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CASO EMARSA

Condenada por utilizar sus dos tiendas para blanquear el dinero de Emarsa obtenido ilícitamente por su marido, exalto cargo de la Generalitat

La mujer de un exdirectivo de la EPSAR pacta con la Fiscalía y acepta 120 días de trabajos sociales y una multa de 62.000 € por blanqueo por imprudencia grave


El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha condenado a cuatro meses de prisión y a una multa de 62.000 euros a la mujer de Ignacio Bernácer, ex jefe de explotaciones de la EPSAR, por permitir que éste ingresara en sus cuentas bancarias parte del dinero público que detrajo ilícitamente de la Empresa Metropolita de Aguas Residuales (EMARSA).

Se trata de una sentencia de conformidad tras el pacto alcanzado por la Fiscalía y la acusada. El juez se limita a comprobar que la calificación jurídica de los hechos es correcta y que la pena solicitada se ajusta a Derecho.

El juicio rápido de conformidad por esta pieza separada del “caso Emarsa” se celebró ayer. La mujer del exalto cargo de la Conselleria de Agricultura reconoció los hechos y se declaró culpable de un delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave.

Admitió que en las cuentas bancarias que utilizaba para sus dos negocios, una frutería y un taller de tapicería, permitió que “se realizasen de forma continuada ingresos en efectivo procedentes de una actividad ilícita, los cuales se fueron mezclando con los procedentes de su actividad profesional, encubriéndose así su origen delictivo”. Y lo hizo “sin adoptar ningún tipo de cautela tendente a esclarecer el origen de los fondos que iban siendo inyectados” en tales cuentas.

El importe total de ingresos de fondos ilegales que tuvieron entrada en las cuentas en las que participa la acusada como titular o cotitular fue superior a los 93.000 euros.

Su confesión le ha permitido beneficiarse de una reducción de un tercio en la pena de seis meses de cárcel y 93.000 euros de multa que inicialmente solicitó el Ministerio Público.

El juez acepta también la petición de la Fiscalía para que la pena de prisión le sea sustituida por la prestación de trabajos en beneficio de la comunidad durante 120 días.

La sentencia recuerda que el marido de la condenada, está acusado por su presunta participación en la comisión de un delito continuado de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial en la pieza principal del “caso Emarsa” cuyo juicio está previsto para el 2 de mayo.

Estos hechos, que él ha reconocido en un escrito presentado ante el Tribunal que ha de juzgarle y por los que ha pagado 400.000 euros para reparar parcialmente el daño causado, se remontan a los años 2004 a 2010. Según la Fiscalía, se produjo un desvío de fondos públicos por parte de los gestores de Emarsa. En estos hechos habría particpado Bernácer como jefe de departamento de explotaciones de la EPSAR, entidad pública que, junto a la EMSHI, transfirió fondos públicos a la primera para la gestión y explotación de la estación depuradora de Pinedo (Valencia).

La sentencia recoge los escritos de las acusaciones, según los cuales “los gestores de la empresa pública, concertados con otra personas físicas y jurídicas, diseñaron y ejecutaron de manera continuada un plan consistente en incrementar distintas partidas de los presupuestos de la EPSAR, organismo público dependiente de la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, con los que financiaba el coste de la explotación de la EDAR de Pinedo, cuya gestión correspondía a Emarsa”.

Lo hicieron, según las acusaciones, “con la única finalidad de apropiarse de la diferencia existente entre el valor real de los servicios incluidos en dichas partidas y el coste con el que estaban siendo financiados. Recibidos los fondos públicos y deducido de lo satisfecho el valor del coste real del servicio prestado por otra empresa no investigada, los acusados hacían suyos los fondos públicos detraídos, principalmente, en efectivo, bien mediante la retirada de los mismos por ventanilla bien mediante el empleo de distintas tarjetas bancarias asociadas a las cuentas beneficiarias de los fondos públicos”.


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