Agentes de la Policía Nacional han detenido, en dos operaciones
desarrolladas en las Islas Canarias y la Comunidad Valenciana, a cuatro personas e investigado a otras cuatro por la
emisión y distribución de televisión de pago de manera fraudulenta. En el archipiélago
se ha desarticulado una organización, asentada en la Islas y Holanda, que se
dedicaba a la venta y distribución de decodificadores satelitales y líneas
CCCAM bajo suscripción, las cuales permitían el acceso a contenidos de
televisión de pago vulnerando derechos de Propiedad Intelectual. Por otra
parte, en Torrent (Valencia), una
denuncia de la Liga de Fútbol Profesional ha permitido el arresto del responsable
de una empresa por ofrecer suscripciones ilícitas a canales de pago y que
habían contratado muchos locales de hostelería de la ciudad.
Más de 100 canales por ocho euros al mes
El
operativo desarrollado en las Islas Canarias tuvo su origen en la recepción de
una denuncia realizada por una empresa de distribución de televisión digital,
en la que daban cuenta de la actividad de varias personas asentadas en el
archipiélago dedicadas a la venta fraudulenta de señal de televisión digital.
Una vez recibida esta información, los agentes iniciaron una investigación que
permitió la identificación de estas personas, y confirmar que distribuían
decodificadores de satélites y líneas CCCAM bajo suscripción que, una vez
configurados los aparatos, permitían el acceso a al menos 100 canales de pago
de diferentes operadoras, a cambio de una cuota mensual de 8 euros. Se supo
además que la organización disponía de una red de clientes que abonaban una
suscripción mensual a través de diversas cuentas de pago titularizadas a
nombres de testaferros.
Investigación en Holanda con el apoyo de Europol
El avance
de la investigación, llevó también a la localización de una empresa de
soluciones informáticas en la ciudad de Doesbourg (Holanda), donde la organización
había alquilado una serie de servidores desde donde se emitían los contenidos
de televisión a su red clientelar.
Finalmente
las pesquisas permitieron el desarrollo de un operativo, que contó con la
colaboración de Europol, en el que se detuvo a tres personas y se imputó a
otras cuatro en España. También se
realizaron tres registros domiciliarios, dos en España y uno en Holanda,
logrando desactivar el servidor instalado en aquel país, gracias a la
cooperación de las autoridades holandesas. Se estima que la organización
desmantelada, dedicada a la comisión de delitos contra la propiedad intelectual,
habría generado en ocho meses unos ingresos fraudulentos superiores a 70.000
euros y un perjuicio a las operadoras de televisión durante el mismo periodo de
más de 1.000.000 de euros.
Denuncia de la Liga de Fútbol Profesional
En mayo de
2016 la Liga de Fútbol Profesional de España interpuso una denuncia contra el
responsable de una empresa radicada en Torrent (Valencia) por la comisión de un
delito contra la propiedad intelectual y defraudación en las
telecomunicaciones. Tras recibir esta información los agentes iniciaron una
investigación sobre la persona denunciada, que les permitió comprobar que
ofertaba a sus clientes un “suplemento” al contrato de telefonía, Internet y
televisión, que incluía el acceso sin autorización a diferentes canales de
pago, entre los que se encontraban aquellos de los que es titular la Liga de
Fútbol Profesional.
Los
investigadores también comprobaron que la empresa gozaba de gran prestigio y
popularidad en la zona gracias a los “servicios extra” que prestaba, contando
por ello con una amplia clientela, entre la que figuraban gran parte de los
establecimientos de hostelería de la ciudad, además de numerosos particulares.
Con la
finalidad de impedir la continuación de esta actividad ilícita, se llevó a cabo
una entrada y registro en la sede social de la empresa y en un domicilio
vinculado a la mercantil. En el primer lugar se halló numerosa documentación
relativa a clientes y datos económicos asociados, y en el segundo se descubrió
una “granja” de servidores destinada a decodificar la señal que posteriormente
distribuían a los asociados. Una vez finalizados los registros se procedió a la
detención del responsable de la mercantil.
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