Agentes
de la Policía Nacional,
en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social,
han detenido a 59 personas durante el desarrollo de la operación
“Galatea” dirigida contra el fraude a la Tesorería General de la
Seguridad Social. Las actuaciones se han realizado en las provincias
de Alicante, Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Castellón,
Gerona, Huesca, La Coruña, León, Lugo, Madrid, Sevilla, Toledo,
Valencia, Valladolid y Zamora y la estafa se ha cuantificado en torno
a los 18.705.509,87 euros.
Las
investigaciones comenzaron a principios del año 2018, tras recibir
varias denuncias que informaban sobre hechos ilícitos cometidos
contra la Tesorería General de la Seguridad Social. Tras el análisis
de la documentación, se observó que, con el fin de eludir el pago
de las cantidades adeudadas y frustrar las legítimas aspiraciones de
cobro de la Tesorería, se crearon entramados empresariales con
empresas deudoras y empresas pantalla a las que se les repercutían
los beneficios y el patrimonio.
Los
59 detenidos han resultado ser principalmente los administradores de
hecho de las empresas, pero también sus testaferros –algunos de
ellos trabajadores que figuraban en connivencia-, así como
familiares de los primeros. Se les ha imputado delitos contra la
Seguridad Social (fraude de cotizaciones), frustración a la
ejecución, fraude a la Seguridad Social (fraude de prestaciones),
falsedad documental, grupo criminal, contra el derecho de los
trabajadores y apropiación indebida.
Avanzadas
las investigaciones, se realizaron informes patrimoniales de las
personas implicadas con el fin de que pueda solicitarse el embargo de
los bienes localizados.
Crearon
un grupo empresarial dedicado a la enseñanza
En
Madrid se ha desarticulado un grupo empresarial no transparente
dedicado a la enseñanza y a la educación, creado con la intención
de generar confusión entre las sociedades que lo conformaban. Tres
de las empresas soportaban el alta de todos los trabajadores,
generando las deudas a la Seguridad Social al no abonar las cuotas de
los docentes y administrativos. Además, sufría en sus cuentas todos
los gastos de mantenimiento de edificios, pagos de proveedores y
personal.
Elegían
diferentes empresas para recibir los ingresos del grupo empresarial,
recibidos principalmente de las cuotas de los alumnos de un centro
educativo Internacional situado en Madrid, el cual hacía de unión
entre todas las mercantiles.
El
director del centro educativo orquestó presuntamente el fraude a la
Seguridad Social administrando todas las empresas investigadas, en
las que había una plantilla única y patrimonio social confundido,
existiendo trasvase de trabajadores sin conocimiento de éstos ya que
sus labores siempre eran similares en el mismo lugar.
Sólo
en el año 2017, dos de las empresas pantalla recibieron un volumen
de 6.478.414,3 euros que fueron desviados desde las empresas
deudoras, si bien la deuda generada a la Seguridad Social desde el
2011 por este grupo asciende a 4.204.739,33 euros.
El
responsable de estas actividades ilícitas ya fue investigado por
hechos similares ocurridos entre 2009 y 2010. En aquella ocasión se
le detuvo por delitos contra la Seguridad Social y frustración de la
ejecución.
La
garantía de una pala cargadora a la que le quitaron su motor
En
la provincia de León se ha detenido al ideólogo de una sucesión
empresarial dedicada a la “explotación de canteras”, así como a
sus testaferros, quienes no habían abonado ninguna cotización de
los más de 170 trabajadores que había tenido de alta desde el año
2009 hasta nuestros días, generando a la Seguridad Social una deuda
por el impago de los seguros sociales de unos 575.000 euros.
Se
crearon sociedades superpuestas en el tiempo con el objetivo de
suceder a la deudora anterior, continuando la misma actividad en el
mismo local y, así, operar en el mercado con una empresa limpia de
cargas.
Los
investigadores observaron que el capital social ascendía a casi un
millón de euros y su patrimonio neto declarado en 2016 rondaba el
millón doscientos mil euros. Sin embargo, sobre el papel carecían
de patrimonio de cierto valor.
Se
acreditaron indicios de descapitalización; trasvase de trabajadores;
unidad de dirección de las empresas; utilización de testaferros;
facturación cruzada; y búsqueda por parte de socios y órganos de
gestión de falsa apariencia de independencia entre empresas.
Además,
utilizaban fraudulentamente la falta de pago de las cuotas a la
Seguridad Social como una herramienta de gestión empresarial,
reduciendo costes frente a competidores, que no podían rivalizar en
el precio de la venta de pizarra y piedra ornamental al tener que
soportar costes superiores.
Para
retrasar o impedir el legítimo cobro de la deuda por parte de la
Tesorería General, los investigados llegaron a acuerdos de
aplazamiento que incumplieron. En uno de estos acuerdos se constituyó
como garantía de pago una pala cargadora caterpillar y, al requerir
la Tesorería General de la Seguridad Social su cobro, se negaron a
entregarla. Posteriormente fue localizada por los cuerpos de
seguridad para su precinto, aunque estaba inservible y sin valor
porque los propietarios le habían quitado el motor.
Dos
personas fueron detenidas por estos hechos y una más resultó
investigada por los delitos contra la Seguridad Social y frustración
de la ejecución.
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