años”. En la votación de
esta enmienda se ha abstenido el PP y Ciudadanos.
Por
su parte, la portavoz del grupo Socialista, Sandra Gómez, ha
reivindicado el papel desarrollado por la comisión “creada para
descubrir malas prácticas, para preguntar si hubo blanqueo de dinero
y otros delitos que el juez juzgará”. La edil socialista ha
señalado que la Comisión de Investigación ha defendido los
intereses de los valencianos y ha apelado al interés colectivo como
objetivo fundamental de los responsables públicos.
En
la misma línea se ha manifestado el concejal de Ciudadanos Narciso
Estellés quien, al recordar que su grupo “trabaja para luchar
contra la corrupción”, ha resaltado que una comisión no es un
juicio pero sí una herramienta muy útil que en este caso, por
ejemplo, permitirá mejorar el funcionamiento de los grupos
políticos”.
De
hecho, esta es una de las conclusiones del Caso Taula que han sido
aprobadas por mayoría. De ahora en adelante los grupos políticos
tendrán sólo una cuenta bancaria y harán públicos sus gastos para
que estén al alcance de todo el mundo. Se creará un registro de
entrada de las visitas así como unos documentos para dejar
constancia de las facturas y gastos, y los grupos municipales no
podrán llevar a cabo tareas propias de las delegaciones.
Los
5 grupos municipales representados en el consistorio también han
aprobado una propuesta para modificar el reglamento orgánico del
Pleno que regule de manera óptima las comisiones de investigación.
Y el Grupo Municipal Popular ha sido el único que se ha desmarcado
de la propuesta de instar al Estado para que determine que las
comparecencias en las comisiones creadas en el ámbito municipal sean
obligatorias y tengan las mismas garantías de funcionamiento y
organización que las otros administraciones.
En
la sesión plenaria también se ha debatido y rechazado la propuesta
del Partido Popular que ha pedido, por ejemplo, “que se quite del
informe final del caso Taula una alusión a las declaraciones de la
presidenta del Partido Popular en la Comunidad Valenciana cuando
reclamó el acta de sus compañeros”. El portavoz del Grupo Popular
en el Ayuntamiento, Eusebio Monzó, ha criticado al equipo de
gobierno “que vive de las miserias de los otros”, ha afirmado que
la comisión ha desarrollado las tareas sin cumplir los plazos
judiciales y sin rigor documental, y ha reclamado “que se respete
la Justicia y sus tiempos, tanto como la presunción de inocencia”.
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