Los peajes de las autopistas rescatadas bajarán el 30 % el 15 de enero

Entre ellas se encuentra la de la circunvalación de Alicante

Los peajes por el uso de las autopistas quebradas bajarán una media del 30 % a partir del 15 de enero, ha anunciado hoy el ministro de Fomento, José Luis Ábalos

EFE - 11/12/2018

Imagen de la AP-7 a su paso por Alicante. EFE/Archivo

Los peajes por el uso de las autopistas quebradas, entre ellas la circunvalación de Alicante, bajarán una media del 30 % a partir del 15 de enero, ha anunciado hoy el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quien ha explicado que con esta medida prevén impulsar la utilización de estas vías y, por tanto, elevar sus ingresos.

Por otra parte, ha avanzado que de lograrse un acuerdo sobre las condiciones de aplicación del Plan de Inversión Extraordinaria en Carreteras (PIC), en los próximos dos o tres meses se podría sacar adelante una gran licitación en carreteras por valor de 2.500 millones.

Las autopistas quebradas son la AP-41, que discurre entre Madrid-Toledo y en breve revertirá al Estado, y las ya revertidas: R-2, R-3, R-4 y R-5, conocidas como las radiales madrileñas; la AP-36, entre Ocaña y La Roda; la AP-7 Cartagena (Murcia)-Vera (Almería); la Circunvalación de Alicante y la M-12 Eje Aeropuerto.

Recientemente, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley para dar cobertura legal al cobro de peajes por parte la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa), organismo dependiente de Fomento que ha asumido la explotación de estas vías.

"Tenemos la intención, bueno lo vamos a hacer, de reducir el peaje un 30 % a partir del 15 de enero de 2019", ha dicho Ábalos en un foro organizado por El Economista, en el que ha asegurado que el objetivo es promocionar su uso y así recaudar más.

Además, permitirá mejorar la movilidad, así como aprovechar estas infraestructuras, según el ministro, quien ha añadido que confía en que esta medida sirva para avanzar en la reflexión por parte de las fuerzas políticas sobre el futuro de la financiación de las vías de alta capacidad (autovías y autopistas).

Respecto a la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) que habrá que abonar a los dueños de las concesionarias, en su mayoría fondos que compraron su deuda, ha dicho que aún no ha sido calculada y que en el caso de que los afectados no estén de acuerdo siempre podrán recurrir.

"Vamos a cuantificar bien. A efectos de déficit ya está contabilizado", ha dicho el ministro, que ha asegurado que el Gobierno no descarta volver a licitar la gestión de estas autopistas aunque por rentabilidad y plazos serán "menos apetecibles" para los inversores.

Ha insistido en la necesidad de implicar al sector privado en la inversión en infraestructuras de transporte y, aunque ha rehusado opinar sobre cómo hacerlo, ha insistido en que por el uso de otras infraestructuras, como puertos, aeropuertos y vías, se paga.

Estas nuevas fórmulas de colaboración pública privada se anunciarán cuando las "tengamos atadas desde el punto de vista jurídico y financiero", ha aseverado Ábalos, quien ha subrayado que precisamente las deficiencias detectadas en los contratos para desarrollar el PIC, elaborado por el PP y valorado en 5.000 millones, están retrasando su puesta en marcha.

"El PIC no cumplía la Ley de Contratos y todas las actuaciones iban a computar a deuda pública. Tenía un alto coste financiero y un aplazamiento de la carga a muchos años (...). Muchos proyectos anunciados no estaban maduros", ha dicho Ábalos, quien ha asegurado que los que si estén maduros se sacarán del plan para poder llevarlos adelante.

Por ello, el próximo viernes el Consejo de Ministros licitará el correspondiente a Murcia, ha avanzado Ábalos, quien ha apuntado que se pueden obtener condiciones no lesivas para los intereses del Estado y que, de lograrse un acuerdo, se podrían poner en marcha en dos o tres meses una gran licitación de carreteras por 2.500 millones.

"Al menos, licitaremos 1.000 millones entre este mes y el que viene", ha dicho el ministro, que ha abogado por lograr un acuerdo para poder retomar un PIC "adaptado a las condiciones actuales del Estados".

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