Natalia Antonino. La Plataforma en defensa de la Ley de la dependencia está haciendo llegar a varios Ayuntamientos argumentos para el restablecimiento de la suscripción obligatoria del convenio especial de Seguridad Social, de los/las cuidadores/as no profesionales de personas en situación de dependencia y el ingreso de su correspondiente cotización a cargo exclusivamente del Estado.
Nosotros vamos a presentar una Moción que viene a defender lo que nuestro partido ha estado pidiendo tanto en las Corts Valencianes como en el Congreso en Madrid. En 2018 se cumplirán 12 años desde que tuvo lugar la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
El balance que hacen los agentes sociales, el movimiento asociativo, las plataformas de usuarios y la mayoría de las fuerzas políticas es coincidente: el Gobierno del Partido Popular ha atacado y debilitado el Sistema, con sus reformas y recortes presupuestarios.
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia es un texto que reconocía, por fin, las necesidades especiales de este segmento de la
población y hacía un guiño a los familiares que se encargaban de su cuidado.
Una década y una crisis económica después, la Administración General del Estado sólo aporta el 18,1% del total del gasto público para financiar la normativa, aunque la Ley establece que el gasto se dividirá a partes iguales entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
La aportación estatal al sistema se ha ido reduciendo paulatinamente, por lo que el propio Gobierno ha reconocido en sucesivos informes que la batería de recortes en dependencia supuso cuantiosos "ahorros" a las arcas públicas que actualmente podemos cifrar en más de 4.000 millones de euros acumulados.
El pernicioso Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, introdujo numerosas modificaciones, en la regulación del Sistema, que causaron un enorme perjuicio a las personas en situación de dependencia y a
sus familias.
Entre muchas otras, destacan la reducción en un 13% de la aportación de la Administración General del Estado para la financiación del nivel mínimo; el recorte del 15% en la prestación económica para cuidados en el entorno familiar; la eliminación de las cuotas de Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales a cargo del Sistema y la introducción de un régimen de incompatibilidad de las prestaciones.
Además, a todo esto, se suma el impacto de género que tienen estos recortes.
De las 16.000 personas que el PP dejó sin Seguridad Social en la Comunidad Valenciana, el día 1 de Enero de 2013, 15.086 eras mujeres. Las mujeres han sido las que siempre han estado cuidando del resto de miembros de la familia. Por todo esto, es necesario un cambio en las políticas del Estado español. Las mujeres y los hombres que atienden a las personas dependientes tienen derecho a prestaciones y cotizaciones por el trabajo digno que se realiza diariamente.
El Gobierno del PP pactó con Ciudadanos el año pasado un incremento de la partida de Dependencia por valor de 100 millones de euros en los Presupuestos de 2017. La realidad es que han dejado sin desembolsar 44 millones, a pesar de unas listas de espera que ascienden a 300.000 dependientes. El PSPV-PSOE ha defendido siempre esta Ley y su completa implementación de manera gradual. La realidad, hoy, es un constante recorte, más de 2.000 millones de euros en derechos sociales de las personas dependientes y de sus familias, por parte del Partido Popular.
Por el contrario desde el Gobierno del Botánico impulsamos la implantación de la Ley de la Dependencia con un incremento del presupuesto de más de 200 millones de euros, la ampliación de plazas de residencia, con la creación de 1.400 nuevas plazas para mayores y 940 para dependientes, así como centros de día y servicios de atención domiciliaria ,permitiendo además un respiro a las familias con la eliminación de los copagos injustos, impuestos por el PP, que han perjudicado a más de 10.500 personas mayores y 5.300 personas con discapacidad.
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