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PABLO ABELLEIRA

leyes, con minúsculas

Portavoz de ADN Morvedre en el Ayuntamiento de Sagunto
- 14/06/2018

Las últimas decisiones a nivel normativo tomadas por las administraciones públicas representan un duro revés a todos los que amamos y vivimos la recuperación y protección de nuestro patrimonio. Nuestro país nunca ha destacado en políticas de protección patrimonial y menos en políticas de protección de los oficios tradicionales, ni de las empresas de restauración o restauradores de los bienes patrimoniales.

Por un lado, la nueva Ley de Contratos del sector público está redactada de tal forma y carácter que únicamente favorece a las grandes empresas constructoras que contratan con la administración todo tipo y clase de obras. Esta práctica dificulta enormemente el acceso a las licitaciones públicas de los profesionales autónomos y las pequeñas empresas de restauración, especialmente formados en conservación-restauración de bienes culturales.

En nuestra ciudad puedo asegurar que las ultimas restauraciones licitadas y contratadas por este método han sido un absoluto desastre y nuestras protestas no servirán de nada una vez más. El principal problema de la anterior ley era la contratación a la baja económica sin fomentar la excelencia. Se suele dar la circunstancia que para arreglar el desastre suelen acabar los trabajos contratados estas pequeñas empresas de restauración a un precio y salario de miseria.

Por otro lado, la esperada ley de Mecenazgo de la Comunidad Valenciana que debería de impulsar otro tipo de financiación que complementara la prácticamente única que es la realizada con dinero público, se queda en premiar el prestigio personal de millonarios protectores que obtienen todo tipo de beneficios fiscales. Sólo cuenta el dinero. Aquellos que realizan labores desinteresadas como el voluntariado o la publicación desinteresada de su trabajo para fomentar la lengua valenciana, o incluso la persona que con su esfuerzo está obligado por ley a recuperar la fachada de su vivienda en cualquier núcleo histórico protegido, queda fuera del más mínimo beneficio por su contribución a la protección de nuestra herencia cultural.

El gran esfuerzo realizado por nuestro Ayuntamiento en la recuperación se ve pisoteado por este tipo de decisiones administrativas autonómicas y nacionales. Mal, muy mal se presenta el panorama de la gestión patrimonial con estas decisiones mientras en los países de nuestro entorno se valora enormemente la profesionalidad y garantizan el uso y acceso de los bienes patrimoniales y culturales recuperados para facilitar su sostenibilidad, así como su difusión y disfrute por parte de la ciudadanía.

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