* La coalición
PSOE-Compromís da 260.000 euros al instituto Ramón Llull para que se difunda el
catalán en la Comunidad Valenciana.
* "Recuperar els
països catalans" a través de la cultura catalana, la gastronomía y la
lengua es el principal cometido de la entidad subvencionada.
* El gobierno autonómico
se centra en gastar el dinero público de los valencianos en adoctrinar a la
sociedad mientras les privan de ayudar y servicios básicos.
El continuo goteo de
subvenciones del Gobierno Valenciano hacia estas entidades que difunden,
promocionan e impulsan los ideales catalano-independentistas tiene como
motivación principal la alienación de la sociedad. Acabar con las tradiciones
religiosas y taurinas, generar rechazo hacia todo lo que huela a nacional,
imponer el pensamiento único y favorecer una praxis monolingüe en una comunidad
en la que conviven dos lenguas oficiales.
Y es que, el gobierno
sectario de Puig y Oltra, huye de la libertad, la igualdad y la pluralidad
social. Mientras se aferran en destinar millones de euros para entidades
pro-independentistas, como el Instituto Ramón Llull o Escola Valenciana, más de
4.000 mujeres del Palancia se ven privadas de los servicios de screening para
el cribado del cáncer de mama en su comarca, que su reapertura costaría un
importe similar al destinado al adoctrinamiento.
El desinterés que han
mostrado los políticos de la izquierda valenciana hacia las comarcas del
interior, desde que llegaron al gobierno en el año 2015, es un hecho más que
constatado. Una larga lista de despropósitos que han hecho mella en Segorbe y
su comarca, tales como la desaparición de la subvención, de más de dos millones
de euros, destinada a la rehabilitación del patrimonio de Segorbe; la supresión
de los servicios de mamografía del hospital complementario; el rechazo hacia el
Conservatorio Profesional comarcal; el fallido intento de implantar la religión
islámica en Altura y Segorbe; la penalización sin la titulación en inglés a los
escolares de las zonas de habla castellana, o la presunta construcción de una
residencia para la tercera edad con dinero municipal, cuando es competencia
exclusiva de la Generalidad. Despropósitos respaldados por Rafael Magdalena y
sus socios de gobierno, que, como vienen demostrando, se unieron por el odio
hacia unas siglas que sí gestionaba y procuraba por el bien de sus ciudadanos.
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