El polígono de Riba-Roja. //EPDA
El pleno
del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado la expropiación de los
42.000 metros cuadrados necesarios para la construcción de un puente que
permita conectar los polígonos industriales con la Nacional III de forma que
mejore la red viaria con las principales ciudades del arco mediterráneo y las
áreas del interior. Las obras del puente están fijadas en un coste económico de
4 millones de euros que financiarán los propietarios del suelo del programa de
actuación integrada (PAI) Mas de Baló.
La
aprobación plenaria elaborada por el área de Urbanismo de Riba-roja de Túria
contó con los votos a favor del equipo de gobierno -PSPV, Compromís y Esquerra
Unida- y de los grupos de la oposición Partido Popular y Ciudadanos y la
abstención de Riba-roja Pot. El acuerdo del pleno es el punto final a un
proyecto que inició su andadura en el año 2008 con la presentación del mismo.
La
construcción del puente será posible gracias a la expropiación de terrenos
aprobada en el pleno y que afectará en 32.674 metros cuadrados del vecino
municipio de Chiva y de 9.347 metros correspondiente a Riba-roja de Túria y la
resolución de diversas alegaciones presentadas por diversos propietarios del
suelo y del consistorio de Chiva y que estaban sin dictaminar,
incomprensiblemente, desde el año 2009.
Con la
puesta en marcha del plan de comunicaciones del PAI Mas de Baló se mejorarán
las comunicaciones entre este sector y el resto de polígonos industriales del
área suroeste que albergan alrededor de 800 empresas y las principales ciudades
españolas, especialmente, las del área mediterránea y, por ende, el eje
logístico europeo y las ciudades del interior de España. De esta forma, se
reducirá notablemente la duración empleada para el transporte de las
mercancías, se incentivará la instalación de nuevas empresas y se evitará la
fuga de otras ocurrida en los últimos meses.
El proyecto
de construcción cuenta con los pertinentes votos favorables del arquitecto
municipal, el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Comisión
Territorial de Urbanismo que validó la modificación del sector Mas de Baló. Los
4 millones de euros que cuestan las obras se pagarán, equitativamente, mediante
las cuotas de los propietarios del suelo afectada por el plan.
La
aprobación de los accesos a la Nacional III se une al acuerdo plenario que el
Ayuntamiento de Riba-roja tomó en enero pasado para la incautación de 1'9
millones de euros correspondientes al aval que promovió en el año 2002 la
familia del ex presidente del Valencia Juan Soler como agente urbanizador para
construir el polígono industrial y que estaba paralizado desde hace más de un
lustro.
El
promotor del proyecto adquirió al Ayuntamiento de Riba-roja los 50.000 metros
cuadrados del excedente de aprovechamiento por un valor de 116 euros el metro
por las que pagó un total de 5'8 millones euros por un suelo considerado
agrícola protegido sin que en esta operación mediase subasta ni concurso
público alguno. Un año más tarde, los terrenos multiplicaron su valor con
plusvalías de más del 300% al pasar de los iniciales 116 a 350 euros el metro
cuadrado con un montante global de 17'5 millones al pasar de agrícola a
industrial.
Además,
el agente urbanizador no cumplió sus obligaciones como la construcción de una
depuradora de aguas residuales -ahora se trasladan hasta un sector adyacente-,
la carretera de acceso y, por último, el soterramiento de la línea de media
tensión que cruza los terrenos y afecta el vecino municipio de Loriguilla. Los
daños causados al ayuntamiento por los incumplimientos están fijados en 1'2
millones de euros.
El
equipo de gobierno de Riba-roja considera que con la aprobación de las
expropiaciones "se pone el punto
final a un proceso largo y farragoso que auspició el Partido Popular, permitió
plusvalías enormes para los propietarios a pesar y al tiempo miró para otra
parte a la hora de exigir al agente urbanizador el cumplimiento de todas las
obligaciones que ahora debe llevar a cabo directamente el ayuntamiento".
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