Agentes de la
Policía Nacional han detenido a 30 personas e investigado a otras 27
por delitos relacionados con el fraude a la Seguridad Social. Han
sido investigadas 39 empresas por defraudar 10.597.837 euros al
erario público mediante el impago de cuotas y el cobro indebido de
prestaciones. Entre los implicados se encuentran los administradores
de las mercantiles y personas que colaboraron para la materialización
de los delitos.
Las
investigaciones comenzaron el pasado mes de junio tras ser detectadas
irregularidades en varias empresas ubicadas en Murcia, Almería,
Soria, Toledo, Madrid, Barcelona, Castellón, Alicante, Sevilla,
Lugo, Badajoz, Cáceres y Valencia. En total fueron investigadas 39
mercantiles por el impago sistemático de las cotizaciones a la
Tesorería General de la Seguridad Social tanto de las cuotas
correspondientes a sus trabajadores como en las que le corresponde
abonar a la propia empresa. Se ha constatado al mismo tiempo la nula
voluntad de los empresarios en negociar con la TGSS el pago de dichas
obligaciones solicitando aplazamientos o fraccionamientos de pago,
así como las incomparecencias sistemáticas de los responsables de
dichas empresas a los distintos requerimientos y citaciones ante las
distintas Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social.
Entre los implicados se encuentran los administradores de las
mercantiles y personas que colaboraron para la realización del
fraude.
Impago
sistemático de los seguros sociales a la Tesorería General de la
Seguridad Social
Las
diversas modalidades de supuestos defraudatorios utilizados por los
responsables de las empresas investigadas en las provincias citadas,
y que se suelen llevar a cabo con la finalidad de producir la
situación de insolvencia son principalmente el impago sistemático
de los seguros sociales a la Tesorería General de la Seguridad
Social. Estos seguros han sido previamente descontados a sus
trabajadores y no son ingresados, sin que por parte de estos
empresarios haya una firme voluntad de negociar el pago de la deuda
con la Tesorería General de la Seguridad Social.
Una
vez confirmada la existencia de estas irregularidades se procedió a
la detención de 30 personas y la investigación de otras 27 por
diferentes tipologías delictivas. Entre éstas destacan delitos
contra la seguridad social, alzamiento de bienes y cobro indebido de
prestaciones por desempleo. En alguna de estas empresas se detectó
cómo habían sido dadas de alta varias personas, sin que realmente
hubiese habido una relación real y efectiva con las empresas, y que
dichas altas “ficticias” se llevaron a cabo con la finalidad de
cobrar, por parte de trabajadores, la prestación por desempleo sin
que tuviesen derecho a ella.
Por
el momento los investigadores han esclarecido un total de 10 delitos
contra la seguridad social, 17 delitos de fraude de subvenciones; 4
delitos de frustración en la ejecución; 26 delitos de falsedades
documentales; 4 delitos contra los derechos de los trabajadores; 1
delito de malversación de caudales públicos y 1 delito de
pertenencia a organización criminal; habiendo destapado además un
fraude de 10.597.837 euros al erario público.
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