La Sala de lo Civil y
Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
(TSJCV) ha ordenado prisión provisional comunicada sin fianza para
Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, los cabecillas
de la trama Gürtel, condenados el pasado viernes por el amaño de los
contratos de la Generalitat Valenciana para el montaje del expositor de
la Comunidad en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en las
ediciones de 2005 a 2009.
El Tribunal estima así
la petición de la Fiscalía Anticorrupción y acuerda, como medida
cautelar, el inmediato ingreso en prisión de estos tres condenados sin
esperar a que la sentencia, que les impone penas de
12 y 13 años de cárcel por asociación ilícita, tráfico de influencias,
malversación, cohecho y falsedad, sea confirmada por el Supremo,
Tribunal ante el que puede ser recurrida.
La Sala entiende que
existe riesgo de que Correa (condenado a 13 años de cárcel), su número
dos, Pablo Crespo (condenado a 13 años y 3 meses de cárcel), y el
responsable de la organización en la Comunidad Valenciana,
Álvaro Pérez (condenado a 12 años y 3 meses de prisión) se fuguen y se
sustraigan a la acción de la Justicia si se les permite esperar en
libertad el pronunciamiento del Supremo.
De conformidad con el
criterio de las acusaciones, los tres magistrados han tenido en
consideración la gravedad de la pena impuesta y los otros procedimientos
penales en los que están incursos los tres condenados.
Correa, Crespo y Pérez
han comparecido individualmente ante la Sala de lo Civil y Penal en la
“vistilla” prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal para decidir sobre la situación personal
de los condenados.
Tras dictar los autos en
los que se ha ordenado su ingreso inmediato en prisión, el Tribunal ha
reanudado las comparecencias de los otros tres integrantes de la trama
condenados: Isabel Jordán, Cándido Herrero
y Mónica Magariños.
Tras escuchar al fiscal, a la acusación particular y a la defensa, la Sala ha impuesto las siguientes medidas cautelares:
Isabel Jordán, condenada
a 6 años de cárcel: libertad provisional sin fianza, con la obligación
de comparecer cada quince días ante el Tribunal. Además se le prohíbe
salir del territorio nacional y se le retira
el pasaporte.
Cándido Herrero,
condenado a cuatro años y cuatro meses de cárcel: libertad provisional
sin fianza, con la obligación de comparecer una vez al mes ante el
Tribunal. Además se le prohíbe salir del territorio nacional
y se le retira el pasaporte.
Mónica Magariños,
condenada a tres años de cárcel, libertad provisional sin fianza, con la
obligación de comparecer una vez al mes ante el Tribunal. Además se le
prohíbe salir del territorio nacional y se le retira
el pasaporte.
La ex consellera, mañana
Mañana, el TSJ celebrará
las comparecencias para decidir sobre la prisión, la libertad
provisional con imposición de fianzas o la adopción de otras medidas la
exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez, condenada
a 9 años de prisión, y para el resto de condenados: su exjefe de
gabinete, Rafael Betoret y los técnicos de la Conselleria, Isaac Vidal,
Jorge Guarro y Ana María Grau.
El Alto Tribunal
Valenciano, en la sentencia hecha pública el viernes pasado, condena a
la exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez, a los considerados
“cabecillas” de la trama Gürtel, Francisco Correa, Álvaro
Pérez, Pablo Crespo, a varios exaltos cargos y técnicos de la
Administración Autonómica y a trabajadores de las empresas de Correa por
asociación ilícita, prevaricación administrativa, tráfico de
influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental
y cohecho.
La Sala ha absuelto a la
exconsellera de Turismo Angélica Such y a Juan Bover, exjefe de
servicio de infraestructuras turísticas de la Conselleria, de
prevaricación administrativa, único delito por el que estaban
acusados.
En la sentencia, el
Tribunal, considera probado que los acusados crearon una trama
empresarial para obtener distintos contratos de la Generalitat
Valenciana en diversas ferias de turismo (fundamentalmente en las
edificios de FITUR entre 2005 y 2009) tras realizar distintas
actuaciones encaminadas a manipular, alterar e influir a su favor en la
tramitación de los procedimientos administrativos de adjudicación de
tales trabajos.
El grupo de empresas de
Correa era una organización empresarial creada ex profeso para manipular
concursos públicos y participar activamente en el cambio de las
condiciones exigidas a los adjudicatarios.
Las mercantiles de
Correa carecían de medios personales y materiales para ejecutar esos
trabajos, motivo por el que los subcontrataban con terceros. De esta
forma obtenían un enriquecimiento irregular al lucrarse
aplicando unos márgenes desproporcionados, duplicando partidas o
facturando gastos inexistentes.
Tales importes eran
admitidos por la Administración Autonómica (Agencia Valenciana de
Turismo, Conselleria de Turismo, Conselleria de Territorio y vivienda y
Conselleria de Infraestructuras y Transporte), que
no solo no llevó un control efectivo de los pagos sino que alteró los
criterios de adjudicación de los contratos y benefició irregularmente a
las empresas del Grupo Correa.
Estas mercantiles, según
recoge la sentencia de 558 páginas, cuyo ponente ha sido el magistrado
Juan Climent, tenían información privilegiada: conocían por anticipado
las condiciones de los contratos públicos,
contratos que, en algunos casos, se modificaban a su conveniencia.
La sentencia recoge las siguientes penas para los condenados:
FRANCISCO CORREA: 13 años de prisión
Asociación ilícita
3 años de prisión
13.500 euros de multa
9 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.
Tráfico de influencias (delito continuado cometido por particular como medio para cometer un delito continuado de prevaricación)
1 año de prisión
Multa de 3,9 millones de euros
Malversación de caudales públicos (delito continuado)
6 años de prisión
10 años de inhabilitación absoluta
Cohecho activo
3 años de prisión
Multa de 5.000 euros
8 años de inhabilitación
especial para el desempeño de empleos o cargos públicos
relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.
PABLO CRESPO SABARIS:
13 años y 3 meses
Asociación ilícita
2 años y 6 meses de cárcel
Multa de 11.250 euros
7 años y seis meses de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.
Tráfico de influencias (delito continuado cometido por particular como medio para cometer un delito continuado de prevaricación)
1 año de prisión
Multa de 3,9 millones de euros
Malversación de caudales públicos (delito continuado)
6 años de prisión
10 años de inhabilitación absoluta
Falsedad documental
1 año y 9 meses de prisión
Multa de 6.750 euros
Cohecho activo
2 años de prisión
Multa de 2.400 euros
7 años de inhabilitación
especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados
con actividades propias de la contratación administrativa.
ÁLVARO PÉREZ ALONSO:
12 años y 3 meses de cárcel
Asociación ilícita.
18 meses de prisión.
Multa de 11.250 euros
Tráfico de influencias (delito continuado cometido por particular como medio para cometer un delito continuado de prevaricación)
1 año de prisión
Multa de 3,9 millones de euros
Malversación de caudales públicos (delito continuado)
6 años de prisión
10 años de inhabilitación absoluta
Falsedad documental
1 año y 9 meses de prisión
Multa de 6.750 euros
Cohecho activo
2 años de prisión
Multa de 2.400 euros
7 años de inhabilitación
especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados
con actividades propias de la contratación administrativa.
ISABEL JORDÁN
6 años de prisión
Asociación ilícita
18 meses de prisión
Multa de 11.250 euros
Prevaricación administrativa
7 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa
Tráfico de influencias
ABSUELTA
Malversación de caudales públicos (delito continuado)
3 años de prisión
7 años de inhabilitación absoluta
Falsedad documental
1 año y 6 meses de prisión
Multa de 6.000 euros
CÁNDIDO HERRERO MARTÍNEZ 4 años y cuatro meses de cárcel
Asociación ilícita
16 meses de prisión
5.850 euros de multa.
Prevaricación administrativa
5 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa
Tráfico de influencias
ABSUELTO
Malversación de caudales públicos
1 año y 6 meses de prisión
3 años de inhabilitación absoluta
Falsedad documental
1 año y 6 meses de prisión
Multa de 3.600 euros
MÓNICA MAGARIÑOS PÉREZ 3 años de prisión
Asociación ilícita
12 meses de prisión
1.800 euros de multa
Prevaricación administrativa
5 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa
Tráfico de influencias
ABSUELTA
Malversación de caudales públicos
2 años de prisión
5 años de inhabilitación absoluta
MILAGROSA MARTÍNEZ 9 años de prisión
Prevaricación administrativa
9 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa
Malversación de caudales públicos
6 años de prisión
10 años de inhabilitación absoluta
Cohecho pasivo
3 años de prisión
5.000 euros de multa
8 años de inhabilitación
especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados
con actividades propias de la contratación administrativa.
RAFAEL BETORET 6 años de prisión
Prevaricación administrativa
7 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa
Malversación de caudales públicos y falsedad documental
6 años de prisión
10 años de inhabilitación absoluta
ISAAC VIDAL 7 años de prisión
Prevaricación administrativa
5 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa
Malversación de caudales públicos
4 años de prisión
10 años de inhabilitación absoluta
falsedad documental
3 años de prisión
2.700 euros de multa
2 años de inhabilitación
especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados
con actividades propias de la contratación administrativa.
JORGE GUARRO 4 años de prisión
Prevaricación administrativa
5 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa
Malversación de caudales públicos
4 años de prisión
10 años de inhabilitación absoluta
ANA GRAU 3 años de prisión
Prevaricación administrativa
4 años, tres meses y un día de inhabilitación especial
para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa
Falsedad documental
3 años de prisión
900 euros de multa
2 años de inhabilitación
especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados
con actividades propias de la contratación administrativa.
Malversación de caudales públicos
ABSUELTA
ANGÉLICA SUCH
Prevaricación administrativa
ABSUELTA
JUAN BOVER
Prevaricación administrativa
ABSUELTO
La Sala condena además, a
Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero, Isabel
Jordán, Mónica Magariños, Milagrosa Martínez, Rafael Betoret, Isaac
Vidal y Jorge Guarro a indemnizar solidariamente
a la Generalitat Valenciana con 272.000 euros.
La sentencia establece
la responsabilidad subsidiaria de las mercantiles Orange Market, Easy
Concept Comunicación, Boomerangdrive y Servimadrid Integral, que deberán
hacer frente al pago de dicha indemnización
si los condenados anteriormente citados no abonan la parte que les
corresponde.
La Sala de lo Civil y
Penal prohíbe contratar con el sector público a Francisco Correa, Pablo
Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero, Isabel Jordán, Mónica Magariños,
Milagrosa Martínez, Rafael Betoret, Isaac Vidal,
Jorge Guarro y Ana Grau por lo que se acuerda comunicar la sentencia a
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado y al
órgano equivalente en la Comunidad Valenciana.
El Tribunal ordena, por
otro lado, el comiso de bienes de la sociedad Orange Market S.L., por
importe de casi dos millones de euros 1.938.000 y el comiso del reloj,
valorado en 2.400 euros, con el que fue obsequiada
la exconsellera de Turismo condenada.
El juicio por esta pieza
separada del “caso Gürtel” comenzó en marzo de 2015 y quedó visto para
sentencia un año después tras 65 sesiones.
Comparte la noticia
Categorías de la noticia