La inoperancia con la nueva Ley de Contratos del alcalde, el secretario municipal y el interventor deja a decenas de empresas de Sagunt sin cobrar

El alcalde, el secretario municipal y el interventor. EPDA

Dos leyes claves en el último año. La de morosidad no se cumple. EPDA

Inoperancia. Dejadez. Pasotismo. Son términos que pueden aplicarse a la manera en que han afrontado el alcalde de Sagunt, Francesc-Quico Fernández, así como el secretario del ayuntamiento, Emilio Olmos, y el interventor municipal, Sergio Pascual, la aplicación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que fue aprobada en octubre de 2017 en el Congreso de los Diputados y entró en vigor en marzo de este ejercicio. A pesar de haber pasado un año, el equipo de gobierno y los dos funcionarios más importantes que deben velar por la seguridad jurídica y también por cumplir con la Ley de Morosidad -que obliga a pagar a proveedores a los 30 días de contabilizada las facturas-, no han realizado diligentemente su trabajo, provocando un caos, un atasco absoluto, con decenas de proveedores, que llevan meses sin cobrar en tiempo y forma.

Se da la circunstancia de que la Ley de Morosidad, que fue modificada en abril de este año, obliga a las administraciones públicas a abonar las facturas de sus proveedores a los 30 días de haber sido registrada. Esta ley trataba de evitar los males del pasado, que habían hecho que las administraciones, especialmente los ayuntamientos, llegaran a acumular meses e incluso años de retrasos en el pago a sus proveedores, causando el cierre de miles de empresas y el hundimiento de miles de autonómos por toda España. Con tal motivo, en el último gobierno de Rodríguez Zapatero se aprobó un Plan de Pago a Proveedores que vino a dar oxígeno a las empresas que habían conseguido mantenerse en pie.

Sin intereses de demora

Precisamente para evitar aquella dramática situación que se vivió desde 2008 y hasta 2013-14 se aprobó la mencionada Ley de Morosidad, una norma que se ha convertido en papel mojado para muchas administraciones, especialmente para este Ayuntamiento, que es incapaz de cumplir con lo que marca la ley y pagar a 30 días sus obligaciones con los proveedores.

A esta circunstancia, se une otra igual o más sangrante, como es el hecho de que no paga intereses de demora, como marca la ley, cuando incumple los plazos de liquidación de las facturas. De manera que si un proveedor quiere cobrar dichos intereses de demora, hay que exigirlos por registro de entrada e incluso a acudir a los tribunales. Por el contrario, se da la cirscunstancia de que si el vehículo de un proveedor con el que el Ayuntamiento tiene una deuda, recibe una multa de la Policía Local, automáticamente se descuenta de la deuda que mantiene el Consistorio con el cliente.

Cabe destacar que en el último pleno de debate del estado de la ciudad, el portavoz del PP, Sergio Muniesa, criticó la “incapacidad” de gestión del equipo de gobierno que “está ahogando a los proveedores de esta ciudad”. “La ley es igual para todas las administraciones y otras no tienen estos problemas de pagar a tiempo a sus proveedores”, ha matizado Muniesa, quien ha lamentado que el ejecutivo actual “no ha sabido anticiparse a los problemas”. “En la pasada legislatura nunca ha habido retrasos y ahora hay muchos proveedores de esta ciudad que se están asfixiando por culpa de este equipo de gobierno”.

Desde los departamentos de Hacienda y de Contratación del Ayuntamiento de Sagunt, los ediles Enric Ariño y Pepe Gil, respectivamente, han achacado esta situación a la nueva Ley de Contratos que “está ralentizando la gestión municipal”, ha afirmado Ariño. “Ahora todo lo que se compra y se factura tiene que estar basado en un contrato, y si no tiene, hay que hacer un informe de omisión de fiscalización para justificar el gasto, lo que hace más lento el procedimiento”, detalla Ariño. Lo que no explican es por qué hay empresas que llevan más de 6 meses sin cobrar.

El secretario municipal, estuvo ayer en varias reuniones y no pudo ponerse al teléfono.

Plan de Medios

El Plan de Medios aprobado por el Ayuntamiento de Sagunt ha quedado en agua de borrajas. Este plan, aprobado en el pleno del 27 de febrero de 2018 por mayoría absoluta, estipula la publicidad institucional que el Ayuntamiento de Sagunt acuerda contratar con los diferentes medios de ámbito local, durante todo el año, un año inédito y que suponía darle máxima transparencia al reparto publicitario, teniendo en cuenta la distribución y penetración de cada medio, así como la organización de eventos que benefician a la ciudad y la comarca.

Sin embargo, desde octubre ya no se aplica. El Consistorio ha paralizado este plan pese a su aprobación en el pleno por mayoría absoluta, dejando en la estacada a los medios locales, estando en dicho pleno tanto el secretario municipal, como el interventor, quienes no pusieron ningún reparo ni inconveniente, lo que se interpretó con que sería una buena fórmula para cumplir con la Ley de Contratos.

El silencio vino acompañado de algo peor: la mayoría de facturas que se han emitido dentro de dicho plan están impagadas, por lo que las cantidades que estipula el plan de medios del Ayuntamiento de Sagunt ni se han cumplido ni se ajustan a la realidad.

Según el edil de Contratación del Ayuntamiento de Sagunt, Pepe Gil, con la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público en marzo de 2018, posterior al Plan de Medios aprobado días antes, la publicidad institucional “tiene que tener un contrato y según interpretan el secretario y el interventor, el Plan de Medios no vale como contrato”, ha matizado Gil.

En caso de no haber un contrato, según ha explicado el concejal de Contratación, “se debe hacer un informe de omisión de fiscalización que ha de firmar un técnico”. El problema, apunta Gil, es que en el departamento de Alcaldía, que es el que contrata la publicidad institucional, “no hay asignado ningún técnico y estamos buscando la solución para ver qué persona tiene que firmar estos informes, necesarios para poder pagar las facturas”. Sin embargo, sí está la figura del técnico de Comunicación, José Luis Lozano, quien se negó a abrir un expediente que habría agilizado el pago, apoyado por el concejal y para más inri periodista, Guillermo Sampedro (EU).

Para solventar este problema, Gil ha anunciado que al año que viene el Plan de Medios se tramitará desde el departamento de Comunicación donde sí que hay un técnico del área, que se hará cargo de la publicidad institucional.