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CASO ALQUERÍA

Los siete "enchufados" de la Diputació de València de Rodríguez iban a costar 2 millones de euros

El auditor interno de la empresa ha declarado ante la Fiscalía que estos nombramientos "tenían un marcado cariz político y no había necesidad de realizar" estas siete contrataciones

EFE - 16/04/2019

El expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, atiende a los medios de comunicación tras quedar en libertad. EFE/Archivo

La UDEF ha cifrado en cerca de dos millones de euros el coste para las arcas públicas que hubiese supuesto la contratación, durante toda la legislatura, de las siete personas supuestamente colocadas irregularmente en la Diputación de Valencia en otoño de 2015, a razón de 70.000 euros brutos cada uno.

En un informe entregado al Juzgado de Instrucción número 9 y que consta en el sumario del caso Alquería, al que ha tenido acceso EFE, se reputan como supuestamente ilícitos siete contratos de alta dirección que se realizaron, al parecer, sin los preceptivos informes jurídicos ni financieros y, según la declaración de testigos, por indicación de Presidencia o asesores cercanos.

El auditor interno de la empresa, en su declaración ante la Fiscalía en calidad de testigo, dijo que estos nombramientos "tenían un marcado cariz político y no había necesidad de realizar" estas siete contrataciones, de las que "tres son afines a Compromís y cuatro al PSOE", partido este último al que pertenecía el presidente de la institución, Jorge Rodríguez.

Según la UDEF, los cogerentes de Divalterra Josep Ramón Tiller y Agustina Brines "remodelaron la estructura de la empresa para configurar seis áreas, a cuyo frente decidieron colocar a cargos ligados al PSPV".

"La creación de estos puestos de alta dirección ha podido generar una actuación arbitraria y caprichosa en la contratación de las citadas personas", todo ello mediante "artificios buscados para tratar de amparar unas contrataciones que responden a un favorecimiento de los miembros del partido dominante en la Diputación", añade el informe policial.

El citado sumario incluye declaraciones y correos electrónicos que "podrían evidenciar el conocimiento de estas arbitrariedades y artificios" por parte los investigados en la causa, que "revelan también la creación de una estructura de gobierno paralela a la voluntad del consejo de administración -de Divalterra-".

Estos contratos de alta dirección, junto con los anteriores ya realizadas de Agustina Brines como vicegerente de Imelsa y de José Luis Vera como director de los Servicios jurídicos, transparencia y administración de Imelsa, sumaron nueve contrataciones en la modalidad de alta dirección.

El citado informe refleja que, en la fecha en la que se produjeron las contrataciones, estaba pendiente por parte de la Diputación la clasificación de la entidades del sector público y, por tanto, no se había determinado el número máximo de directivos que podían contratarse bajo esta modalidad.

El caso nace de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, en cuyo planteamiento cuestiona que estas contrataciones respondan a la verdadera necesidad de la empresa, produciendo una posible "vulneración de los principios de austeridad, eficiencia y transparencia en la gestión del sector público".

Según el fiscal, en 2015 el personal de alta dirección de Divalterra pasó de uno -el gerente- a diez, sin tener en cuenta los Presupuestos del Estado para 2015 y la Disposición de reducción de la carga financiera del 25 de julio que determinaba que las sociedades mercantiles públicas no podrían contratar a nuevo personal salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.

Con ello parece evidente, según los informes obrantes en el sumario, que no se cumplían las exigencias legales para considerar las siete contrataciones como personal de alta dirección, así como que tampoco se han emitido informes técnicos que acrediten la concurrencia de circunstancias excepcionales, urgentes e inaplazables.

Jorge Rodríguez fue detenido el 27 de junio de 2018, junto a dos asesores y tres altos cargos de la empresa pública Divalterra, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

Dos días más tarde el PSOE lo suspendió de militancia y tres días después presentó su renuncia tanto a la presidencia de la Diputación de Valencia como al acta de diputado provincial, pero mantuvo el cargo de alcalde de Ontinyent, a cuya reelección se presenta.

En septiembre fue proclamado candidato del PSPV a la alcaldía, ya que su candidatura fue la única que se presentó.
La dirección federal del partido interrumpió el proceso, aunque posteriormente lo pospuso a diciembre y finalmente fue designado para su reelección, al no haber otros candidatos y no haberse levantado el secreto de sumario.

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