Bravo: 'La Comunitat Valenciana cuenta con una ley reparadora que recupera la dignidad de todas las víctimas'

La consellera de Justicia, Adminsitración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha asegurado que "la Comunitat Valenciana cuenta por fin con una ley reparadora que recupera la dignidad de todas las víctimas y que habla de memoria, de verdad, y de justicia".

La consellera se ha referido al carácter histórico de la medida", ya que la aprobación de la nueva Ley sitúa a la Comunitat Valenciana a la cabeza de aquellas que han legislado para recuperar la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista".

Les Corts han dado luz verde este jueves, con los votos a favor de Compromís, Podemos y PSPV y los diputados no adscritos a la Ley de Memoria de Democrática y para la Convivencia de la Comunitat Valenciana. El objetivo de la ley es promover los valores democráticos mediante el recuerdo y el homenaje a quienes padecieron las consecuencias del conflicto bélico y de la dictadura franquista. La nueva norma ha sido consensuada con la sociedad civil, y organizaciones memorialistas y con la universidad.

Bravo ha señalado que "la valenciana es la ley autonómica más completa de cuantas están hoy en vigor. Una ley integradora que nace de los principios del Derecho Internacional de lucha contra la impunidad y la protección de las víctimas y que se estructura en el derecho a la verdad, el derecho a la memoria y el derecho a la justicia".

Novedades de la ley

Como novedad, la norma prevé la creación del Instituto de la Memoria Democrática que por decisión de Les Corts, tedrá su sede en Alicante. Será un organismo autónomo encargado de realizar las labores de estudio, investigación e impulso de las medidas establecidas en la ley. En él se integra el Consejo Valenciano de la Memoria Democrática, como órgano colegiado consultivo y de participación del movimiento memorialista que opera en la Comunitat Valenciana.

Además la Ley contempla, la elaboración de un censo de víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista y proporcionará los medios necesarios para que las familias que así lo deseen puedan recuperar los cuerpos. Se atiende a los reiteradas llamadas de atención de organismos internacionales como la ONU.

Por otra parte, también se insta a la Generalitat a colaborar con otras administraciones y organismos para abordar la problemática de la desaparición forzada de niños y niñas durante la dictadura franquista. En este punto, el texto prevé la elaboración de un censo de niños y niñas robados durante la dictadura franquista, para lo que solicitará la colaboración de todas las instituciones públicas o privadas que custodian archivos, expedientes o historiales médicos sobre nacimientos. Este censo no será público con el fin de salvaguardar los datos personales que contenga, pero proporcionará a las personas interesadas copia de la documentación que les afecte, y solo se harán públicos los datos estadísticos que se deriven del censo.

También se recoge la creación banco de ADN donde se depositarán muestras de las personas afectadas por robos de bebés, tanto en el caso de las madres biológicas como de las personas adoptadas, y que estará en coordinación con otros bancos de ADN que puedan existir en el Estado o en otras autonomías.

Otros aspectos relevantes

Con la futura norma legal -y en relación a las víctimas desaparecidas- la Generalitat realizará actuaciones de recuperación e identificación de sus restos a través de la elaboración de mapas de localización. Igualmente autorizará toda localización, exhumación e identificación de restos, conforme a los protocolos aprobados.

Destaca la regulación de los Lugares y los Itinerarios de la Memoria Democrática Valenciana. Estos lugares son aquellos espacios de interés para nuestra Comunitat por haberse desarrollado en ellos hechos de singular relevancia histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva de la lucha de los valencianos y valencianas por sus derechos y libertades democráticas en el período que abarca desde la proclamación de la II República Española, el 14 de abril de 1931, hasta la entrada en vigor del Estatut d'Autonomía el 10 de julio de 1982.

Por otro lado, la Ley establece la obligatoriedad de retirar los símbolos franquistas en el plazo de un año, así como para invalidar las distinciones y reconocimientos. La norma prevé sanciones importantes que pueden llegar en los casos graves a los 150.000 euros:

- Se considera muy grave la destrucción de las fosas en donde haya víctimas , así como, el incumplimiento de la resolución por el que se acuerda la retirada de elementos contrarios a la Memoria Democrática.
- Se considera grave el deber de mantenimiento y conservación de un lugar de la memoria.
- Se considera leve la prohibición de exhibir públicamente elementos contrarios a la memoria democrática una vez transcurrido el plazo de un año previsto.

Finalmente, la Memoria Democrática se estudiará como asignatura tanto en el Bachillerato, en la Formación profesional así como en los planes de formación de adultos y del profesorado. En definitiva esta ley pretende cumplir con las obligaciones previstas en el derecho internacional respecto de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, y también con sus familiares. Al tiempo que aspira a profundizar en los principios y valores democráticos.