El sindicato
CSI·F denuncia que la Comunidad Valenciana cuenta con una ratio de 354
habitantes por empleado público
perteneciente a la Administración General del Estado (AGE). Esta cifra la sitúa
a la cola de las autonomías con iguales transferencias y representa, por
ejemplo, prácticamente el doble que los 186 trabajadores públicos por ciudadano que tiene la comunidad de
Aragón, o los 194 de Castilla y León.
La Central Sindical
Independiente y de Funcionarios (CSI·F) exige al nuevo delegado del Gobierno
que no se amorticen las vacantes por jubilaciones y que aumenten las Relaciones
de Puestos de Trabajo (RPT) en los distintos organismos en la Comunidad
Valenciana. De esta forma podría atenuarse la discriminación que supone el
hecho de “pagar impuestos similares que en otras autonomías y disponer de menos
empleados públicos en proporción”.
El sindicato CSI·F
explica que, según los datos difundidos por la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, en enero de 2014 había registrados 13.998 empleados
públicos para atender a una población que, según el Instituto Nacional de
Estadística (INE), alcanzaba, en esa misma fecha, 4.963.027 ciudadanos. Por
tanto, refleja una ratio de 354 habitantes por empleado público. Esos 13.998 trabajadores
constituyen, además, un 5,3 por ciento menos que los 14.781 existentes en enero
de 2012.
CSI·F señala que ese
cociente de 354 supera con creces la ratio de 186 de Aragón, los 194 de
Castilla y León y también las del resto de comunidades con los mismos derechos
transferidos. De este modo, la división en Castilla y La Mancha asciende a 316;
en Baleares, a 310; en Canarias, a 291; en Extremadura, a 284; en Asturias, a
283; en Andalucía, a 271; en La Rioja, a 258; en Murcia, a 246; en Galicia, a
246; y en Cantabria, a 245. Únicamente las tres comunidades con más
transferencias, Cataluña, País Vasco y Navarra, cuentan con menos empleados
estatales per cápita que la valenciana.
El sindicato señala
que esta escasez de empleados públicos revierte en un deterioro de la calidad
del servicio en entidades como la DGT, el Servicio Público de Empleo Estatal, Fogasa,
Instituciones Penitenciarias, Sanidad Exterior, Agencia Tributaria, Seguridad
Social, Inspección de trabajo, Punto de Inspección Fronteriza, Confederación
Hidrográfica del Júcar, expedición de DNI y pasaporte, y un largo etcétera.
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