La consellera de Justicia, Gabriela Bravo. EFE/Archivo La Generalitat firmará mañana el proyecto y la dirección de obra de la futura Ciudad de la Justicia de Alicante con la empresa adjudicataria, la sevillana Ayesa, con una inversión de 800.000 euros.
La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha explicado hoy en Alicante que la futura Ciudad de la Justicia, que se ubicará frente a los actuales juzgados de Benalúa, al otro lado de la avenida de Aguilera, se hará en los próximos cuatro años con una inversión prevista de 35 millones de euros.
A la primera partida, los 800.000 euros para diseñar el proyecto constructivo y la dirección de obra que están incluidos en los presupuestos de la Generalitat de 2019, le seguirán cantidades plurianuales durante los próximos tres años hasta sumar los 35 millones.
Según Bravo, mañana mismo habrá una reunión con la adjudicataria para trasladar que la Generalitat no quiere "escatimar en calidades" porque busca "un edificio del siglo XXI que pueda seguir creciendo" y, así, evitar "que el edificio nazca enfermo, como la Ciudad de la Justicia de València".
Este nuevo edificio "mirará al futuro" y acogerá la mayoría de los órganos judiciales de la ciudad de Alicante, concretamente los juzgados de lo Civil, Penal, la fiscalía y la Audiencia Provincial, mientras que el inmueble situado en la cercana calle de Pardo Gimeno seguirá albergando los juzgados de lo contencioso y social.
En todo caso, la consellera se ha comprometido a que, antes de que concluya el actual mandato (antes del verano), se presente el proyecto constructivo para que los alicantinos puedan conocer su nueva Ciudad de la Justicia.
El edificio que actualmente acoge el Palacio de Justicia de Benalúa, el antiguo reformatorio alicantino, seguirá vinculado a la Conselleria de Justicia para, tras el traslado a la Ciudad de la Justicia y ser sometido a una reforma integral, albergar los servicios de formación, mediación, reuniones, biblioteca "o cualquier otra necesidad".
De hecho, la consellera ha dado a entender que podría acoger en el futuro la sede del recién creado Instituto de la Memoria Histórica y Democrática, que provisionalmente tiene su sede en la delegación del Consell en Alicante, en la conocida como Casa de las Brujas.
Para Bravo, el inmueble de los juzgados de Benalúa es un lugar "muy emblemático por lo que representa para la ciudad", por lo que será puesto en valor.
Todas estas iniciativas reflejan, según la consellera, que "el Consell prioriza Alicante" en sus esfuerzos en el marco de su idea de "bicapitalidad".
Estas declaraciones se han producido durante una visita a las nuevas instalaciones de la fiscalía en el Palacio de Justicia de Benalúa que, con una inversión de 138.000 euros, sacan a los trabajadores del ministerio público "de unas condiciones indignas" mediante un proyecto que se ha ejecutado "por la vía de urgencia" por parte de la empresa Tragsa.
"No se podía tolerar que los fiscales y resto de funcionarios trabajasen en esa parte del edificio, y se ha conseguido una sede digna", ha resaltado.
De esta manera, se han habilitado 17 despachos para los 15 fiscales que desarrollan su labor en esta sede judicial, y se ha incluido una sala multiusos tras duplicar la superficie disponible, que ha pasado de 490 a 1.200 metros cuadrados.
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