El sindicato CSI·F ha presentado recurso
de reposición contra el auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la
Comunidad Valenciana que deniega la petición de suspensión cautelar del decreto
de usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales. Argumenta
que ese decreto “vulnera el derecho de los empleados públicos a expresarse en
la lengua oficial que deseen”. Pide la suspensión cautelar y recuerda que el
TSJ aún no ha sentenciado sobre el fondo del asunto.
La Central
Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) interpuso en mayo un recurso
contencioso contra el decreto 61/2017, de 12 de mayo. En ese recurso explicaba
que el decreto atentaría contra los artículos 20 y 23 de la Constitución
Española, que defienden el derecho a la libertad de expresión y el acceso a
cargos y funciones en igualdad de condiciones. También incumpliría el artículo
37 del Estatuto Básico del Empleado Público, que contempla la obligación de
negociar en la mesa correspondiente las cuestiones que afecten a las
condiciones laborales de los trabajadores, ya que no hubo negociación.
CSI·F continúa
relatando que el recurso fue admitido a trámite en junio por el TSJ, y la
central sindical, además, pidió al tribunal que ordenara la suspensión cautelar
de esa directriz del Consell por “los perjuicios de imposible o difícil
reparación”. El TSJ desestimó esa medida a principios de julio, sin entrar a
enjuiciar el fondo del asunto y sin dictaminar todavía sobre la legalidad del
decreto del Consell. La central sindical ha presentado hoy recurso de
reposición contra el auto que denegaba la suspensión cautelar.
La central
sindical recuerda en su escrito que “el artículo 4.1 del decreto establece que
el valenciano será la lengua destacada de uso normal y general de la
Administración de la Generalitat”. En su exposición, indica que “en consonancia
con ello, el capítulo III y el capítulo IV del decreto contienen mandatos
concretos y específicos que excluyen la utilización del castellano por parte de
los empleados públicos e imponen la utilización del valenciano”.
CSI·F apunta
que “el perjuicio para los empleados públicos consiste en la vulneración del
derecho de los mismos a expresarse y utilizar la lengua oficial que deseen”, y
añade que “este perjuicio que afecta a la esfera de la libertad no podrá ser de
ninguna manera reparado si finalmente la norma reglamentaria resulta, como esta
parte entiende, no ajustada a derecho”. El sindicato subraya que “debe
prevalecer el derecho y el interés de los empleados públicos, y que la
Constitución y el Estatuto de Autonomía ya protegen los usos administrativos e
institucionales de las lenguas oficiales”. Por ello pide la suspensión
cautelar.
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