Juan Carlos Galindo. El
día 26 de mayo estamos llamados a las urnas para renovar, o no,
nuestros votos dados en las anteriores elecciones municipales del 2015.
En aquellas elecciones solo se hablaba de transparencia en las
administraciones, los partidos políticos se afanaban en conseguir un 10
en el índice de transparencia de la prestigiosa organización
Transparencia Internacional. Parecía que el mensaje había calado, pues
bien, nada más lejos de la realidad.
Transparencia
internacional dejo de hacer los estudios, porque vio que su índice era
utilizado por los partidos políticos como herramienta de márquetin, para
después no hacer nada de nada de lo comprometido en el índice, es
decir, engañarnos a todos, poco han cambiado, o más bien nada. Todos los
partidos políticos incumplen sistemáticamente la ley de transparencia y
la ley de partidos políticos, ¡¡todos ¡¡ y aquí no pasa nada, ahora
bien, incumplamos nosotros alguna ley y verán lo que nos pasa.
¿En
qué estado nos encontramos hoy, al respecto de la lucha contra la
corrupción en la administración local? pues igual que hace 4 años,
exactamente igual nada ha cambiado, la brecha de riesgo sigue siendo la
contratación pública y dentro de la misma, la contratación en los
ayuntamientos. Parecía que la nueva ley de contratación pública
electrónica cerraría la brecha, pues tampoco, en definitiva, un
desastre, un quiero y no puedo, o más bien, un puedo y no quiero,
cambiar nada.
En
la actualidad, es difícil localizar una comunidad autónoma donde no
haya consistorios afectados por contratos públicos sin control y que
acaban beneficiando a los propios concejales y personas allegadas. Si a
esto se le suma la libertad de los alcaldes a la hora de fijar su propio
sueldo, da la impresión de que los ayuntamientos son terrenos abonados
para este tipo de prácticas. Existen varias técnicas de burlar la ley
para conceder contratos municipales de forma discrecional, y, por tanto,
sin control y en una zona que puede constituir corrupción.
Por
ejemplo, los contratos públicos por pagos inferiores a una cantidad
específica (15.000€), marcada por ley, a veces se repiten en varias
partidas y con el mismo beneficiario, de manera que la suma total excede
la cantidad permitida, pero dentro de cada plazo y cada factura, se
cumple con lo establecido.
Los
contratos más habituales usados para burlar la legislación son: agua,
recogida de basura, alcantarillado, transporte público, servicios
profesionales, uniformes de la policía local, regulación semáforos,
etc...
Pero,
sobre todo en la creación de las empresas públicas, ideadas por los
consistorios con fines productivos y de bien social, pero al final, más
bien, sus fines son otros, como la colocación de amiguetes y personal
del partido político y saltarse los “pocos controles” que existen en la
administración, ya que estas empresas no están sujetas a ellos, como los
casos IMELSA, DIVALTERRA, EMARSA …etc.
No
veo a ningún partido político aportando soluciones concretas, para
parar esta sangría, que no cesa, más allá de fotografiarse con una silla
transparente, por cierto, patética imagen de un partido que tiene a
todos sus concejales imputados/Investigados por alguna causa delictiva y
relacionada con la corrupción pública, esperábamos algo más, mucho más,
y si, hablo del partido popular en la ciudad de valencia.
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