El
sindicato CSI·F recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia
(TSJ) el decreto 61/2017 de usos institucionales y administrativos de
la lenguas oficiales de la Administración de la Generalitat. Los
servicios jurídicos del sindicato han analizado la normativa tras su
anuncio por el Consell y su publicación hoy y consideran que podría
ser inconstitucional por conculcar el derecho a la libertad de
expresión lingüística, además de que vulneraría el Estatuto
Básico del Empleado Público, ya que no ha sido negociada.
La
Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) explica que
este decreto atentaría contra los artículos 20 y 23 de la
Constitución Española, que defienden el derecho a la libertad de
expresión y el acceso a cargos y funciones en igualdad de
condiciones. También incumpliría el artículo 37 del Estatuto
Básico del Empleado Público, que contempla la obligación de
negociar en la mesa correspondiente las cuestiones que afecten a las
condiciones laborales de los trabajadores. En este caso no hubo
negociación.
La
central sindical señala que el decreto del Consell vulneraría la
Constitución Española en apartados como el artículo 16 del citado
decreto, que impone la obligatoriedad de usar el valenciano a
empleados públicos, cuando especifica que deben iniciar en la lengua
autóctona cualquier comunicación en la atención a los ciudadanos.
CSI·F
considera que la Administración debe garantizar el derecho de los
empleados públicos a utilizar la lengua que libremente escojan, de
entre las oficiales, al hablar y escribir en el ejercicio de sus
funciones. La normativa aprobada por el Consell, que especifica la
lengua en la que realizar esas tareas, atentaría contra esa libertad
del trabajador.
El
sindicato, del mismo modo, apunta que el artículo 4 del referido
decreto también podría incurrir en inconstitucionalidad al afirmar
que el valenciano es la lengua “destacada”, ya que la coloca en
un plano diferente del castellano a pesar de que las dos son
oficiales y han de situarse al mismo nivel. Además, la central
sindical avisa que imponer al ciudadano la carga de pedir a la
Administración que se le dirija en castellano, si así lo desea,
podría ser ilegal. En los próximos días los servicios jurídicos
de CSI·F interpondrán el recurso.
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