Agentes
de la Policía Nacional han desarticulado una organización, integrada por
ciudadanos de origen nigeriano, y dedicada a la captación de mujeres de su
misma nacionalidad a las que, una vez llegaban a España, obligaban a ejercer la
prostitución callejera en Gandía (Valencia) y Bilbao hasta saldar una supuesta deuda
de unos 50.000 euros. Periódicamente las mujeres debían ingresar el dinero
obtenido por su trabajo en diferentes cuentas bancarias a nombre de terceras
personas, comenzando así el proceso de blanqueo de los beneficios obtenidos con
la actividad delictiva. La operación se ha saldado con la detención de cinco
miembros de dicha organización (cuatro en Madrid y uno más en Bilbao) y la
completa desarticulación de la misma en España, tanto en su vertiente de
explotación de las mujeres, como en la de blanqueo de los beneficios así
obtenidos.
La investigación comenzó cuando
agentes especializados en el delito de trata de seres humanos localizaron a una
víctima de origen nigeriano ejerciendo la prostitución en las calles de Gandía.
Esta mujer, tras acogerse a las medidas de protección ofrecidas por los
agentes, relató cómo había sido captada en su país de origen y traída a España,
donde estaba siendo obligada a ejercer la prostitución bajo un clima de
continuas amenazas, coacciones y palizas.
La investigación llevó a la Policía
hasta otras dos mujeres más que se encontraban en la misma situación y que
igualmente se acogieron a las medidas de protección previstas por la ley para
estos casos, que relataron a los agentes situaciones idénticas a la anterior. Así
los investigadores pudieron llegar hasta la organización ahora desarticulada.
Situación
de necesidad y esclavas de por vida
La organización captaba a mujeres jóvenes
sumidas en situaciones de extrema pobreza con falsas ofertas de trabajo en la
hostelería, en peluquerías, etc. y asegurándolas una vida mejor en Europa. Una
vez aceptaban dichas ofertas, y previamente a su viaje, eran sometidas a
rituales de vudú sentando así las bases del ejercicio de control sobre las
víctimas por parte de la organización durante todo el tiempo que va a durar la
explotación. Por medio de dichas ceremonias, consiguen doblegar la voluntad de
las víctimas y se garantizan su fidelidad, comprometiéndose éstas a pagar la
deuda que van a contraer con los explotadores y cuyo montante aún desconocen y
a no denunciarlos a la Policía, so pena de muerte en caso de incumplimiento.
Tras el ritual, la organización realizaba
las gestiones necesarias para que las mujeres pudieran viajar hasta nuestro
país, proporcionándoles documentación y billetes de avión. Las víctimas viajaban
con documentos falsos o con documentos reales pertenecientes a otras mujeres
también nigerianas y residentes legales en algún país europeo.
Una vez documentadas, las jóvenes,
acompañadas en todo momento por miembros de la organización, viajaban hasta
España haciendo escala en distintos aeropuertos de la Unión Europea para no
levantar sospechas. Ya en nuestro país los miembros de la organización
aleccionaban a las víctimas para que solicitaran asilo. Una vez realizado este
trámite les retiraban la documentación con la que habían viajado y les
explicaban que habían adquirido una deuda en torno a los 50.000 euros por los
gastos de viaje generados, que debían saldar inmediatamente ejerciendo la
prostitución callejera.
"Cuentas
mula" para blanquear los beneficios
Las ganancias que obtenían las
víctimas con el ejercicio de la prostitución iban a parar íntegramente a la
organización. Las víctimas debían ingresar periódicamente el dinero que ganaban
prostituyéndose en diversas cuentas corrientes facilitadas por la líder de la
organización, cuentas cuyos titulares eran terceras personas también de origen
nigeriano. De este modo la organización comenzaba a blanquear los beneficios
obtenidos de la explotación de las mujeres, dificultando la identificación de
los verdaderos responsables e introduciendo así el dinero en el sistema
financiero legal.
Una
situación de absoluta dependencia que las impide denunciar
Las víctimas, desprovistas de
documentación y de dinero y sin ninguna otra forma de ganarse la vida, se
encuentran en una situación de absoluta dependencia de la organización, ya que
desconocen por completo la cultura, el idioma y la legislación españolas. Todo
eso, unido al miedo a sufrir represalias y a ser expulsadas y enviadas de nuevo
a su país, les impide denunciar su situación a las autoridades y las arrastra a
ejercer la prostitución como única manera de sobrevivir.
La
operación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada Central Contra la Trata de Seres Humanos de la Comisaría General
de Extranjería y Fronteras, la UCRIF de Valencia y las Brigadas de Extranjería
de Bilbao, Fuenlabrada y Gandía y se ha saldado con la detención de cinco
miembros de la organización, entre ellos la principal responsable. Los agentes han
registrado un domicilio en Humanes de Madrid, durante el cual se han
intervenido numerosas libretas de cuentas bancarias en las que se registran
innumerables movimientos de efectivo, documentos de identidad, mil quinientos
(1.500) euros en efectivo y varios terminales de telefonía móvil y soportes
físicos de memoria externa (discos duros, tablets,
pen drives, etc.) cuyo contenido está
siendo analizado por expertos policiales. La operación continúa abierta, por lo
que no se descartan nuevas detenciones.
Con
la trata no hay trato
Esta operación se enmarca dentro del
Plan de la Policía Nacional
contra la Trata
de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, puesto en marcha en 2013, y
que dio lugar a la creación de una nueva unidad de referencia en esta materia: la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos,
adscrita a la Comisaría
General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional. Con la
puesta en marcha de este plan, la Policía Nacional activó la línea telefónica 900
10 50 90 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana
y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos.
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