Los terrenos en litigio El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha
condenado al Ayuntamiento de Riba-roja de Túria al pago de 3'4 millones de
euros a una familia de la localidad por unos terrenos que el consistorio ocupó
en los años 70 para destinarlos a zona verde en la urbanización de Montealcedo
pero que hasta ahora no había abonado correctamente por sus cerca de 58.000
metros cuadrados.
La
sección cuarta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ ha estimado
parcialmente el recurso de las familias propietarias de los terrenos al
rechazar el precio de 1'6 millones de euros fijados por el Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de Valencia aunque lejos de los 6'7 millones solicitados
por los dueños. Finalmente, el TSJ determina su valor en 3'4 millones de euros
la cantidad que el ayuntamiento debe abonar a las familias al tiempo que cifra
en 4.000 euros las costas imputables al consistorio.
Los
hechos que originan el fallo de la sentencia se remontan a los años 70 cuando
el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ocupó un total de 57.165 metros cuadrados
ubicados entre las urbanizaciones de Monte Alcedo y el Molinet con destino a
zona verde. Una parte de los terrenos están calificados como sistema general y
la otra como dotacionales de carácter local aunque nunca hubo acuerdo entre
propietarios y consistorio para determinar el precio de las parcelas afectadas.
"Las
familias propietarias iniciaron el proceso administrativo en julio de 2010 ante
el Ayuntamiento de Riba-roja con el objeto de fijar el expediente de justiprecio
de las parcelas al que siguió la hoja de aprecio por un total de 6'7 millones
ante el silencio del consistorio, gobernado entonces por el Partido Popular", han explicado fuentes del Consistorio. Meses
más tarde, el ayuntamiento respondió a las pretensiones con una valoración de
los mismos en 979.340 euros ante los que las familias interpusieron un recurso
contencioso-administrativo que fue estimado parcialmente.
Por su
parte, el Jurado Provincial de Expropiación fijó el precio en 1'6 millones de
euros que fue recurrido por ambas partes al entender que el suelo en cuestión
está considerado como urbanizado mientras que un informe del ayuntamiento
subraya que se trata de "zona verde sistema general" que no puede ser
expropiado ya que debieron ser cedidas "gratuitamente" y rebaja su
valor a 979.000 euros.
El fallo
recuerda que "las razones o chapuzas que se hicieron en los años 70 no
interesan en este momento, el hecho cierto es que han quedado dos bolsas de
suelo urbano que ni se han expropiado ni han sido adscritas a ningún plan
parcial o urbanización, cierto que es una anomalía pero la responsable no es la
solicitante de la expropiación; no se debió permitir la ejecución de las
urbanizaciones sin incluir la zona verde que se debió obtener asignando
aprovechamiento a los propietarios o mediante expropiación cargo a los
propietarios de la urbanización".
Además,
los magistrados añaden que aunque la ley valenciana obliga a ceder el 10% del
suelo urbanizable "como las parcelas objeto de valoración no puede generar
aprovechamiento lucrativo alguno, no pueden obtenerse de ellas parcela
lucrativa y, por tanto, no cabe cesión de ningún tipo y máxime cuando las
urbanizaciones de referencia están ejecutadas".
El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha afirmado que
esta condena judicial
"es consecuencia
directa de la indolencia del anterior gobierno del Partido Popular del que
formaba parte la actual portavoz municipal María José Ruiz al ignorar este
asunto y ser incapaz de iniciar un diálogo con las familias propietarias de los
terrenos que nos habrían evitado el proceso judicial y, por tanto, un coste tan
elevado para las arcas municipales y que ahora el Tribunal Superior de Justicia
ha ratificado".
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