Momento del discurso de apertura Excmos. e Ilmas. Autoridades.
Un año más comparezco ante ustedes, los máximos representantes de los ciudadanos y las instituciones, para compartir unas reflexiones sobre la situación de la justicia en el ámbito de nuestra Comunidad.
La difícil situación en que se hallan nuestros órganos judiciales es bien conocida por todos. Los datos estadísticos pormenorizados se encuentran en la memoria anual del Tribunal Superior presentada antes del verano y, además, han sido expuestos con detalle por quienes me han precedido en el uso de la palabra. Por tanto, solo quiero poner de relieve un dato global.
En el año 2015 han ingresado en los Juzgados y Tribunales de la Comunidad, en todos los órdenes jurisdiccionales, prácticamente un millón de asuntos. También, en ese mismo periodo, se ha puesto fin a casi un millón de asuntos. Importa resaltar entonces que se han resuelto unos 25.000 asuntos más de los que han entrado. No se trata, es cierto, de un número significativo. Sin embargo, sí lo es para el inicio de un cambio de tendencia de lo que venía sucediendo hasta ahora.
Pese a ello, la pendencia sigue siendo elevada. La realidad de nuestra Justicia no es muy diferente de la que describía en anteriores discursos: sobrecarga de trabajo, escasez de medios, modelo organizativo inadecuado… En suma, una justicia que intenta salir adelante, a trancas y barrancas, gracias al voluntarismo, al empeño, de magistrados, jueces y funcionarios de todas las categorías que desarrollan un esfuerzo muy superior al lógicamente exigible.
También, pues, como todos los años estoy moralmente obligada a solicitar de las Administraciones Públicas el apoyo y soporte imprescindible para mejorar la difícil situación de nuestros juzgados y tribunales.
El ideal de una justicia eficaz, rápida y jurídicamente fundada es una exigencia del Estado de Derecho y a la vez un derecho irrenunciable de todos y cada uno de nuestros conciudadanos.
Pero también una justicia ágil y bien organizada es una palanca de progreso, de activación económica, de desarrollo y en este contexto, no se olvide, constituye un incentivo para toda clase de inversiones que pueden generar bienestar social.
Señalaba Beceña en 1.928 que de la perfección del sistema judicial depende que la ordenación jurídica que nos rige sea una realidad o una ilusión. Y añadía, la esperanza de conseguirlo y disfrutarlo engrandece sin duda legítimos deseos de renovación y mejora por cualquier medio eficaz.
Esta presidencia no ha dejado de aspirar a un funcionamiento óptimo del sistema judicial. Precisamente desde la realidad y no desde la ficción, se ha prestado especial atención a cada una de las jurisdicciones: social, civil –mercantil incluida-, penal y, claro es, contencioso-administrativa.
En relación con la jurisdicción social, todos los juzgados han sido reforzados con jueces de apoyo, siguiendo las observaciones del Servicio de Inspección del C.G.P.J. Debe destacarse que a la ingente carga de trabajo que ya recaía sobre estos juzgados, se han añadido nuevas materias, como consecuencia de recientes reformas legislativas.
Igualmente los juzgados mercantiles, que superan ampliamente los indicadores del Consejo, han sido objeto de refuerzo.
Y en el ámbito de estos órganos quiero destacar el excelente trabajo realizado por los Juzgados de Marca de la Unión Europea con sede en Alicante, así como el esfuerzo de la Sección 8 de dicha ciudad que conoce de los importantes y complejos recursos que se interponen en esta materia. La labor de estos juzgados especializados es altamente valorada en Europa y de ello todos debemos congratularnos.
Ni que decir tiene que el resto de la jurisdicción civil ha experimentado un incremento muy importante de asuntos. Entre otras razones, por la avalancha de demandas interpuestas sobre preferentes y otros productos bancarios complejos. También aquí se han destinado apoyos a determinados juzgados o poblaciones especialmente sobrecargadas. Desde 2013 en los juzgados de Primera Instancia de Valencia han conocido de unas 20.000 demandas de estos procedimientos. Se arbitraron medidas de refuerzo consistentes en 6 magistrados y a día de hoy quedan pendientes unas 4.300 que serán concluidas en poco meses.
Mi sincero agradecimiento a todos los que han hecho posible la pronta resolución de estos procedimientos sin resultar afectados el resto de asuntos de los juzgados.
La nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria que ha llevado a cabo la desjudicialización de determinadas materias es de esperar que reduzca, aunque sea limitadamente, el número de asuntos que inunda los juzgados civiles.
En lo que atañe a la jurisdicción penal, interesa destacar que, además de afrontar los asuntos ordinarios, ha tenido que asumir numerosas causas de corrupción de especial complejidad. En este territorio existen en estos momentos alrededor de 237 causas estas características.
Por ello y en la medida de lo posible, se ha intentado destinar apoyos a los juzgados que conocen asuntos especialmente complejos o voluminosos. Y se ha intentado con un doble objetivo: agilizar tales procesos y, al mismo tiempo, evitar que se resienta la tramitación de los asuntos ordinarios.
Pese a lo indicado, la situación de los juzgados penales de Castellón, Alicante, Gandía y Torrevieja sigue siendo altamente preocupante. Con todo, el plan de urgencia previsto y aprobado de juzgados bis en estas poblaciones, junto con los Servicios Comunes de Ejecución Penal, proyectados para los primeros meses del año próximo, hacen prever que pueda reconducirse tanto el enjuiciamiento como la ejecución a plazos más razonables.
En el orden contencioso-administrativo, también el número de asuntos es ingente, pero podemos felicitarnos porque se va regularizando la tramitación de los procedimientos. Y al respecto conviene destacar la importante reducción de asuntos en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche, así como en la Sección 3 de la Sala de lo Contencioso.
Por último quiero referirme a los juzgados especializados en incapacidades e internamientos que están realizando un valioso servicio en beneficio de aquel sector de la población más indefensa: los ancianos, cada vez más numerosos, y las personas con capacidad judicialmente modificada.
En esta materia, quizá, sería conveniente el establecimiento de juzgados comarcales especializados y asistidos de profesionales para la mejor protección y garantía de estas personas especialmente vulnerables.
Somos conscientes de la difícil situación económica que atraviesa España y por ello no sólo reclamamos las dotaciones materiales necesarias, sino también desde la Administración de Justicia estamos estudiando críticamente nuestro modelo organizativo y funcional para optimizar así los limitados recursos disponibles. El desarrollo de la oficina judicial, la potenciación de Servicios Comunes y la idea de posibles tribunales de instancia pueden ser fórmulas que caminarían en esa dirección.
Mientras tanto, desde esta presidencia se ha intentado y se seguirá intentando optimizar la gestión de los recursos humanos y materiales que se disponen. Pero justo es que en este acto la Presidenta del T.S.J. manifieste su admiración, respeto y agradecimiento a todos los jueces y magistrados del territorio así como al personal colaborador.
El esfuerzo realizado es muy grande. Y de justicia es reconocerlo y darle visibilidad para que sea conocido por todos ustedes, por los ciudadanos en general.
Para el C.G.P.J. y en consecuencia también para esta presidencia, es fundamental transmitir a todos nuestros conciudadanos la credibilidad de nuestro sistema judicial y dicha credibilidad debe fundarse, entre otras garantías, en la independencia de los jueces y, cómo no, en un criterio de transparencia.
Independencia significa sometimiento a la ley y sólo a la ley.
Y no es necesario recordar: Que el juez no sólo tiene que ser efectivamente independiente sino que además debe ser percibido por los ciudadanos como tal.
Solo si hay independencia se puede exigir responsabilidad.
Pero esa independencia implica muchas veces soledad.
Lo advirtió Calamandrei: “el drama del juez es la soledad; porque él, que para juzgar debe estar libre de afectos humanos y colocado en un escalón más alto que sus semejantes, difícilmente encuentra la amistad y si la ve que se avecina, tiene el deber de esquivarla con desconfianza, pues puede suceder que tal pretendida amistad sea solicitada con la esperanza de sus favores y pueda ser interpretada por otros como una traición a su imparcialidad”.
En ocasiones, pues, los jueces y magistrados nos vemos obligados a marcar determinadas distancias. Pero quiero destacar que esas distancias no deben interpretarse como soberbia o superioridad, sino simplemente como muestra de respeto a la noble función que tratamos de desempeñar.
También para esta presidencia es fundamental la transparencia.
Que los ciudadanos sepan lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos.
Y para que esta transparencia se haga efectiva es decisiva la intervención de los medios de comunicación. Por eso, no quiero dejar de agradecer en este acto la responsabilidad, rigor y seriedad con la que nuestros medios de comunicación transmiten a los ciudadanos las noticias relacionadas con el ámbito judicial.
Pero la Justicia también está sometida a la crítica de los ciudadanos. Y en este sentido soy consciente no solo de su carácter fundamentalmente técnico, sino de la necesidad de realizar esfuerzos de pedagogía para que se pueda opinar sobre ella de forma fundada y responsable. Nos esforzamos en este aspecto.
Escribía Manuel Azaña en sus memorias, en su característico estilo cáustico, que si sólo opinaran de determinados temas las personas que realmente los dominan, se produciría un espectacular silencio. Ojalá ese reproche no pueda hacerse nunca a cuantos opinan sobre problemas judiciales.
Y termino.
Este discurso de apertura del año judicial quiero cerrarlo con un mensaje de gratitud y de esperanza.
Gratitud para todos los que desde ámbitos distintos pelean por una justicia mejor.
Y esperanza de que los responsables políticos, las instituciones y los ciudadanos sigan empeñados en realizar cuanto sea necesario para que los españoles y los valencianos tengan algún día, por fin, la Administración de Justicia que se merecen.
Hace no mucho tiempo leí otro discurso, sin firma y sin fecha de impresión, que provenía de un momento difícil de nuestra historia: primeros del siglo diecinueve. Me permitirá ese autor anónimo que finalice haciendo mías sus palabras:
“Vivamos en la firme inteligencia de que no podemos ser vencidos sino por nosotros mismos. Nuestros vicios solamente pueden impedirnos el recobrar nuestra libertad y hacérnosla perder aún después de haberla logrado. Permanezcamos pues siempre ajenos a ellos. Siendo así nada tendremos que temer. La justicia tampoco”.
Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia, por su atención, y por su probada colaboración.
Queda abierto el año judicial 2016-2017. Se levanta la sesión.
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