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JUSTICIA

El próximo reto de la UE es trabajar por un derecho común, según los expertos

REDACCIÓN - 25/10/2010
 
Europa tiene ante sí el reto, en materia de justicia, de adoptar acuerdos comunes y la creación de una Fiscalía comunitaria, esto es, trabajar por un derecho único para todos los países miembros de la Unión Europea. Estas son algunas de las conclusiones extraídas del seminario 'Unión Europea y Armonización Procesal', organizado en Valencia por el Colegio de Abogados (ICAV), en el que han participado el consejero en la representación permanente de España en la UE Juan José Molinos Cobo y el director de la representación de la Comisión Europea en España, Francisco Fonseca Morillo.
 
Los expertos han coincidido durante su participación en la jornada de clausura de dicho seminario en que el llamado "Espacio europeo de libertad, seguridad y justicia" tiene ante sí "un futuro incierto, lleno de grandes retos". Algunos de estos desafíos serán, según los expertos, la adopción de acuerdos comunes en materia de justicia por parte de todos los países miembros, la futura creación de una Fiscalía comunitaria, que investigará asuntos en todo el espacio europeo, y la adhesión reciente de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1949, que implicará entre otras cuestiones que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ubicado en Estrasburgo, pueda revisar las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Conocer y aceptar las consecuencias

Juan José Molinos Cobo ha explicado que desde el Tratado de Lisboa ha cambiado el sistema de mayorías para la adopción de acuerdos, sustituyendo la exigencia de unanimidad por la mayoría cualificada, con el fin de llegar a "acuerdos de mínimos" y que las iniciativas, por ejemplo en materia de justicia, puedan salir adelante. "El principio de 'reconocimiento mutuo', que implica que no es necesario armonizar la legislación de los países para la libre circulación de personas y mercancías, plantea el reto de que exista 'confianza mutua' entre los países miembros, y en materia de justicia esto es difícil, porque no todos los países conciben de igual modo el Estado de Derecho", apunta este abogado.
 
Por otra parte, Molinos Cobo ha subrayado que los países miembros deberán "conocer y aceptar las consecuencias" de la cesión de determinadas competencias soberanas, como es la justicia. "Tenemos ejemplos de buen funcionamiento, como la orden de detención europea, pero debemos tener en cuenta que en cuatro años la justicia será comunitaria, y ello implicará cambios en la actividad legisladora y en la judicial, sobre todo en el ámbito procesal", explica este experto.

Grandes avances

Por su parte, el director de la representación de la Comisión Europea en España, Francisco Fonseca Morillo, ha valorado positivamente el proceso de creación de un espacio europeo de justicia, especialmente en materia penal. Sin embargo, según ha destacado, "el reto de futuro es garantizar la confianza de la que dependerá el reconocimiento mutuo como principio de actuación". "Existe en general una desconfianza hacia Bruselas entre los países miembros y ello, sumado al hecho de que las iniciativas en materia de justicia se paralizarán sólo con ¼ de los votos en contra, puede implicar una paralización importante en la puesta en marcha de determinados proyectos", subraya Francisco Fonseca.

Orden de protección europea

El abogado del Estado Juan José Molinos ha valorado en su intervención la iniciativa de la orden europea de protección de las víctimas de la violencia doméstica, planteada por España durante su última presidencia de la Unión Europea. "Cada año se dictan 130.000 órdenes de protección en toda la Unión Europea, sin tener en cuenta los países que incluyen estos casos en otras jurisdicciones y que no poseen estadísticas específicas. Es, en cualquier caso, un problema importante que afecta a un gran número de países miembros, y hemos conseguido el voto positivo de 18 países. La iniciativa cuenta, además, con informe favorable del Consejo Europeo, del Parlamento Europeo y del Servicio Jurídico de la Comisión, sin embargo su puesta en marcha depende ahora de la voluntad política de los países miembros de adoptarla o no", concluye este abogado.

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