El PSPV pide al secretario de Canet d'En Berenguer, José Antonio Sancho, que deje su cargo hasta que haya sentencia

José Antonio Sancho. FOTO EPDA Pere Antoni, líder del PSPV. FOTO EPDA

El PSPV-PSOE ha vuelto a ser tajante respecto a la situación comprometida del secretario general del Ayuntamiento, José Antonio Sancho Sempere, al que el fiscal le pide 9 años de prisión por los presun­tos delitos de cohecho y malversación de caudales públicos en el Consistorio de La Pobla de Farnals, así como también propo­ne la disolución de la Academia Valenciana de Juristas (AVJ), que el Ministerio Fiscal considera que es de Sancho. Su líder lo­cal, Pere Antoni Chordá, ha trasladado al alcalde, Leandro Benito, la necesidad de que Sancho deje su cargo de forma cautelar hasta que haya sentencia y recuerda que en otros casos menos graves se actuó de igual manera. Además, pide la rescisión del contrato con la AVJ.

‘‘En el PSPV Canet creemos que es ne­cesaria una reflexión política sobre las con­secuencias que estos hechos pueden tener en el funcionamiento normal y regular de nuestro Ayuntamiento. Dada la especial posición jurídica y organizativa que ocupa el secretario en los Ayuntamientos, con la finalidad de garantizar la mayor protección a los derechos de todos los vecinos del pue­blo, todo ello con independencia de la tra­mitación del procedimiento judicial y con el mayor respeto a la presunción de inocencia que merecen los ciudadanos, incluido el se­cretario de nuestro Ayuntamiento’’, señala.

‘‘Creemos que el equipo de gobierno del PP como responsable político no puede desconocer estas nuevas circunstancias, que suponen que el secretario, máximo res­ponsable jurídico y técnico del Ayuntamien­to, siga ejerciendo hasta que se resuelva el procedimiento judicial’’, señala y añade: ‘‘Por ello, el alcalde tiene la responsabilidad de abrir un expediente informativo sobre las posibles actuaciones que en aplicación de la ley deberían adoptarse, pudiendo re­cordarle que en otros casos recientes (de otros trabajadores de la casa) de menor transcendencia, el alcalde no dudó sus­pender de empleo y sueldo al funcionario, a pesar de que hasta la fecha no ha quedado acreditada ninguna responsabilidad y a pe­sar también del coste económico que ello puede suponer’’.

‘‘En este análisis, debe estudiarse ade­más por el Ayuntamiento, la posibilidad legal de revisar la prórroga de la jubilación del secretario, solución que también este podría adoptar en beneficio de los vecinos de Canet, ya que de esta forma se resolvería el problema planteado con independencia del procedimiento judicial’.

Referéndum

‘‘Creemos por otra parte que podría ser aconsejable recabar cuál es la opinión de los vecinos (referéndum), y que estos va­loren si la postura que está adoptando el equipo de gobierno ante esta situación es la deseada por ciudadanos de Canet. También es importante recordar que en otros casos de mucha menor importancia sí que solici­tó la opinión de los vecinos realizando una consulta, por ejemplo en el caso del nom­bre del nuevo colegio’’, prosigue.

‘‘El equipo de gobierno está para aten­der y resolver los problemas, posicionán­dose por el interés de todos los vecinos y dando una respuesta necesaria a la altura de cada caso, y en este caso creemos que no puede esconderse tras el debido respeto a la actuación judicial, que no tiene nada que ver con la nueva situación política generada en nuestro Ayuntamiento’’, añade.

‘‘En segundo lugar en relación con la entidad Academia Valenciana de Juristas, de la que el fiscal solicita su disolución, la cual tiene contratado desde hace años el asesoramiento jurídico de nuestro Ayunta­miento con un coste relativamente impor­tante. Creemos que el equipo de gobierno debe analizar la nueva situación y en con­secuencia resolver suspender el contrato actualmente vigente, abriendo un nuevo concurso para la adjudicación de dicho ase­soramiento con la mayor transparencia y publicidad posible’’, señala.

‘‘Por otra parte, también reiteramos que siempre estaremos a favor de la máxima transparencia en la gestión de los intereses del pueblo y a favor también de la aplicación de la ley con el máximo rigor, sea quien sea el responsable de su incumplimiento y cai­ga quien caiga’’, concluye.