El grupo parlamentario popular
ha logrado que prospere la enmienda que pedía
que la desaladora de Sagunto se incluyera entre aquellas cuya
puesta en marcha se pretende que no tenga coste alguno para los
vecinos de esos municipios. Compromís había impulsado una
proposición no de ley para incluir la entrada en funcionamiento de las
depuradoras de Cabanes, Oropesa y Moncófar pero había dejado fuera la de
Sagunto.
Alfredo Castelló, miembro del
grupo popular en la comisión de Obras Públicas, Infraestructuras y
Transportes –y exalcalde de Sagunto– ha confirmado que “hemos
transaccionado nuestra enmienda y vamos a tratar de que los saguntinos
no tengan que hacerse cargo de los 65 millones de euros que
supondría la puesta en marcha y mantenimiento de la desaladora que impuso el
Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero con el
voto cómplice de Compromís e Izquierda Unida en Sagunto”.
Castelló ha recordado que “el
Plan Agua fue un trágala para muchos ayuntamientos y se querías
generar actividad económica el Gobierno socialista te obligaba a poner
una desaladora en tu vida”. Aquello fue “un capricho político” ha
lamentado, y “si ahora se han dado cuenta del error les damos la bienvenida al
sentido común”.
Sagunto, ha analizado
Castelló, “tiene 3 hectómetros cúbicos de aguas superficiales del río
Palancia que van al mar –más allá del caudal ecológico–, además tiene 3
hectómetros cúbicos depurados que no se utilizan todavía para la
agricultura y 30 hectómetros cúbicos al año (de los que sólo se utilizan 7)
que están garantizados por ley después de la reconversión”.
A estos aportes hídricos
habría que sumar “los pozos municipales de abastecimiento que no se usan
y que suponían otros 6 hectómetros cúbicos anuales hasta el año
2002, fecha en la que se comenzó a usar agua del Júcar”.
Frenar la subida del recibo
del agua
Es por ello, ha proseguido,
que “con esas alternativas hídricas que garantizan los recursos en la
localidad se les ocurrió hacer una desaladora en una prueba del
despilfarro de las políticas que practica el PSOE y de las que Compromís e
Izquierda Unida fueron cómplices con la firma del convenio”.
Ese convenio sería “lesivo”
para los intereses de los saguntinos que verían como la factura del
agua se incrementaría “hasta en un 50%” y eso, ha explicado Castelló
“hay que evitarlo a toda costa”. Tratamos de “garantizar el metro cúbico
al que tenemos derecho los saguntinos por ley y del que solo se está
usando la cuarta parte”.
El agua procedente de la
desaladora no debería contemplarse hasta que “los costes asociados no
fueran repartidos de forma solidaria en el conjunto del sistema
hidrológico nacional o en el conjunto de sistemas de explotación de la
Confederación del Júcar”, ha finalizado.
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