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CASO ALQUERÍA

Rodríguez conocía nueve informes contrarios a los "enchufes" en Divalterra

Estos informes fueron remitidos a Jorge Rodríguez, actual alcalde de Ontinyent
EFE - 17/04/2019
El expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez. EFE/Archivo
El expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez. EFE/Archivo
El expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez conocía al menos nueve informes que cuestionaban la legalidad de los siete contratos de alta dirección que, según la UDEF, promovió en noviembre de 2015 en la empresa pública Divalterra, heredera de Imelsa, que ya fue objeto de supuestas corruptelas en la etapa del PP.
Según consta en la información que la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional ha incorporado al sumario del caso Alquería, al que ha tenido acceso EFE, estos informes fueron remitidos a Jorge Rodríguez, actual alcalde de Ontinyent y quien ha anunciado ya su baja del PSPV-PSOE, por parte de varios directivos de Divalterra.
Estos informes, todos ellos elaborados por servicios jurídicos externos a la empresa y encargados por la dirección de Divalterra, se emitieron entre octubre de 2015 y febrero de 2018, es decir, desde un mes antes de que se produjesen las contrataciones hasta cuatro meses antes de la detención de Rodríguez y los otros cinco investigados.
Se trata de su ex jefe de gabinete, Ricard Gallego; el secretario-letrado de Divalterra, Jorge Cuerda; el exasesor Manuel Reguart y los exgerentes Xavier Simón Alventosa y Agustina Brines, con acusaciones todos ellos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
La UDEF concluye en sus informes que Jorge Rodríguez, al igual que los gerentes de Divalterra, conocían que se estaba usando de forma irregular la figura de la alta dirección en las citadas contrataciones, intentándolas dotar de "una apariencia de legalidad" y "obviando el artículo 55 del Estatuto Básico del Empleado Público, puesto que no se respetan los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad".
En este sentido, los agentes exponen que Divalterra simuló pertenecer al determinado tipo de sociedad pública en la que, por su volumen de negocio, cabrían dichas contrataciones, pero subrayan que Divalterra, a pesar de acumular el mismo número de altos directivos que AENA, solo generaba un negocio anual de 25,4 millones de euros, frente a los más de 3.000 millones de la firma de gestión aeroportuaria.
"Se aprecia unas posibles argucias jurídicas por parte de los responsables de la actual Divalterra" para poder contratar a estos siete altos directivos, "a sabiendas de la ilegalidad realizada, ya que eran conocedores de los informes existentes, en los que se informaba de que los mismos no eran altos directivos, sino más bien subdirectores en lugar de responsables de áreas estratégicas de producto o servicios", concluye.
En varios mensajes hallados en el correo electrónico de Jorge Rodríguez se encuentran referencias expresas a esas supuestas ilegalidades, especialmente en varios remitidos por el exgerente de Divalterra Víctor Sahuquillo (lo fue hasta su despido en 2017).
Sahuquillo presentó su renuncia tras haber trascendido que cargó como dietas en sus comidas de trabajo bebidas alcohólicas por valor de unos 250 euros, que posteriormente abonó al entrar en vigor un nuevo código interno de facturas y uso de coches oficiales.
En estos correos, Sahuquillo exponía a Rodríguez, según la UDEF, que "las siete áreas directivas de alta dirección se crearon en función de unos equilibrios político-partidistas y no por un nuevo enfoque estratégico dentro de Divalterra que garantizase una mejor eficiencia y productividad en la misma".
El entonces cogerente de la empresa pública informaba a Rodríguez de que los citados puestos debían ser cubiertos por concurso de libre concurrencia y no como personal de confianza, y admitía que más allá de la legalidad de los contratos su existencia era "difícil de explicar" y podía "romper toda la credibilidad de estar haciendo las cosas de otra manera".
Los citados informes fueron remitidos puntualmente al correo de Rodríguez y comentados tanto por el gerente como por el entonces responsable de los servicios jurídicos, José Luis Vera.
Este último fue apartado del cargo a finales de 2016 tras conocerse que había autorizado, supuestamente, contratos por valor de 90.000 euros con una abogada que había ejercido la defensa del exjefe de gabinete de Rodríguez y ex alcalde socialista de Gandia, José Manuel Orengo.

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