Material incautado La
Policía Nacional ha liderado un equipo de investigación formado por
cuerpos policiales de España, Reino Unido y Dinamarca, además de
Europol, dirigido contra la distribución de señal ilícita a través
de IPTV (Internet Protocol Television). Como resultado, se ha llevado a cabo la mayor operación
realizada hasta la fecha a nivel europeo contra este delito y se ha
puesto fin a una infraestructura tecnológica internacional muy
compleja compuesta por once “granjas” de servidores distribuidas
por todo el mundo, algunas de ellas con más de 44 servidores.
La
investigación se inició a finales de 2015, tras la denuncia
presentada por la Premier
League
por un presunto delito contra la propiedad intelectual llevado a cabo
por una web radicada en Málaga, ofreciendo suscripciones de IPTV con
acceso a multitud de canales internacionales de acceso condicional.
Tras la denuncia, los agentes de la Policía Nacional constataron la
gran envergadura de la ilícita actividad al comercializar,
presuntamente, servicios de abono a suscripciones de IPTV que
permitían el acceso al visionado de más de 800 canales televisivos,
a un repositorio de obras audiovisuales protegidas y a un listado de
emisoras de radios extranjeras.
Además
se comprobó la existencia de una decena de suscripciones
categorizadas principalmente por el país de origen de los canales,
lo que implicaba que la infraestructura necesaria para la
interceptación y distribución debía de ser de especial relevancia.
El precio de las suscripciones variaba no solo por el tipo de
suscripción, sino por el tiempo de abono a la misma y oscilaba de
los 40 euros mensuales a los 460.
Los
agentes también se percataron de que a la página web denunciada
había asociados varios perfiles en redes sociales, promocionando sus
servicios para obtener mayor clientela. Además, la investigación
permitió averiguar que no solo se estaba cometiendo el delito a
través de la página denunciada, sino que existía cerca de una
veintena de ellas. A pesar de que las titulares del negocio eran
sociedades españolas, el pago de las suscripciones se tenía que
hacer a una sociedad gibraltareña.
Fruto
de las pesquisas policiales y del avance de la investigación, se
comprobó que detrás de los hechos había un entramado societario y
de páginas web coordinado por una organización criminal
especializada de carácter internacional con ramificaciones en
España, Dinamarca, Reino Unido, Letonia, Países Bajos y Chipre.
Entramado
de páginas web y sociedades
La
estrategia utilizada por los investigados consistía en utilizar
multitud de servidores e ir cambiándolos periódicamente, creando
paulatinamente nuevas páginas web hasta constituir un entramado
que, en principio, no tenía relación. De esta forma pretendían no
ser detectados por la Policía Nacional y seguir lucrándose del
delito.
Tras
una investigación pormenorizada, los policías descubrieron un nexo
de unión entre las sociedades titulares y las cuentas bancarias
beneficiarias de las suscripciones, siempre pertenecientes a los
integrantes de la organización.
La
investigación constató que, para dificultar el rastro, cada vez
mostraban menos el contenido ofrecido y que, además, estaban
contratando sistemas de anonimización. Habían evolucionado
tecnológicamente de manera que les estaba permitiendo aumentar el
volumen de clientela, dado que ofrecían diversas formas de acceso al
visionado de canales cada vez más innovadoras. Se ha identificado
subscriptores en más de treinta países.
Infraestructura
para dar apariencia legal
Para
dar apariencia de legalidad al negocio ilícito y blanquear los
beneficios, creaban empresas con actividad lícita y con un objeto
social relacionado con la provisión de servicios de
telecomunicaciones, internet y hardware. Por un lado poseían la
infraestructura técnica y tecnológica necesaria para poder llevar a
cabo su negocio lícito (operadores de fibra) y también el negocio
ilícito (las suscripciones ilegales de IPTV) y, por otro, la
circunstancia de que eran operadores autorizados para fibra les
servía de argumento para que los clientes creyesen que también lo
eran para la distribución de canales extranjeros.
Así
conseguían mezclar los ingresos procedentes de las suscripciones con
los procedentes de la actividad legal para evitar su rastreo. De
forma paralela al entramado de las páginas web, también se ha
identificado otro de sociedades creadas con la finalidad de
diversificar la responsabilidad y beneficios del delito.
Dado
que se trataba de un entramado de carácter internacional, los
investigados necesitaban mantener un control efectivo por lo que
contaban con socios o personal de confianza ubicados en Dinamarca,
país donde encontraba la otra rama más relevante de la actividad.
Concretamente, se ha comprobado que la ramificación danesa se
dedicada principalmente al apoyo técnico y tecnológico del delito,
ya que las buenas condiciones de banda ancha del lugar permitía que
desde allí se procediese a la interceptación ilícita de
determinados canales televisivos y, por ende, a la captación de
nuevos clientes.
Operativo
policial
Tras
analizar todos los datos recopilados, se llevó a cabo una operación
policial internacional entre España, Dinamarca y Reino Unido
relativa a un delito contra la propiedad intelectual. Esta operación
fue dirigida por España en el marco del Equipo Conjunto de
Investigación y, además, se contó con la participación muy activa
de Países Bajos como consecuencia de una Comisión Rogatoria
Internacional,
Durante
el operativo se realizaron 14 registros simultáneos: ocho en España
(provincias de Málaga, Madrid y Alicante), cuatro en Dinamarca y dos
en Reino Unido. Durante la práctica de los mismos se pudo acceder a
información muy relevante y que confirmaba lo sospechado por los
investigadores. De hecho, durante el operativo se procedió a la
desconexión de 66 servidores que en esos momentos estaban siendo
utilizados para la comisión del delito y se detectó e identificó
al resto de servidores que formaban parte de una red de ordenadores
conectados a nivel internacional. Por los datos que se tienen hasta
el momento, se sabe que forman una red de 11 “granjas” de
servidores, sin poder determinar el número de servidores que compone
cada una de ellas.
El
dispositivo finalizó con la detención de cinco personas y la toma
de declaración como testigos de otras diez. Los tres detenidos en
España, una vez puestos a disposición del Juzgado, ingresaron en
prisión.
Importantes
beneficios económicos y alto nivel de vida
Una
de las principales características de este ciberdelito es la alta
rentabilidad. En el caso de esta operación se ha calculado que desde
el inicio de la actividad habrían obtenido un beneficio económico
de unos 8 millones de euros. Además, desde el año 2013 han estado
desviando más de 1.600.000 euros a sociedades ubicadas en el
extranjero.
Los
arrestados residían en urbanizaciones de lujo de la costa malagueña,
usando vehículos de alta gama que continuamente iban renovando. De
hecho, en el operativo se intervinieron 12 vehículos de alta gama,
además de bloquear cuentas bancarias y bienes inmuebles.
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