El Presidente de la Diputación de
Valencia, Jorge Rodríguez, y la Diputada de Asesoramiento y Asistencia
Municipal, Conxa García, se han reunido con el Delegado del Gobierno, Juan
Carlos Moragues, para trasladarle su “preocupación” y su
“malestar” por las
inspecciones que la Seguridad Social
ha llevado a llevado a
cabo en los ayuntamientos valencianos de menos de 5.000 habitantes. Los
técnicos prestan sus servicios en estos pequeños municipios en virtud de un
acuerdo de la Diputación con los colegios profesionales.
La reunión forma parte de la “hoja
de ruta” diseñada por
de la
Diputación de Valencia para dar solución a una
situación que “está generando mucho malestar entre los ayuntamientos afectados y
que podría tener para ellos graves consecuencias económicas y organizativas”,
según han señalado desde la Corporación provincial. No en vano, la actuación de
la Inspección de Trabajo persigue, de un lado, que los consistorios abonen las
cotizaciones de la Seguridad Social de estos técnicos correspondientes a los
últimos 4 años, con importes que van desde los 20.000 a los 40.000 euros, y por
el otro, que incorporen a estos técnicos a su plantilla de trabajadores, lo que
conllevaría un gasto que la mayoría de los municipios no puede afrontar y que
además entraría en contradicción con la prohibición legal de contratar que
tienen ahora mismo las administraciones locales.
Entre los argumentos aludidos por la
Diputación de Valencia para considerar que la actuación tanto de los
consistorios como de la institución provincial ha sido correcta y ajustada a
Derecho, figuran precisamente el hecho de que estos técnicos municipales
trabajan para los ayuntamientos en virtud de una relación de naturaleza
administrativa y formalizada en un contrato mercantil, cotizando como autónomos
y facturando por sus servicios. Esto es lo que les permite trabajar
simultáneamente para varios consistorios, así como realizar y facturar trabajos
complementarios, tales como redacción de proyectos. “De hecho, si formaran parte
de la plantilla de los ayuntamientos, como pretende la Inspección de Trabajo,
únicamente podrían trabajar para una administración cada vez y no podrían
realizar otro tipo de trabajos, ya que incurrirían en incompatibilidad”, ha
recordado Conxa García.
Asimismo, el Delegado de Gobierno ha
transmitido a los representantes de la Diputación que se reunirá con el
Secretario de Estado de la Seguridad Social para abordar esta situación e
intentar encontrar una alternativa. “No estamos ante una cuestión política sino
ante una cuestión jurídica por varias sentencias contradictorias y donde la
interpretación final de la ley corresponde a los tribunales”, ha asegurado
Moragues. En este sentido, el representante del Gobierno ha recordado que “no se
está hablando de sanción sino de regularizar la situación de los trabajadores y
el pago de dichas cuotas no se realizará hasta que haya una sentencia
firme”.
Hoja de ruta para los
ayuntamientos
Desde la Diputación se ha
transmitido a los alcaldes y alcaldesas que “pueden estar tranquilos porque no
están cometiendo ninguna irregularidad”. Asimismo, se les ha recordado que no
deben pagar todavía ninguna cantidad, pues “esta reclamación no se convertirá en
una obligación concreta hasta que no finalice el procedimiento administrativo”,
motivo por el cual conviene que presenten las alegaciones correspondientes una
vez recibida el acta.
En este sentido, Conxa García ha
recordado que la Diputación ha remitido un modelo de alegaciones a todos los
ayuntamientos para ser utilizado en este caso y les ha advertido de que estén
atentos a la recepción del acta, pues es probable que lleguen en muchos casos en
pleno mes de agosto, cuando la mayor parte del personal está de vacaciones, y el
plazo para responder es únicamente de 15 días.
A partir de aquí, los siguientes
pasos a dar dependerán de cuál sea la respuesta por parte de la Inspección de
Trabajo. Tal como ha explicado el jefe del Servicio de Asesoramiento Municipal,
Enrique Moreno, en el caso de que se desestimen las alegaciones, habrá que
presentar un recurso administrativo ante la Tesorería de la Seguridad Social y,
de ser éste también desestimado, lo que cabría es presentar una demanda judicial
ante la jurisdicción competente. “En ambos casos, seguiría siendo la Diputación
de Valencia la que centralizara las acciones y proporcionara a los ayuntamientos
los correspondientes modelos de reclamación y, en su caso, proporcionara la
asistencia jurídica y letrada necesaria de forma completamente gratuita”, ha
comentado Moreno.
Podría ocurrir, sin embargo, que la
Inspección de Trabajo estimara las alegaciones de los ayuntamientos, ya fuera en
su petición de archivar el expediente, lo que daría por finalizado el proceso, o
bien la petición alternativa que, motivada en la existencia de dos sentencias
previas del Tribunal Superior de Justicia de los años 2009 y 2010 en los que,
ante casos idénticos, se daba la razón a los ayuntamientos, se abriera un
incidente judicial, lo que, según ha indicado Enrique Moreno, “paralizaría el
procedimiento administrativo en tanto en cuanto dicho incidente no se
resolviera”.
En cualquier caso, la diputada Conxa
García ha insistido en que “estamos
ante un proceso largo y complejo pero, a pesar de ello, los ayuntamientos no es
necesario que realicen ningún trámite de forma independiente, porque son los
servicios jurídicos de la Diputación los que están asumiendo y centralizando
todas las gestiones y, en el caso de que finalmente hubiera que iniciar un
proceso judicial, también estarían cubiertos”, ha añadido la diputada
provincial.
Desde la Diputación de Valencia se
reiteró una vez más el mensaje de que la institución provincial estará al lado
de los ayuntamientos “hasta el final”, asesorándoles y defendiéndoles y
“agotando todas las vías necesarias para evitar que los consistorios tengan que
prescindir de estos servicios básicos”.
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