Desde
primera hora de la mañana y durante toda la jornada del domingo, los
compañeros del Turno de Oficio de Extranjería del ICAV estuvieron
al lado de las personas que llegaban al Puerto de Valencia a bordo
del ‘Aquarius’ y dos barcos más. Todos los migrantes, excepto
las mujeres embarazadas y los niños pequeños que pasaron
directamente a atención hospitalaria, recibieron asesoramiento
jurídico de los letrados del ICAV.
Las
diputadas de la Junta de Gobierno del Colegio, responsables del Turno
de Oficio, Pilar Jove y Ester Sanchís, junto con compañeros de la
Sección de Extranjería y Derechos Humanos, distribuyeron a los
letrados en grupos de 10, que iban siendo requeridos conforme se iba
atendiendo a los migrantes.
“Después
de la atención sanitaria y la filiación hecha por parte de la
policía a los migrantes, entraban nuestros compañeros quienes
comunicaban a los migrantes el permiso extraordinario de 45 días
concedido y a continuación les informaban de que durante esos días
tienen que pedir asesoramiento de los letrados bien para tramitar el
asilo o para seguir cualquier otra recomendación jurídica”, nos
aseguraba Ester Sanchís.
El
Colegio de Abogados de Valencia también estuvo presente el día
anterior, sábado, en la reunión de preparación de todo el
dispositivo que tuvo lugar en el Muelle 1 del puerto de Valencia,
donde estaba previsto que arribara la flotilla.
Desde
que se supo que Valencia iba a recibir a los migrantes del
‘Aquarius’, el ICAV se puso a disposición del Gobierno para
colaborar en todo lo necesario con el objetivo de asesorar y
garantizar los derechos.
La
respuesta masiva por parte de los compañeros a la llamada que se
hizo desde el Colegio para asistir a los migrantes, es un buen
ejemplo del sentido de servicio público universal que el Derecho
significa para los compañeros de Turno de Oficio de Extranjería y
Derechos Humanos, y el Turno de Oficio en general. Desde aquí
queremos felicitar a todos los letrados que han demostrado y
demuestran día a día su solidaridad y el cumplimiento de servicio
público, garantizando al ciudadano los derechos fundamentales que le
amparan.
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