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BIRRAS DE AQUÍ

El poder judicial

Francisco Adán y Albert Llueca
- 23/11/2018
Francisco Adán y Albert Llueca.
Francisco Adán y Albert Llueca.

Francisco Adán

Jueces y fiscales se han plantado en contra la politización de la justicia y la falta de medios. Está muy bien eso porque, ciertamente, la justicia necesita más ingresos, más medios técnicos y personales y , sobre todo, una menor burocratización judicial.

Los abogados también formamos parte de la biosfera jurídica, claro que no podemos hacer huelga en sentido estricto y tampoco obtuvimos mucho apoyo de los jueces y fiscales cuando hicimos las movilizaciones. Esta falta de solidaridad dificultan enormemente las reivindicaciones y facilita que la Justicia siga siendo el hijo abandonado del Estado ( social y de derecho).

En las últimas noticias aún flota la renuncia de Marchena a presidir el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial habida cuenta del torpe e injustificable whatsapp del senador del PP , Coisidó, diciendo que "controlaban " la Sala Segunda del TS. La indecencia de esta situación debiera provocar su dimisión ( a ver qué análisis ideológico hacen de mi tras este párrafo).

Pero el WhatsApp no es, en si mismo, lo perverso, ese mensaje sólo saca a la luz una verdad que se conoce ya: la voluntad del poder político de cargarse el Estado de Derecho y de usar las herramientas del poder para hacer desvanecer la división de poderes.

Cuando los padres de la Constitución establecieron que parte de los integrantes del Constitucional y del CGPJ fueran elegidos por los partidos políticos, lo hicieron pensando en evitar la endogamia dentro del sistema judicial y de la función de control y equilibrio entre los tres poderes, confiando en el saber hacer de los políticos y en la independencia y profesionalidad de los jueces. Lo primero ya sabemos que no ha funcionado, lo segundo va por jueces aunque no hemos de olvidar que destacan dos asociaciones de jueces en las que, ellos mismos, se han auto etiquetado como "progresistas" y "conservadores".

Albert Llueca

Està setmana hem estat en un nou laberint judicial. Com publicava La Vanguardia "PSOE y PP pactan pese a su hostilidad los nombres del nuevo Poder Judicial" una hostilitat que no fa més que reforçar la idea de que en l'estat espanyol no hi ha una separació de poders real.

El principi polític segons el qual les funcions legislativa, judicial i executiva de l'Estat han d'estar separades, com a poders independents, perquè puga establir-se un sistema de controls i equilibris que limite les facultats del govern i protegisca els drets individuals, si una separació de poders com Déu mana.

Però este laberint no haguera sigut el mateix sense dos protagonistes, tres, molt especials Marchena, Cosidó i Casado.

A Marchena pareix que l'han ficat en l'ull de l'huracà i ell soles es va borrar a última hora "Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal", en el all estava segur. L'altre Pablo Casado que empra amb Cosidó el 'modus operandi' de Cospedal, el no però si en diferido, després de que ell (El País) "admite el mensaje de WhatsApp en el que presume de un futuro control del PP sobre el Supremo" estos polèmics whatsapps després de fer-se públics aquests, el portaveu del PP va eixir a demanar "disculpes" pel llenguatge "inadequat". I va afirmar que se li hi havia malinterpretat perquè "en cap cas" s'estava parlant de "un intent de control" del poder judicial. Ell assegura que es referia a Manuel Marchena a qui li reconeixia "una autoritat moral" per a garantir la independència del Tribunal a més de "un reconegut prestigi" que, al seu judici, podia ajudar al fet que les decisions foren el més consensuades possibles.

El laberint i el minotaure.

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