Fernando Ntutumu Acabó 2018 y, con este, el plazo para la ejecución de diversos tipos de proyectos subvencionables. Entre los múltiples tipos de ayudas que se extinguieron con el año, hace unos días destacaba en prensa las que otorgaba el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) para la mejora y modernización de polígonos industriales en la Comunitat Valenciana y, ¿cuál ha sido el resultado? El de (casi) siempre cuando hablamos de subvenciones públicas: un agridulce dolor de cabeza para las Entidades Locales.
Quien conozca cómo funciona el sistema de subvenciones en este país, sabrá de qué hablo: la Entidad Local (generalmente será un ayuntamiento) presenta un proyecto, la parte financiadora emite un listado público de los proyectos a los que se les otorgará (potencialmente) la ayuda y, en última instancia, quien está en esa lista inicia su ejecución –normalmente– a través de una empresa contratista. Hasta aquí todo normal.
¿Dónde está el problema? En los plazos y la rigidez del sistema. Las quejas son inevitables, ya que la ineficiencia y la falta de diligencia son, en muchos casos, la tónica general. ¿Suprimir este sistema como solución? No, yo optaría por mejorarlo.
Dos semanas después del fin de año, mucha gente seguirá maldiciendo en uno, dos o más idiomas los estrechos plazos concedidos para la ejecución de proyectos en distintos sectores y, entre estos, los del IVACE (de los cuales he llegado a leer calificativos, procedentes de cargos públicos, como «barbaridad»).
Estoy convencido de que incluso quienes consiguieran rebasar la línea del maratoniano 45 % ejecutado y asegurar la subvención, seguirán aún padeciendo el estrés que retos de este tipo suponen para todo el mundo: funcionariado, personal externo y Equipo de Gobierno.
Pareciere que el caso del IVACE y las subvenciones para polígonos fuera la excepción, pero no, nada más lejos de la realidad: esta es, más bien, la regla de funcionamiento del sistema. Muchas y muy diversas ayudas son concedidas a lo largo del año operando de la misma manera: la convocatoria es publicada tarde (bien entrado el año), el proceso dado para las solicitudes es breve, el de resolución eterno y, al final, las ideas planteadas acaban teniendo, a lo sumo, 3 o 4 meses para su puesta en marcha.
Ante este abrupto laberinto burocrático diría que tienen cuatro opciones, tres de las cuales son perjudiciales para todo el mundo, incluida la ciudadanía (me he permitido la licencia de titularlas):
Opción 1: «Nos da tiempo, adelante». Ejecutan el proyecto con normalidad entendiendo que el plazo dado es suficiente para la propuesta planteada.
Opción 2: «De perdidos al río». Empiezan a ejecutar el proyecto a riesgo de no llegar a ese porcentaje exigido y, por tanto, verse en la obligación de pagar con fondos propios lo ya construido/creado (cosa que la gran mayoría de instituciones no puede permitirse).
Opción 3: «No nos arriesgamos». No empiezan ninguna actividad a sabiendas de que, en el plazo fijado, no será ni posible ni recomendable acometer acciones por riesgo de comisión de fallos o negligencias fruto de la precipitación.
Opción 4: «Ejecución ‘low cost’». Esta es la más preocupante y la resumiría de la siguiente manera: si el proyecto consta, por ejemplo, de las partes A, B y C, empezarán ‘la casa’ por lo más fácil, bonita y barata, sin importar qué porción del plan es sustantivamente más importante. Si esa acción que todo el mundo sabe que es nuclear no puede finalmente ejecutarse, será lo de menos; lo importante es, siempre, llegar al umbral marcado y justificarlo.
Soy consciente de que la Administración Pública es lenta por cuestiones, no solamente de ineficiencia, sino también de seguridad jurídica y garantía en el uso de fondos públicos. Sin embargo, no por ello me preocupa en menor medida pensar (y poder constatar en mi experiencia en la gestión de proyectos a nivel local) que al final, la forma en la que está organizado todo esto, acaba llevando a nuestros ayuntamientos, mancomunidades, o incluso empresas, a hacer chapuzas o a desechar ideas porque los retrasos de unos acaban perjudicando la excelencia de otros.
Espero, con gran expectación, que algún día la burocracia mal materializada deje de frenar la ilusión por cambiar las cosas y se limite a mantener las acciones dentro de los límites de la legalidad.
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