Agentes de la
Policía Nacional han detenido, en dos operaciones desarrolladas en
las Islas Canarias y la Comunidad Valenciana, a cuatro personas e
investigado a otras cuatro por la emisión y distribución de
televisión de pago de manera fraudulenta. En el archipiélago se ha
desarticulado una organización, asentada en la Islas y Holanda, que
se dedicaba a la venta y distribución de decodificadores satelitales
y líneas CCCAM bajo suscripción, las cuales permitían el acceso a
contenidos de televisión de pago vulnerando derechos de Propiedad
Intelectual. Por otra parte, en Torrent (Valencia), una denuncia de
la Liga de Fútbol Profesional ha permitido el arresto del
responsable de una empresa por ofrecer suscripciones ilícitas a
canales de pago y que habían contratado muchos locales de hostelería
de la ciudad.
Más
de 100 canales por ocho euros al mes
El
operativo desarrollado en las Islas Canarias tuvo su origen en la
recepción de una denuncia realizada por una empresa de distribución
de televisión digital, en la que daban cuenta de la actividad de
varias personas asentadas en el archipiélago dedicadas a la venta
fraudulenta de señal de televisión digital. Una vez recibida esta
información, los agentes iniciaron una investigación que permitió
la identificación de estas personas, y confirmar que distribuían
decodificadores de satélites y líneas CCCAM bajo suscripción que,
una vez configurados los aparatos, permitían el acceso a al menos
100 canales de pago de diferentes operadoras, a cambio de una cuota
mensual de 8 euros. Se supo además que la organización disponía de
una red de clientes que abonaban una suscripción mensual a través
de diversas cuentas de pago titularizadas a nombres de testaferros.
Investigación
en Holanda con el apoyo de Europol
El
avance de la investigación, llevó también a la localización de
una empresa de soluciones informáticas en la ciudad de Doesbourg
(Holanda), donde la organización había alquilado una serie de
servidores desde donde se emitían los contenidos de televisión a su
red clientelar.
Finalmente
las pesquisas permitieron el desarrollo de un operativo, que contó
con la colaboración de Europol, en el que se detuvo a tres personas
y se imputó a otras cuatro en España. También se realizaron tres
registros domiciliarios, dos en España y uno en Holanda, logrando
desactivar el servidor instalado en aquel país, gracias a la
cooperación de las autoridades holandesas. Se estima que la
organización desmantelada, dedicada a la comisión de delitos contra
la propiedad intelectual, habría generado en ocho meses unos
ingresos fraudulentos superiores a 70.000 euros y un perjuicio a las
operadoras de televisión durante el mismo periodo de más de
1.000.000 de euros.
Denuncia
de la Liga de Fútbol Profesional
En
mayo de 2016 la Liga de Fútbol Profesional de España interpuso una
denuncia contra el responsable de una empresa radicada en Torrent
(Valencia) por la comisión de un delito contra la propiedad
intelectual y defraudación en las telecomunicaciones. Tras recibir
esta información los agentes iniciaron una investigación sobre la
persona denunciada, que les permitió comprobar que ofertaba a sus
clientes un “suplemento” al contrato de telefonía, Internet y
televisión, que incluía el acceso sin autorización a diferentes
canales de pago, entre los que se encontraban aquellos de los que es
titular la Liga de Fútbol Profesional.
Los
investigadores también comprobaron que la empresa gozaba de gran
prestigio y popularidad en la zona gracias a los “servicios extra”
que prestaba, contando por ello con una amplia clientela, entre la
que figuraban gran parte de los establecimientos de hostelería de la
ciudad, además de numerosos particulares.
Con
la finalidad de impedir la continuación de esta actividad ilícita,
se llevó a cabo una entrada y registro en la sede social de la
empresa y en un domicilio vinculado a la mercantil. En el primer
lugar se halló numerosa documentación relativa a clientes y datos
económicos asociados, y en el segundo se descubrió una “granja”
de servidores destinada a decodificar la señal que posteriormente
distribuían a los asociados. Una vez finalizados los registros se
procedió a la detención del responsable de la mercantil.
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