PAI del Bovalar de Rocafort. EPDA
El pleno
del Ayuntamiento de Rocafort, en una sesión extraordinaria celebrada en la
tarde de hoy, ha aprobado la caducidad del PAI (Programa de Actuación
Integrada) del Bovalar y resolver la condición de agente urbanizador de la
empresa adjudicataria. Con los votos a favor del equipo de Gobierno (PSPV,
Guanyem, IxR y Compromís), Ciudadanos, y las abstenciones del grupo Popular y
el grupo no adscrito, el Consistorio asume de esta manera la gestión directa
del PAI con la intención de desbloquear la situación, enquistada desde hace años,
después de que las múltiples gestiones municipales
con la empresa constructora hayan resultado infructuosas.
El pasado 28 de
febrero, el Consell Jurídic Consultiu de la Generalitat emitió un dictamen que
consideraba procedente que el pleno declarara la caducidad del PAI por el
incumplimiento del contrato por parte de la mercantil, que tampoco atendió a
los requerimientos del Ayuntamiento y dejó de ejecutar parte de las
prestaciones que debía llevar a cabo en unos terrenos que afectan a más de
medio centenar de propietarios.
El documento establecía
que la empresa debía realizar varias actuaciones para que el área tuviera uso
urbanístico, como construir una rotonda en la CV-310, encauzar y conectar la
cuenca de drenaje con el Barranc dels Frares, además de habilitar la conexión y
puesta en funcionamiento de la red de alcantarillado a través
de EPSAR (Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales), entre otras.
Después
de que durante el último año y medio la concejalía
de Urbanismo haya realizado gestiones con la empresa para intentar solucionar
la situación, el pleno municipal de septiembre aprobó el inicio del
procedimiento para resolver la condición del agente urbanizador, que ha
culminado hoy. “El PAI es producto de una época de
abusos y de burbuja urbanística. Ha sido un proyecto ejecutado de manera
irresponsable. Los últimos meses, el Ayuntamiento ha tomado una posición firme
y constante en defensa de los intereses del pueblo y de los propietarios, que
no pueden hacer uso de sus solares como parcelas urbanas”, ha afirmado el
concejal de Urbanismo, Eduard Comeig.
Ahora, el Ayuntamiento
opta por la gestión directa del PAI, afectando los bienes y los recursos del
programa cancelado con la incautación de una garantía de 54.243,30 euros,
correspondiente al 10% de los avales depositados por la empresa. El Consistorio
deberá revisar la situación actual de los terrenos, las obligaciones del agente
urbanizador y de los propietarios, para tratar de dar salida a una situación
que lleva cerca de diez años paralizada. “La gestión
directa nos permitirá conocer la situación real del plan urbanístico. Es un
paso necesario para la solución definitiva del caso”, ha
apostillado Comeig.
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