El exconseller Rafael Blasco durante una declaración ante los tribunales. EFE/Archivo El Tribunal de Cuentas ha embargado 59.000
euros a tres de los condenados del PP por el caso Blasco, entre ellos,
el exconseller Rafael Blasco, y los ha transferido a la Generalitat en
el marco del procedimiento de reintegro por alcance para recuperar el
dinero sustraído a las arcas públicas.
Así consta en una notificación del máximo órgano auditor del Estado, que
persigue que excargos del PP y funcionarios condenados devuelvan los
1,7 millones de fondos públicos que debieron destinarse a varios
proyectos de cooperación en Nicaragua pero que se desviaron para que los
responsables de la trama de corrupción compraran varios inmuebles en
València, según fuentes conocedoras del caso.
De los 1,7 millones de la ayuda humanitaria al Tercer Mundo solo
llegaron a su destino 43.953 euros y el Tribunal de Cuentas ya cifró en
1.623.819 euros el quebranto para las arcas públicas valencianas.
Los 59.000 euros recuperados ahora corresponden a las pensiones del ex
conseller de Solidaridad bajo el mandato de Francisco Camps, Rafael
Blasco, y de su exsecretaria general administrativa Tina Sanjuán, y a la
nómina del exsubsecretario de Solidaridad Alexandre Catalá, según las
mismas fuentes.
Con este embargo, la Generalitat ha podido recuperar hasta la fecha en torno a 650.000 euros de los 1,7 millones desviados.
En junio de 2015, el Tribunal Supremo ratificó la condena de Rafael
Blasco y otros responsables de la trama de corrupción por el desvío de
fondos destinados al Tercer Mundo dictada un año antes por el TSJ de la
Comunitat Valenciana.
Blasco fue condenado por malversación, prevaricación y falsedad documental a 6 años y medio de prisión.
En el procedimiento penal del TSJCV ya se procedió a requerir la
devolución de las cantidades a los empresarios pero es en el Tribunal de
Cuentas donde corresponde la reclamación a las autoridades políticas y
funcionarios condenados.
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