EPDA
La
Ejecutiva Provincial del PSPV-PSOE correspondiente al mes de octubre
aprobó en su última reunión celebrada e Càlig una resolución
propuesta por la vicesecretaria de Militancia y Derechos, Ruth Sanz,
respaldando la
apuesta del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de derogar la
Ley Seguridad Ciudadana aprobada por el PP en 2015, conocida
coloquialmente como la LEY MORDAZA. Y es que el PSPV-PSOE considera
que Pedro Sánchez está en lo cierto cuando dice que “ninguna
sociedad es realmente libre si persigue la libertad de expresión”.
Los
socialistas de Castellón rechazan ese texto legal hoy vigente
“porque supone una vuelta al Estado Policial, que instaura el
Derecho Administrativo Sancionador del enemigo”.
El
rechazo está plenamente justificado porque se trata una ley diseñada
para acabar con la disidencia e impedir las protestas ciudadanas,
porque considera que quien protesta altera la tranquilidad pública,
un concepto que por otra parte no tiene concreción constitucional.
Es
una ley que concede a la Policía poderes exorbitantes de inspección,
retención, investigación, represión y sanción, mediante la
penalización de ciertas sospechas. Y supone una inversión del orden
constitucional porque con ella el objetivo fundamental de las
funciones de las fuerzas policiales deja de ser el libre ejercicio
ciudadano de los derechos fundamentales para que prevalezca la
seguridad ciudadana por encima de todo lo demás.
La
Ley Mordaza instaura el derecho administrativo sancionador preventivo
que se puede poner en marcha con la existencia de meras sospechas.
“Nos parece muy grave porque interfiere con el ejercicio de
derechos fundamentales consagrados en la Constitución, como las
libertades de reunión, manifestación y expresión”.
Al
PSPV-PSOE le parece totalmente inaceptable que el derecho
administrativo sancionador se solape con el derecho penal, entrando a
castigar las mismas conductas que éste. Y que lo haga introduciendo
unos tipos punibles muy ambiguos, fijando multas desproporcionadas
que lesionan los principios de legalidad, tipicidad y
proporcionalidad en la sanción. “Se da la circunstancia de que la
sanción administrativa contempla en ocasiones penas más duras que
las que supondrían una sanción penal por idéntico motivo”.
Y
es que “los
principios de la LEY MORDAZA del PP son claros, se criminaliza la
disidencia ideológica bajo el argumento de que esa disidencia altera
el orden público y la seguridad ciudadana. Además se justifican
intervenciones policiales y detenciones desproporcionadas”.
Instaura
además la ‘culpabilidad solidaria’ que se extiende tanto a
quienes convocan, organizan y dirigen un acto, como a quien participa
sin saberlo en una actividad prohibida por una orden policial que se
emite sin control judicial, por la mera existencia de sospechas o
indicios.
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