El futuro de la empresa pública
Divalterra, perteneciente a la Diputació de València, comenzará a
decidirse a partir de la junta de septiembre. El cierre ordenado de la
mercantil, tal y como avanzaron los responsables del equipo de gobierno
de la corporación, estará pilotado por los seis grupos políticos con
representación en la Diputació, funcionarios de alto rango y un
representante de los trabajadores de Divalterra, según ha propuesto este
martes el presidente, Toni Gaspar.
Gaspar ha explicado su propuesta en la
junta extraordinaria de Divalterra que ha tenido lugar minutos antes del
pleno ordinario del mes de julio. “El qué lo tenemos claro, que es un
cierre ordenado en el que la arquitectura del futuro de la empresa sea
lo más unánime posible; un proceso del que estarán convenientemente
informados la oposición y los trabajadores”.
En cuanto al quién, el presidente de la
Diputació ha avanzado su intención de que el futuro consejo de
administración de la mercantil cuente con un responsable de cada grupo
político y un representante de los trabajadores, y que el resto del
consejo esté integrado por funcionarios de alto rango entre los que
estarán el secretario y la tesorera de la corporación, ambos habilitados
nacionales.
El presidente y la vicepresidenta de la
Diputació, Mª Josep Amigó, han coincidido a la hora de insistir en el
mensaje de tranquilidad a los trabajadores y trabajadoras de la empresa
pública. “Ahora mismo están desarrollando su labor, muchos de ellos en
los montes, y somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de
resolver esta situación sin que afecte a su futuro”, ha asegurado
Gaspar, que ha insistido en el consenso como hoja de ruta en este
proceso: “lo posible se hace y lo imposible se intenta”. En palabras de
Amigó, “estos días hemos demostrado que las cosas se están haciendo con
normalidad y que las personas que trabajan en Divalterra tendrán
garantizada su continuidad pese al cierre ordenado que se ha decidido
acometer”.
La junta de Divalterra de este martes,
la última antes del verano, ha aprobado, entre otros asuntos, el cese
como consejero del ex presidente Jorge Rodríguez, agradeciéndole los
servicios prestados, y la aprobación de las cuentas anuales de la
empresa, con la abstención de EU y Ciudadanos y el voto en contra del
PP. En este punto, la portavoz popular, Mª Carmen Contelles, ha
preguntado a continuación a la portavoz de EU, Rosa Pérez Garijo, por
los motivos que la han llevado a no firmar estas cuentas en los dos
últimos ejercicios, mientras que Pérez Garijo ha remitido a la respuesta
por escrito que formuló en su momento.
Pleno de julio
El curso político en la Diputació se
retomará en septiembre tras el pleno del mes de julio que ha tenido
lugar este martes. En el mismo, el presidente, Toni Gaspar, ha leído una
declaración institucional en la que todos los grupos han pedido que la
Plataforma Logística de Requena, en El Rebollar, sea incluida tanto en
los Presupuestos Generales del Estado como en los de la Generalitat
Valenciana de cara al próximo año.
Tras la aprobación de los distintos
puntos del orden del día, se ha debatido la moción del grupo popular
sobre el reciente examen C1 de la Junta Calificadora de Conocimientos en
Valenciano. El diputado Evarist Aznar ha propuesto que la institución
provincial traslade al Consell la conveniencia de programar una segunda
prueba durante el presente año “ante el malestar de algunos opositores
que consideran que el examen no se correspondía con los contenidos
publicados previamente en la web”.
El diputado de Cultura, Xavier Rius, ha
admitido que “la prueba de este año ha experimentado pequeños cambios
para adaptarse a la normativa europea”, y ha considerado que “las quejas
de un opositor no pueden poner en duda una convocatoria cuyos criterios
de valoración estaban previamente publicados en la web de la
Conselleria”. Rius ha señalado que no tiene constancia de que la
Conselleria haya recibido quejas y ha recordado que “ni siquiera se han
publicado los resultados”. La propuesta ha sido rechazada con los votos
del equipo de gobierno.
En el turno de ruegos y preguntas, el
diputado Enrique Ortiz se ha interesado por el tiempo y el coste que
supondrá el posible traslado del Teatro Escalante, el proyecto cultural
de la Diputació de València que abandonó su sede tradicional al no estar
garantizadas las condiciones de seguridad del recinto. El encargado de
responder ha sido el diputado de Administración General y Patrimonio,
Pepe Ruiz, que ha explicado ante el plenario que “están encargados los
estudios para conocer al detalle y poder valorar el coste tanto temporal
como económico de esta posibilidad que, en todo caso, no decidirá solo
un diputado sino el equipo de gobierno”.