El fiscal delegado de Anticorrupción Pablo Ponce durante un registro relacionado con el caso Imelsa. EFE/Archivo La Fiscalía Anticorrupción investiga el posible vínculo de una de las herederas de la firma de porcelanas Lladró y exconsejera de Banco de Valencia, Rosa María Lladró, con la empresa Laterne Product Council, señalada en el caso Imelsa como pieza clave en el entramado de la supuesta financiación ilegal del PP durante la etapa de Rita Barberá.
Según han informado fuentes del Ministerio Público a EFE, la investigación que ahora pretende ampliar la Fiscalía nace a raíz de una petición formulada por las defensas para conocer si la Agencia Tributaria había realizado alguna inspección a Laterne.
La respuesta fue negativa, aunque Hacienda informó de que en una inspección a Rosa María Lladró se pidió información a Turismo Valencia (fundación de titularidad municipal) sobre por qué había abonado dos facturas a Laterne por más de 370.000 euros.
Esas facturas (1/2008 y 2/2008) son precisamente dos de los documentos sobre los cuales tienen puesta la lupa quienes dirigen la investigación, y que obran en la causa porque fueron aportadas por Turismo Valencia pero no por Laterne, que al parecer destruyó toda su contabilidad al respecto.
Esas facturas responden a pagos que -la firma pública- Turismo Valencia hizo a Laterne y que no obedecen a ningún tipo de contrato, según han apuntado las mismas fuentes, que sin embargo desconocen qué vínculo pudo tener Rosa María Lladró en este "triángulo" de facturación.
Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción han explicado a EFE que consideran "extraño" este vínculo que Hacienda indica entre la heredera de Lladró y Laterne, si bien creen necesario investigarlo porque es relativo a facturas que están siendo investigadas.
Rosa Lladró es una de las tres hijas de Juan Lladró, cofundador de la firma valenciana de porcelanas (vendida en enero de 2017) junto a sus hermanos Vicente y José.
Los investigadores sospechan que la Fundación Turismo Valencia, Feria Valencia, Fundación para la Innovación Urbana, Fundación Valenciana de la Calidad y Centro de Estrategias y Desarrollo pudieron haberse hecho cargo de las deudas del partido con Laterne.
Según se desprende de parte del sumario de la pieza A del caso Imelsa, la empresa que contrató el PP municipal para su campaña de 2007, Laterne, pudo haber girado facturas a las empresas que aportaron fondos para ocultar dichas donaciones.
En esa pieza se investiga un supuesto delito de blanqueo cometido por los integrantes del grupo municipal del PP antes de las elecciones municipales de 2015 y un supuesto delito electoral en 2011 y 2015.
Un informe elaborado por la Guardia Civil al respecto concluye que el entonces vicealcalde, Alfonso Grau, y el propietario de Laterne, Vicente Sáez Tormo, ya fallecido, "convinieron en utilizar el entramado empresarial" de este último para "sufragar de forma irregular la adquisición de bienes y servicios de terceros con motivo de las elecciones municipales de 2007".
El primer procedimiento para canalizar las entregas de dinero, según el informe, fue el de aportaciones económicas provenientes de fundaciones y organismos participados o vinculados al Ayuntamiento de València y que no obedecerían a servicios efectivamente prestados por Laterne Product Council (LPC) u otras empresas del grupo de Sáez.
El informe cita, en este grupo de fundaciones y organismos, al Centro de Estrategias y Desarrollo de València (CEyD), Feria Valencia, Turismo Valencia Convention Bureau y Fundación de la Comunidad Valenciana para la Innovación Urbana y la Economía del Conocimiento (Fivec).
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