Así se ha referido en la rueda de prensa donde los grupos PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos han presentado el dictamen conjunto sobre la comisión de investigación de accesibilidad social y en concreto sobre adjudicaciones de plazas residenciales a la empresa Savia que “se ideó en la época del conceller Rafael Blasco en 2001 y que pretendía la construcción de 9.000 plazas de residencias en 73 centros y que finalmente se llegaron a construir 6.596 plazas en 52 centros” ha puntualizado.

Pero además según ha destacado la diputada, otra de las conclusiones más relevantes en la que han coincidido todos los grupos, excepto el PP, es que el conseller Cotino debería de haberse abstenido de intervenir en cualquier procedimiento en el que la empresa de su familia estuviera implicada. “El grupo Savia, de la familia de Cotino, llegó a tener el 40% de las residencias por tanto el conseller debería de haberse apartado a la hora de firmar el acuerdo de 2008 por el que la principal beneficiada fue la empresa de su familia”.

Durante su intervención la diputada socialista ha hecho un repaso de los hechos y ha incidido en la gran opacidad que hubo durante esos años para poder acceder a la información y ha puesto en valor la celebración de esta comisión de investigación gracias a la cual se ha podido, además de conocer 89 testimonios determinantes, acceder a mucha documentación que hasta el momento se había negado y que finalmente ha respaldado muchas de las sospechas que se tenían.

La diputada ha denunciado las numerosas irregularidades que se cometieron con la llegada de Blasco sobre el que ha asegurado “Blasco entra, gestiona y también hace negocio, esta ha sido una tendencia en los distintos puestos que ha ido ocupando en el Gobierno de PP y que le ha conducido donde está”. Del mismo modo ha señalado que la posterior llegada de Juan Cotino a la conselleria de Bienestar social lo único que hizo “fue consolidar el negocio”. Así se ha referido a diversas órdenes que llevó a cabo Cotino y que permitieron que el negocio para las empresas amigas y familiares fuera redondo porque además de incrementar el número de plazas también se incrementa su precio por encima del IPC como estaba estipulado en el contrato. “En dos años las empresas de accesibilidad de la familia Cotino pasaron de facturar 11 millones de euros a 40 millones de euros” denuncia Andrés.