El equipo de gobierno de la Diputació de
València, representado por el presidente, Toni Gaspar, la vicepresidenta, Mª
Josep Amigó, y la diputada de Inclusión Social y Memoria Histórica, Rosa Pérez
Garijo, ha presentado este viernes el último presupuesto de la legislatura en
la corporación provincial, con un montante global de 486 millones de euros, un
2,7% más que en el presente ejercicio.
Las cuentas provinciales, de las que
desaparecen definitivamente las ayudas arbitrarias que en 2014 llegaron a ser
de 34 millones de euros, han sido aprobadas minutos después en el último pleno
del año, con los votos a favor de los cuatro grupos del equipo de gobierno y en
contra de la oposición. En el capítulo de ayudas directas de Presidencia solo
se mantienen 800.000 euros destinados a asociaciones y organismos sin ánimo de
lucro
En palabras del presidente, Toni Gaspar, “estos
presupuestos son los más justos en la historia de esta corporación”. Gaspar ha
justificado esta valoración haciendo balance de una legislatura en la que la
Diputació “ha conseguido el fin absoluto de la arbitrariedad, ha incrementado
las inversiones en los municipios, ha apostado por la autonomía de alcaldes y
alcaldesas a la hora de gestionar dichas inversiones y ha triplicado la partida
para servicios sociales”.
El presidente ha destacado “el diálogo entre
las cuatro partes de este gobierno en una corporación que no estaba
acostumbrada a este consenso y que ha demostrado que desde la diferencia se
pueden hacer cosas muy grandes”. Gaspar ha refrendado la apuesta de la
corporación por los municipios más pequeños, que en 2018 tuvieron una inversión
de 630 euros por habitante frente a los 125 euros de media en la provincia, y
ha abogado por la simplificación en la gestión “para poder hacer más cosas y
seguir incrementando esas ayudas directas a los municipios, que en 2019 pueden
superar una “cifra histórica” de 150 millones de euros.
Por su parte, la vicepresidenta, Mª Josep
Amigó, ha insistido en la eliminación de las ayudas discrecionales, que de cara
al ejercicio 2019 “serán tan solo 800.000 euros para asociaciones sin ánimo de
lucro, frente a los 34 millones de euros de la etapa anterior”, y ha afirmado
que “estas cuentas responden al objetivo de este gobierno de rescatar personas
vivan en el pueblo que vivan y de colaborar con otras instituciones, dentro del
espíritu del Pacto del Botánico”.
Amigó ha celebrado que “se ha terminado el
método del reparto por color político” y que a lo largo de la legislatura “han
llegado a los municipios valencianos más recursos que nunca bajo criterios de
justicia e igualdad”. La vicepresidenta ha extraído de las cuentas para 2019
los más de 3 millones de euros para centros sociales, “más de 20 millones esta
legislatura para crear 500 nuevas plazas públicas”, y los 10 millones destinados
a infraestructuras educativas, una partida que en el resumen de legislatura
supera los 23 millones de euros.
Inclusión
y Memoria
La diputada de Inclusión Social y Memoria
Histórica, Rosa Pérez Garijo, ha destacado el importante incremento de la
partida para servicios sociales básicos en los últimos 4 años, en especial en
los municipios más pequeños. Esta partida ha pasado de 4,8 millones de euros en
2015 a 13,7 millones de euros en el ejercicio 2019. Pérez Garijo también ha
puesto en valor, en su balance de la legislatura, la apuesta real de la
Diputació por la memoria histórica, que se ha traducido en ayudas económicas
que están sirviendo para recuperar los restos de personas represaliadas por el
franquismo. Para el próximo año, el área dispondrá de 1.350.000 euros.
Pérez Garijo ha centrado su valoración de la legislatura
en “el tránsito de una política asistencialista a un modelo que trabaja por la
justicia social”, y ha instado a seguir avanzando por este camino. En cuanto a
la memoria histórica y la implicación económica de la Diputació, la diputada ha
asegurado que el objetivo es “recuperar la dignidad de este país” y ha avanzado
que “la primera administración pública que ha exhumado fosas seguirá impulsando
políticas de memoria, justicia y reparación”.
Principales
partidas
El presupuesto para 2019 se desglosa en
distintas partidas entre las que destacan los 111 millones de euros para el
Hospital General, los 36 millones para el plan de Servicios y Obras Municipales
(SOM), 40 millones para infraestructuras y conservación de Carreteras, 18
millones para prevención de incendios a través de las brigadas forestales de la
Diputació, 13,7 millones para servicios sociales en ayuntamientos y
mancomunidades y 6,4 millones para asesorar y dar asistencia técnica a estos
entes locales.
En otros ámbitos y áreas de gestión se destinan
cerca de 5 millones de euros al fomento de actividades deportivas, 4,2 millones
a la restauración de bienes inmuebles, 3,7 millones a la gestión del ciclo
integral del agua, 2,5 millones para teleasistencia, 2,2 millones del programa
de becas para jóvenes, 1,6 millones para Teatros y un millón de euros para
Igualdad. El Consorcio Provincial de Bomberos, por su parte, dispondrá de un
presupuesto de 25,7 millones de euros el próximo año.
La
oposición en contra
El debate de aprobación de los presupuestos de
2019 en la última sesión plenaria del año ha dejado el voto en contra del grupo
popular, Ciudadanos y el diputado no adscrito, José Enrique Aguar. El propio
Aguar ha calificado el presupuesto como “triste y apagado” y, pese a agradecer
a la diputada de Hacienda la explicación de las cuentas se muestra disconforme
con la falta de personal y nuevas propuestas.
Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Mamen
Peris, ha cuestionado la “falta de consenso para hacer unos presupuestos
participativos”, así como el nivel de ejecución presupuestaria. Admite Peris el
esfuerzo por reducir el clientelismo, pero considera que “solo se ha conseguido
en los ayuntamientos”.
La última de las portavoces en intervenir ha
sido Mª Carmen Contelles, del Partido Popular, quien ve un presupuesto “casi
calcado al del año anterior, con la misma falta de voluntad de ejecutarlo”. En
opinión de Contelles, se trata de unas cuentas “elaboradas desde la desgana y
que responden al concepto de Diputación como cajero de la Generalitat”. En
resumen, la portavoz popular ve “una Diputación más lenta y costosa de
mantener”.
Desde la bancada del equipo de gobierno, el
diputado de Transparencia y portavoz de València en Comú, Roberto Jaramillo, ha
destacado el consenso en un presupuesto que “no podría ser nunca igual de
plural si lo hiciera un solo partido”, y ha instado a la oposición a consultar
a los ayuntamientos si están de acuerdo o no con el plan de transparencia con
el que trabaja la corporación.
La diputada de Hacienda, Rebeca Torró, ha cerrado el debate
presupuestario destacando “el giro de 180 grados que este gobierno ha dado a la
corporación provincial a lo largo de estos cuatro ejercicios, con unas cuentas
que demuestran que otra Diputación es posible, una institución en la que la
discrecionalidad ya no tiene cabida y en la que 9 de cada 10 alcaldes
consideran que las ayudas se reparten de forma objetiva”.
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