La
Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a cuatro años y medio
de prisión a un médico del Hospital Clínico que falsificó recetas
para sacar medicamentos del Servicio de Farmacia del centro sanitario
a nombre de un familiar, incluso cuando éste ya había fallecido. El
Tribunal le considera culpable de un delito continuado de falsedad en
documento oficial, en concurso con un delito de estafa a la
Administración.
La
sentencia, dictada después de que un jurado popular emitiera un
veredicto de culpabilidad, le impone una multa de 6.765 euros y le
inhabilita para ejercer cargo público durante cuatro años. Además,
el facultativo deberá indemnizar a la Generalitat Valenciana con
cerca de 7.000 euros, precio estimado de los medicamentos que obtuvo
con el SIP de su tío.
Los hechos
sucedieron entre 2009 y 2011 cuando el condenado sacó hasta 14 cajas
del medicamento “Revatio”
de la unidad de Farmacia del Clínico, con la tarjeta sanitaria de su
familiar. Según la sentencia, el médico, jefe de sección del
Servicio de Urgencias del Hospital Clínico, hizo creer al
responsable de Farmacia del centro sanitario que su familiar
necesitaba el medicamento para tratarse de una enfermedad pulmonar,
por lo que se autorizó su dispensación desde octubre de 2009.
De este
modo, el médico sacó hasta nueve cajas del fármaco, con recetas
firmadas por él mismo, usando el SIP de su tío, aquejado de una
enfermedad pulmonar.
De hecho, y
según el relato de hechos probados, el familiar enfermo sufría una
patología cuya medicación suministrada conjuntamente con el
“Revatio” estaba contraindicada. El tío del condenado falleció
en septiembre de 2010, pero él no comunicó la muerte, y sacó cinco
cajas más del mismo fármaco hasta abril de 2011.
En el
juicio explicó que estas últimas dosis eran para su padre que,
según aseguró, tenía también una dolencia pulmonar. El precio de
cada caja de “Revatio”, medicamento también indicado para tratar
la disfunción eréctil, estaba valorado en 500 euros.
La
sentencia considera que no ha quedado probado el uso que el jefe de
Urgencias del Clínico dio al fármaco que consiguió irregularmente,
pero descarta que su intención fuera tratar con dichas pastillas a
sus familiares.
La
sentencia explica que cuando en una receta oficial consta algo
incierto y el destino de la medicación no es el tratamiento del
enfermo cuya patología se usa como excusa “para generar la
apariencia necesaria para conseguir que el servicio de Farmacia
expida la medicación”, quien se responsabiliza de la prescripción
como médico “incurre en una falsa narración de los hechos
relevantes del documento, es decir, en falsedad”.
El
magistrado presidente del Tribunal del Jurado considera que en este
caso la falsedad la comete un funcionario público que actúa dentro
de sus funciones al rellenar el documento.
Por último,
concreta que la actuación del acusado responde a un delito de estafa
a la Administración Pública, ya que el engaño al responsable de
Farmacia provocó un perjuicio patrimonial para las arcas públicas,
en el importe de los medicamentos suministrados.
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