Agentes de la Policía
Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria han desarticulado
cinco organizaciones criminales que explotaban importantes clubes de
alterne ubicados en distintos puntos de la geografía nacional.
Mediante un complejo entramado de ingeniería financiera, las
empresas habrían llegado a ocultar más de 400 millones de euros en
los últimos cinco años, generando un fraude fiscal de 117 millones
de euros en el periodo. Esta red había blanqueado los beneficios
obtenidos mediante un entramado societario que giraba en torno a una
sociedad guipuzcoana que se encontraba bajo investigación desde
2010.
Las
investigaciones han durado varios años, durante los cuales se han
analizado más de 750 cuentas bancarias, lo que ha permitido
relacionar la sociedad guipuzcoana con los clubes de alterne de los
que procedía el dinero blanqueado. La Policía Nacional y la Agencia
Tributaria han procedido al registro de 14 clubes y 21 domicilios,
tanto físicos como jurídicos y ha detenido a 66 integrantes de las
cinco organizaciones desarticuladas.
Más
de cinco años de investigaciones
La
fase de actuaciones previas a la explotación del operativo arranca
en 2010, cuando los funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia
Tributaria en País Vasco comienzan a investigar a uno de los sujetos
implicados por presuntos signos externos de riqueza generados por el
fraude fiscal y blanqueo de capitales. Fruto de aquellas actuaciones
previas ya se detectaron vínculos con la sociedad radicada en San
Sebastián a la que los investigadores han acabado atribuyendo el
papel de facilitador en el entramado, a través de la puesta a
disposición de los clubes de las Terminales Punto de Venta (TPV) que
utilizaban para el fraude y posterior blanqueo.
Posteriormente
se detectaron también diversos comentarios en foros de internet
donde las esposas de presuntos clientes de estos clubes señalaban
sus sospechas sobre la ocultación de pagos con tarjeta de crédito
en estos establecimientos, llegando a citar el nombre de la sociedad
que figuraba como receptora de dichos pagos, sociedad que coincide
con la ‘facilitadora’ de los TPV y gestora de los cobros con
estos terminales.
En
2012, las investigaciones iniciadas confluyen con las que
paralelamente estaba ya desarrollando sobre la empresa guipuzcoana la
UDEF de Policía Nacional. Además, ante la necesidad de contar con
policías especializados en las actividades delictivas en las que
operaban las organizaciones, en el año 2013 se sumó a la
investigación la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos
que, a su vez, había comenzado también meses atrás a investigar
una de las organizaciones criminales implicadas. Todas estas
investigaciones preliminares llevaron a la judicialización de los
hechos conocidos en el Juzgado 4 de Instrucción de la Audiencia
Nacional.
Cinco
organizaciones criminales con un único nexo de unión
El
análisis de más de 750 cuentas bancarias por parte de la Agencia
Tributaria permitió establecer las relaciones existentes entre la
sociedad facilitadora y los clubes. Los clientes de los clubs
investigados debían abonar los servicios sexuales con tarjeta,
utilizando para ello TPV específicos. Los pagos cargados a las
tarjetas, que incluían una comisión del 10% que posteriormente se
repartían entre los clubes y la sociedad, se ingresaba en cuentas
bancarias cuyo titular era la sociedad guipuzcoana, y en la que
figuraban como apoderados personas de confianza de los clubes en los
que estaban instalados los terminales.
La
mayor parte del dinero que se ingresaba en dichas cuentas era
retirado posteriormente por esos apoderados a través de empresas
vinculadas al entramado, lo que dificultaba enormemente el rastreo
del origen del dinero.
Tanto
la sociedad facilitadora como los clubes declaraban las operaciones
supuestamente realizadas entre ellos como compraventas o
arrendamientos. En otras ocasiones las declaraban por importes
inferiores a los reales o, simplemente no las declaraban.
Finalmente,
el dinero era blanqueado e introducido en el sistema financiero
convencional utilizando mecanismos diversos, como el pago a
trabajadores en metálico, la compra de bienes inmuebles o muebles o
las inversiones en otros países, habiéndose detectado operaciones
de compraventa de oro que llegaron a alcanzar los 6 millones de
euros.
Beneficios
obtenidos de la explotación sexual
La
mayoría de las mujeres explotadas eran ciudadanas extranjeras que
procedían de los estratos sociales más bajos de sus países de
origen, constituyendo el principal pilar sobre el que se sustentan
sus familias tanto en España como en dichos países, lo que las
coloca en una situación de total indefensión y dependencia de las
organizaciones que las explotan.
En
los clubes en los que ejercían la prostitución, eran obligadas a
acatar toda una serie de normas impuestas por las organizaciones
sobre cómo debían vestir y comportarse con los clientes, cómo
realizar los servicios sexuales (imponiéndolas criterios como la no
utilización de preservativos para determinados actos) y con un
sistema de multas que debían abonar por diversos conceptos, como
llegar tarde a la sala.
Además,
eran sometidas a un sistema de rotación entre los distintos clubes
controlados por cada organización, lo que permitía renovar la
oferta en los locales para así captar y fidelizar a una clientela
que vería la oferta de mujeres renovada continuamente.
Los
encargados de cada club tenían un papel absolutamente protagonista,
pues eran los responsables de hacer que el dinero obtenido de la
explotación de las mujeres fluyera hasta llegar a los máximos
responsables de cada organización.
Cada
organización tenía su propia forma de actuar
Cada
entramado tenía sus propias especificidades. Así, uno de ellos
había empezado a contratar a las mujeres explotadas en sus clubes,
obligándolas a pagar los gastos e impuestos ocasionados, para eludir
así las posibles responsabilidades ante una posible inspección o
actuación policial.
Otra
organización, extremadamente violenta, mantenía sometidas a las
mujeres aprovechando el miedo que su máximo responsable las
infundía, obligándolas a ejercer la prostitución con continuas
palizas y amenazas.
Otra
trataba de ocultar la relación empresario-empleada mediante
pretendidas propinas que los clientes supuestamente dejaban a las
mujeres cuando las invitaban a una copa, como pago por su compañía.
Pero
también tenían cosas en común. Todos los clubes funcionaban por el
“sistema de plaza” y seleccionaban a las mujeres según los
perfiles deseados por los responsables, llegando a rechazar a algunas
por pertenecer a determinada etnia o raza.
Con
el tiempo, la operativa seguida por las organizaciones había
evolucionado, llegando, en ocasiones a sustituir el uso de TPVs
específicos por auténticos dispensadores automáticos de dinero
similares a los utilizados por las entidades bancarias, así como a
dejar de valerse del grupo empresarial facilitador y empezar a operar
de forma autónoma en alguna de sus operaciones, valiéndose de los
conocimientos acumulados durante su relación con el mismo.
La
operación se ha llevado a cabo por la Unidad Contra Redes de
Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Comisaría
General de Extranjería y Fronteras y la Unidad Central de
Delincuencia Económica y Financiera de la Comisaría General de
Policía Judicial junto con el Área Regional de Vigilancia Aduanera
de Vizcaya y la Oficina Nacional del Investigación del Fraude y la
UCAI de la Agencia Tributaria. Además, han colaborado agentes de las
Jefaturas Superiores de Policía de Barcelona, Murcia, Alicante,
Navarra, Málaga, Zaragoza y Pontevedra, UIP, Guías Caninos y GOIT,
y delegaciones de la Agencia Tributaria en Cataluña, Murcia, Navarra
y Valencia.
En
el transcurso de la misma se ha procedido al registro de 14 clubes de
alterne y 21 domicilios físicos y jurídicos, y se ha detenido a 66
personas, integrantes de las cinco organizaciones desarticuladas,
habiéndose localizado a 349 potenciales víctimas de explotación
en los clubes.
Durante
los registros se han intervenido más de 1.200.000 euros en efectivo,
diversas obras de arte, oro, joyas y relojes de lujo, -alguno
valorado en unos 30.000 euros-, cuatro armas de fuego y numerosa
munición. Además, se ha procedido al bloqueo, por orden judicial,
de 419 inmuebles, 160 vehículos, muchos de ellos de alta gama, 7
embarcaciones y numerosas cuentas bancarias a nombre de personas
físicas y jurídicas en más de 30 entidades financieras.
Con
la trata no hay trato
Esta
operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra
la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, puesto en
marcha en 2013 y que motivó la activación de la línea telefónica
900 10 50 90 y el correo trata@policia.es para facilitar la
colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de
este tipo de delitos. A lo largo de la primera fase, -de abril de
2013 a diciembre de 2014-, se realizaron 462 operaciones que se
saldaron con 1.450 detenidos y 11.751 víctimas potenciales
detectadas, hubo 3.379 contactos con ONG e instituciones que
acogieron a 774 víctimas y se incautaron 29 millones de euros fruto
de las investigaciones patrimoniales llevadas a cabo.
Dentro
de la II Fase de este plan, que comenzó en enero de este año, la
Policía Nacional ha puesto en marcha la mayor campaña de
concienciación en redes sociales y medios de comunicación contra la
trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Con el claim
"Con la trata, no hay trato. Denúncialo", la Policía está
promoviendo la inclusión de vídeos y carteles en prensa escrita,
radio y televisión que favorezcan la implicación social de todos
los ciudadanos y especialmente de los clientes potenciales de estos
servicios, contra los delitos cometidos por las redes que trafican
con personas para su prostitución.
La
operación se ha llevado a cabo por la Unidad Contra Redes de
Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Comisaría
General de Extranjería y Fronteras y la Unidad Central de
Delincuencia Económica y Financiera de la Comisaría General de
Policía Judicial, junto con el Área Regional de Vigilancia Aduanera
de Vizcaya, las Dependencias Regionales de Inspección e Informática
del País Vasco y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude y
la UCAI de la Agencia Tributaria. Además, han colaborado agentes de
las Jefaturas Superiores de Policía de Barcelona, Murcia, Alicante,
Navarra, Málaga, Zaragoza y Pontevedra, UIP, Guías Caninos y GOIT,
y delegaciones de la Agencia Tributaria en Cataluña, Murcia, Navarra
y Valencia.
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