Emilio J. Belencoso.
Desde
el inicio de esta nueva legislatura, hemos intentado fiscalizar y
revisar todas las actuaciones del Gobierno Local de Almàssera, con
más ímpetu si cabe, cuando nos negaban la documentación
solicitada. Esa es la tarea de la Oposición, fiscalizar, revisar, y
si es preciso llevar a los tribunales las posibles irregularidades.
A
finales del año 2015 solicitamos por Registro de Entrada copia del
acta de una comisión de Servicios Sociales de la que forman parte
tanto el Alcalde (PSPV) como la Concejal del área de Servicios
Sociales. La respuesta de Alcaldía fue denegarnos la documentación
solicitada.
Ante
tal despropósito por parte de la máxima Autoridad municipal tuvimos
que preparar un Recurso de Reposición contra el acuerdo denegatorio
de Alcaldía. La Ley exige que cuando se presenta un recurso de este
tipo, la resolución del mismo deba de ir acompañada de un Informe
del Secretario Municipal como máximo responsable del asesoramiento
jurídico.
El
informe del Secretario fue claro, un informe con más de cinco
folios, con jurisprudencia, leyes, antecedentes, ¿difícil llevar la
contraria a un experto en Derecho, imparcial y con tantos datos
objetivos verdad? Pues nuestro Alcalde (PSPV) se separó
inmotivadamente de dicho Informe y resolvió desfavorablemente
nuestro Recurso que agotaba la vía administrativa, ya le advertimos
que en caso de ser denegatorio recurriríamos a los tribunales y por
su actuación se causaría un perjuicio económico a las arcas
municipales.
Y
así fue, como dice la canción, y después de año y medio el
Tribunal Superior de Justicia de la CV (TSJ) nos da la razón, nos
dice que Alcaldía no puede negarnos la documentación solicitada ya
que es un Derecho Fundamental que como Concejales de la Corporación
tenemos, y que el Alcalde incurrió en arbitrariedad tras separarse
inmotivadamente de un informe, y cito textualmente en palabras del
TSJ “riguroso, exhaustivo y razonado informe del Secretario
Municipal”.
Ahora
un año y medio después tenemos una sentencia que nos da la razón y
condena al Ayuntamiento en costas (1800 €), es decir la actuación
arbitraria del Alcalde no solo nos ha costado Democracia, sino que
nos ha cuesto mucho dinero a todos los vecinos. Resumiendo por
encima, el Ayuntamiento tiene que pagar las costas (1800€), un
informe jurídico que Alcaldía solicitó a un despacho de abogados
por decisión propia (mas de 900€), la defensa jurídica del
Ayuntamiento, la procuradora de los tribunales, la suma total nos
dice que el PUEBLO, que los vecinos vamos a tener que pagar más de
5000€ por el cortapisas del señor Puchades, el cual no entiende,
pese a todos sus “slogans" vacíos, que es la rendición de
cuentas y la Transparencia. Hemos tenido que aguantar insultos en
Plenos y en prensa, “maleducados, enfermizos, y así un largo etc”
pero al final como dice el refrán, cada uno en su sitio.
Y
lo que nos hemos preguntado muchas veces en las reuniones del Grupo
Municipal es ¿Porque esta decisión arbitraria y personal del
Alcalde la tenemos que pagar todos lo vecinos? ¿no seria más fácil,
una de dos: o que los pagara Alcaldía de su bolsillo (y así otra
vez se pensaría mejor separarse inmotivadamente de informes
jurídicos) o que asumiera responsabilidades políticas? Por
desgracia, hay a partidos políticos a los que se les permite muchas
cosas, que si las hiciéramos otros concejales de otros partidos
políticos, ya estarían pidiendo nuestra dimisión.
Pues
eso, transparencia “de boquilla”
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